... es como morir en vida o condenarse a enfermar de por vida... ¿es eso vivir?

De la cruda realidad del problema habitacional en España y muy en particular en la CAPV, el Gobierno Vasco como medios de comunicación, solo enseñan la puntita de la parte depauperada de un tejido social que emocional, relacional y económicamente sufre las consecuencias de la burbuja y déficit de oferta de alquiler de vivienda social para un sector de ciudadanos vascos que les resulta inasequible el precio de un mercado libre que se maneja por el aldunak alduna.

Tanto para buscar solución a ese déficit, como para asegurarse asímismo unos ingresos fiscales adicionales a costa de quienes ofrezcan su segunda o tercera vivienda al alquiler vacacional, el Gobierno Vasco se ha empleado con muchísimo celo en redactar decretos y aplicarnos un reglamento con unas exigencias (en ambos casos a los ciudadanos), que si se lo aplicaran así mismo en solo la mitad, la oferta de alquiler social hacía años estaría resuelta a niveles de países europeos de igual riqueza... pero seguimos en la cola.

Tenemos un gran problema social pero pequeño nivel de concienciación, pues su gravedad tiene poco alcance, ya que también en este tema se da un gran déficit informativo. También saben que medir es comparar una cosa con otra que se toma como unidad, pero se esfuerzan en no aplicar ni publicar el patrón de comparación en los medios proclives a la desinformación (Vocento, Grupo Noticias).

Según Eurostat, España junto a Rumanía, Estonia y Grecia, supera el índice de sobreesfuerzo 40/40 para los inquilinos, pues el 43,3% de los arrendatarios destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, cuando la media europea es 27%, y en Francia y Alemania es tan solo el 14,9% y el 22,8% respectivamente, siendo además que en ambos países los gobiernos están preocupados porque creen que el porcentaje es alto... ¿que decir en la CAPV?

A pesar del dato, en Berlin y otras 20 ciudades como Frankfurt, Stuttgart, Dresde, etc. el primer fin de semana de abril se han dado grandes movilizaciones de protesta por las subidas de precio del alquiler en el mercado libre en Alemania; también en muchos otros países de la UE bajo la iniciativa: Housing for all (Vivienda para todas)... ¿y en España?: a vivir que son dos días.

El problema habitacional es el que mas puntos otorga a nuestro país a la hora de sumar para encabezar la lista europea del ranking de los paraisos de la desigualdad social. También el problema habitacional por especulación con la vivienda ha sido el mayor quebranto causado a las arcas públicas (golpismo económico de 77.000 millones) por el dinero público no recuperado (60.000 millones) y empleado en rescatar a una banca endeudada con la banca alemana, derivado del estallido de la burbuja inmobiliaria y endeudamiento de promotoras y constructoras parcialmente «amnistiadas» a costa y cargo de sufridos hipotecados desahuciados y avalistas, aún hoy perseguidos a muerte en vida... por los buitres de la banca española y sus amparos institucionales.

Otro motivo de esas grandes movilizaciones convocadas en Alemania por mas de 260 grupos y asociaciones ciudadanas fue que la subida media del alquiler en 2018 fue el 11%. En España con un poder de compra y adquisitivo habitacional infinitamente menor, fue el 18%... y no se mueve ni una hoja.

Siendo que de nuevo «engorda» la burbuja de la vivienda (esta vez de alquiler) el único salvavidas de supervivencia habitacional ante esta nueva infamia democrática, es la vivienda de alquiler social a cargo de los presupuestos del gobierno, mejorados con una mayor progresividad fiscal. Nunca como pretende el Gobierno Vasco, cargando el «muerto» a la ciudadanía, en base a gravar hasta expropiar pisos vacios, obviando lo que nos dice el patrón de medida en la UE: «España es uno de los países de la UE con el porcentaje de vivienda social más bajo: un 1,1% frente al 32% de Holanda; 23% de Austria; 18% del Reino Unido; 17% de Francia». Señor Urkullu, ¿cual es la media de la UE y cuantos pisos de alquiler social por cada 1.000 habitantes hay en la CAPV? ¿cuantos metros cuadrados per cápita?

En España la vivienda (como el trabajo y las pensiones dignas) es un derecho constitucional, pero al no existir una ley estatal de vivienda que recoja ese derecho, la solución está hipotecada y todo son parcheos coyunturales, basados en leyes hipotecarias, antidesahucios, buenas prácticas bancarias, etc. que no se cumplen porque gobiernos de turno y magistrados nombrados a medida, aplican su celo judicial y político con criterios elitistas de casta y clase, siendo implacablemente unidireccional para la masa y para la cada vez mas mermada clase media, que atendida en sus demandas harían crecer el consumo interior como pilar fundamental de una economía sana e inteligente.

