Desde hace años, el sistema público de salud de Euskal Herria y Europa se está desmantelando. Derivaciones y conciertos, gasto farmacéutico, escasa cobertura bucodental, mental y laboral, limitados cuidados paliativos, insuficientes presupuestos en Atención Primaria, etc. Ahora se suma la propuesta de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva de las organizaciones empresariales y sindicales mayoritarias del Estado. Con la coartada de largas listas de espera y supuesto elevado absentismo laboral, se impulsa la atención sanitaria de los daños osteomusculares, de origen común de todas las y los trabajadores, asalariados y autónomos, por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (mutuas en adelante). Las pruebas diagnósticas y tratamientos serán facturados al sistema público. Así se constituyen dos sistemas sanitarios, uno con todos los recursos para acelerar el alta médico-laboral de la población activa y otro descapitalizado para el resto de la población.

El Estado español es el único en la Unión Europea en el que mutuas empresariales atienden los daños derivados de las malas condiciones de empleo y trabajo establecidas por el propio empresariado. Mutuas y empresariado que dicen estar preocupados por los daños osteomusculares, pero no plantean actuación alguna para reducir los riesgos ergonómicos en el trabajo.

Las mutuas prometen a las y los trabajadores una atención preferente. Curioso. Las mutuas deciden si un daño proviene o no del trabajo. Sabemos de su negativa al reconocimiento del origen laboral de múltiples lesiones y patologías, su sistemática minimización de la gravedad de los accidentes de trabajo, su persecución cuando caemos de baja común, de la falta de derechos sanitarios en su atención, su desentendimiento ante secuelas y complicaciones, sus tratamientos de choque para acelerar el alta.

Las mutuas dicen ser más efectivas que el sistema público de salud en el control de las bajas comunes. Falso. Menos del 15% de sus propuestas de alta tiene justificación clínica. Dicen que la duración de las bajas de accidentes de trabajo es menor que por contingencia común. Trampa. Comparan poblaciones y procesos no comparables. Dicen ofertar sus recursos para reducir listas de espera. Incierto. más del 20% de las atenciones las derivan fraudulentamente a la sanidad privada mercantil.

Las mutuas, entidades empresariales privadas sin ánimo de lucro, dicen ahorrar dinero público. Ocultan que un tercio de las mismas están en litigios por supuestos fraudes a la Seguridad Social, que seis de sus directivos cobraban más de 200.000 euros anuales y otros doce más de 100.000 hace poco. En 2009 el Tribunal de Cuentas decía que sus irregularidades son «un mal general» por falta de control, pagos indebidos, ofertas promocionales con costes no asumibles por la Seguridad Social, facturaciones duplicadas, dietas indebidas, indemnizaciones millonarias por autodespido y cesiones ilegales de mano de obra. No demuestran una particular excelencia en gestión. La autoconcesión de prebendas y despilfarros con cargo a las cotizaciones de naturaleza pública les definen.

Volviendo a los planes de AMAT, las mutuas pretenden acceder a la historia clínica del sistema público de salud, lo que ya hace Mutualia gracias al gobierno PNV/PSE, eso sí, tras consentimiento del trabajador. Decidir aceptar o rechazar una propuesta de prueba diagnóstica o tratamiento realizado por una mutua nunca es libre para el trabajador. Es conocida la frecuente amenaza de alta en caso de negativa a seguir sus propuestas.

¿Estos planes cómo van a repercutir al resto de la población? Descapitalizándolo, ya que van a cobrar al sistema público sus actuaciones, detrayéndole recursos humanos y burocratizándolo al exigir a Atención Primaria e Inspección Médica informes permanentes que justifiquen la baja del trabajador. La estrategia de patronal y mutuas, con la inestimable colaboración de Seguridad Social, CCOO y UGT, poco tiene que ver con la salud de las y los trabajadores y nada con atender las necesidades de salud del resto de la población. En realidad, se pretende un salto espectacular en la estrategia de privatización del sistema sanitario público en beneficio del negocio privado.

Por todo lo anterior, al objeto de debilitar las mutuas empresariales nos comprometemos a impulsar que las empresas concierten la atención a las contingencias profesionales con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Así, los daños derivados del trabajo serán atendidos por Osakidetza y Osasunbidea. Y a solicitar la constitución e inclusión de todas las y los trabajadores de la función pública en sendas autoaseguradoras colaboradoras con Seguridad Social a efecto de que sus contingencias profesionales sean atendidas por el sistema sanitario público.

También exigimos a los gobiernos de la CAV y Navarra el rechazo a la propuesta de de AMAT y del capítulo VII del V-AENC. Y al gobierno estatal, que sea el sistema público de salud el que atienda sanitariamente a las y los trabajadores de las administraciones públicas por contingencia laboral y común y que se aplique la disposición final tercera de la Ley General de Sanidad que prevé la publificación de las mutuas.

De esta manera, nuestras cotizaciones a Seguridad Social e impuestos dejarán de ir a la sanidad privada yendo al sistema sanitario público, Servicio Vasco de Salud-Osakidetza y Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.