Afirma el sociólogo Salvador Cardús que con el juicio al independentismo catalán el Tribunal Supremo está cavando la tumba del Estado español. Su propia tumba. Y no tanto por el exceso de represión que vaya a demostrar; sino precisamente por lo contrario; por la extrema debilidad que muestra al esconderse bajo las togas de los magistrados a causa de la ineptitud del resto de instituciones.

No es una reflexión baladí. La paradoja, y a veces el disparate, se amontonan en la crónica de este proceso independentista que hace tambalear las estructuras del Estado hispano. En torno a esta causa se está escribiendo mucho, tanto por la dimensión histórica del proceso independentista que se pretende enterrar, como por la torpeza que el poder ha demostrado a lo largo del mismo, entre cepillados, piolines, demandas de extradición, baile de togas y discursos rancios.

Por citar un ejemplo, el periodista Juan López Alegre escribe en Economía Digital ("Juicio a España") que «El juicio es la traca final de un proceso de reescritura de la historia que el independentismo puso en marcha en noviembre de 2017». Más adelante, el mismo autor añade: »El juicio no está analizando si hubo rebelión o sedición. La sentencia, el separatismo ya la tiene dictada: nadie tiene derecho a juzgarles porque su derecho a la autodeterminación emana del más allá como de allí venía el poder del Rey Sol en la Francia prerrevolucionaria».

Este comentario, representativo de un sentir colectivo que se manifiesta de uno u otro modo, nos ofrece dos claves centrales que están en juego. Por un lado, para los españoles, más grave que la secuencia de los hechos en sí es el derrumbe del relato hispano. La «reescritura de la historia». Lo que está en juicio es la relación Cataluña-España. Se hace evidente, ante la escena internacional pero también ante los propios sujetos peninsulares, tan resignados a formas corruptas de dominación y gobierno, que ya no se sostiene la unidad de destino en lo universal, que ni catalanes ni vascos se ven en este engendro, y que tal «destino» nunca fue otra cosa que el invado, ordeno y mando del duque o mariscal de turno. En esta quiebra del relato nacional se hunde el imperio, la monarquía, la democracia, la Transición y todo lo que quedara atado y bien atado.

Relato, por cierto, que no es de hoy. Como decía Quevedo, El catalán es la criatura más triste y miserable que diós crió y que son los catalanes el ladrón de tres manos. Quevedo murió en 1640, año en que comenzó la Guerra de Els Segadors; el desencuentro viene de lejos.

Más aun, en el segundo apunte tenemos la madre del cordero. Es decir, que el Derecho de Autodeterminación que aquí se juzga es para la cultura política española un invento del demonio. Satanás. El vade retro. Y que nos salve la Santa Inquisición. Un enunciado premoderno que viene de la esfera de autoridad de una realeza que acabó con el cuello rebanado. ¡Hay que ser cazurro! Que el derecho más básico de la legislación internacional y que está en la solución de tantos conflictos coloniales se vea como un concepto caprichoso, absolutista, monárquico, nos da la medida de la altura de la democracia española que defienden jueces, periodistas y gobiernos.

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 1, párrafo 1 se reconoce: todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural (1966, ONU).

Se puede, pues, afirmar, que el derecho a la libre determinación es el primero, es el soporte de los derechos humanos, ya que garantiza la existencia de los mismos. En efecto, quien otorga la ciudadanía es el Estado –quien no pertenece a un Estado no tiene derechos–, y por ello el derecho a un Estado propio es el fundamento del resto.

En resumen, en este juicio farsa contra el derecho de autodeterminación, en realidad a quien se está juzgando es al pueblo de Cataluña, al conjunto de los ciudadanos que han osado enfrentarse de modo pacífico a un Estado supremacista y xenófobo. Todas estas circunstancias concurren para que podamos considerar que en este juicio el auténtico delincuente es el Estado español, en permanente acto de prevaricación.

Con estas líneas queremos manifestar, desde otro pueblo sometido al mismo Estado durante siglos, nuestro apoyo y solidaridad a la sociedad catalana y sus presos políticos, y desearles el triunfo político –el ejercicio del derecho de autodeterminación y la independencia– en el plazo más breve posible.