Junto al de la vivienda, otro gran «roto» del vestido social es el del índice de trabajadores en vías de empobrecimiento debido al desfase provocado por la precariedad salarial por una parte e incremento del costo de productos de primera necesidad (las subidas del IPC global falsean esta realidad) como la vivienda por otra. Para este capítulo el patrón de medida dice que estamos en cabeza con el 13,1% junto a Rumanía y Grecia, siendo la media UE el 9,6%.

En el resumen decir que, los gobiernos no hacen por reducir la brecha social, la oposición (Podemos, EH Bildu, ERC..), ni están, ni se les espera, y los medios de comunicación siguen siendo la gran canalla que, si no lo hacen posible, si al menos posibilitan a que como dice la directora de la Agencia de la Salut Pública de Barcelona, Lucía Artrazcoz: «Si los ciudadanos no son conscientes de que porqué se ha llegado a esto. Si son conscientes de que están fatal».

Salarios bajos (pensiones precarias a futuro) y elevado costo habitacional; un diabólico binomio impuesto por la patronal, ante la debilidad de gobiernos serviles a ese poder económico y una oposición desfigurada por su falta de radicalidad, que en el malvivir de cada vez mayor sector ciudadano y el silencio de los medios, arruinan la salud del país y las arcas de la Seguridad Social por el gasto provocado por enfermedades (evitables) asociadas a la pobreza.

En la España democrática vivimos la dictadura del sistema parlamentario y el desempoderamiento ciudadano, por los escasos cauces y hábito democrático para ILPs y consultas ciudadanas debido al acomodo parlamentario de partidos de la oposición y complicidades económicas de los sindicatos mayoritarios.

Ya que ni los mencionados como tampoco los medios están por la labor, para ir terminando con el tema inicial, procede completar el patrón de comparación europeo de nuestro «vestido» nacional (esta vez de descosidos sociopolíticos), volviendo a las movilizaciones sociales en Alemania. En Viena el 65% de las viviendas de alquiler son del ayuntamiento; en Berlín el 86% de las personas viven de alquiler, pero al querer privatizar su ayuntamiento la enorme cantidad de viviendas públicas de alquiler social que dispone, los ciudadanos responden con taza y media recogiendo firmas para forzar un referéndum: «socialización del suelo y tierra» (lo contrario que Aznar en 2004...hoy estos lodos). Con tan solo 20.000 firmas válidas recogidas en seis meses, el gobierno registraría la propuesta de plebiscito, a votar si las 240.000 casas del sector especulativo pasan a ser públicas al expropiarlas a precios muy por debajo al del mercado, para sacarlas al alquiler social (lo contrario que Ana Botella). Para ejercer el derecho a sacar las urnas, se exige tan solo conseguir en cuatro meses la firma del 7% de los berlineses con derecho a voto. El resultado es vinculante ya que es equiparable a una decisión mayoritaria del Parlamento regional de Berlín, en el que el Gobierno estaría obligado a elaborar un proyecto de ley para ejecutar las expropiaciones, siempre que en la consulta hayan participado como mínimo el 25% de los ciudadanos de Berlin con derecho a sufragio... ¡qué diferentes formas de entender la democracia y de ejercer el empoderamiento ciudadano!

El Gobierno del lehendakari Urkullu, ha arrancado un minilote de transferencias pendientes desde el kit-78; transferencias de »cosas»... una vez más. En 2011 el ayuntamiento de Usurbil no pudo celebrar un referéndum sobre basuras porque no tenía competencias, ni la Diputación, ni el Gobierno Vasco. En 2016 lo propio con el ayuntamiento de Legorreta y en 2018 tampoco sobre los toros en Donosti. Competencias hace 40 años... aún exclusivas del Reyno de España.

¿Cuando el Gobierno Vasco va a recuperar su posición de dignidad como el catalán, desde la legitimidad histórica y constitucional que le asiste, para exigir transferencias que contengan más democracia como el derecho a decidir, y así empoderar a una ciudadanía, que sufrió el saqueo de derechos democráticos arrebatados con el golpe militar-eclesial a la Segunda República?

¿Acaso EH Bildu como partido de izquierda social, ante semejante degradación no debe priorizar la lucha por la soberanía económica, habitacional, alimentaria... para familias y pisos, por encima de la nacional desde la «azotea»? ¿Acaso los partidos de la izquierda social global, ante los atropellos institucionales y «enterramientos» de la memoria política y económica en estos 80 años, no deberían estar exigiendo en el Parlamento una auditoría sobre el uso y destino (una vez deducidas las prestaciones) de los fondos sobrantes por aportaciones a la Seguridad Social de las cotizaciones obreras en los últimos 40 años?

Tengan claro esos partidos, que este fue el primero y el «rescate» a la banca –también con parte de estos fondos– el segundo gran saqueo por parte de los diferentes gobiernos, con la complicidad expresa del resto de partidos de gobiernos territoriales y el «despiste» aún hoy de una oposición que no ejerce como tal, en un país donde los que gobiernan aún esconden nuestros muertos.