El derecho a decidir en Cataluña y Podemos
Como miembros de Podemos, llamamos a defender el derecho a decidir sin concesiones y a ser cautos con el alcance de los pactos con el PSOE, sin negarnos a colaboraciones en asuntos concretos.
La convocatoria del referéndum del 1-O se ha traducido en una agudización del enfrentamiento entre el Gobierno del PP y la Generalitat. La postura chovinista española y poco dialogante del PP respaldado cor C's, es el principal responsable de la crispación y el bloqueo de la situación. Pero también el PSOE tiene un responsabilidad por su falta de respaldo al derecho a decidir de los catalanes. Sus propuestas solo constituyen una reafirmación del estado de las autonomías con otro vocabulario («naciones culturales») y una apuesta por una reforma constitucional limitada sin un verdadero proceso constituyente.
Antes de comentar las posiciones de Unidos Podemos, para evitar malentendidos, queremos aclarar que no subscribimos la estrategia del bloque independentista (Junts pel Sí y la CUP), una estrategia que debilita las posibles y necesarias alianzas para defender los derechos nacionales del pueblo catalán. La principal debilidad del «Procés» estriba en su incapacidad para ensanchar su base social por «abajo». Muchos sectores de las clases trabajadoras, especialmente en el cinturón de Barcelona, ven con frialdad o como mucho con tibieza esta senda hacia la independencia. Pensamos que el «etapismo» del independentismo catalán, que da prioridad a la constitución de un estado propio no ligado a un modelo social y económico igualitario, ha contribuido decisivamente a ello. Se ha preferido una «transversalidad» que priorizaba la unidad con la derecha catalana a una orientación hacia los sectores populares en base a exigir un «Estado propio» pero también un «País diferente». Tampoco se han realizado suficientes esfuerzos para conseguir un acuerdo entre independentistas y federalistas partidarios del derecho a decidir. Eso ha facilitado el relativo desentendimiento de fuerzas como Unidos Podemos o Cataluña en Común. Pero aquí la responsabilidad es de ambos lados.
Porque la dirección de Podemos ha adoptado una actitud de cierto desentendimiento y distancia. De hecho, en ocasiones ha parecido que limitaba el horizonte de las posibilidades de elección a la solución federalista, descartando de antemano la independencia. Otro aspecto criticable de la postura de la dirección de Podemos ha sido su exigencia de un referéndum pactado cuando no existe una perspectiva a corto-medio plazo de poder articular una mayoría política en el Congreso de los Diputados dispuesta a una solución democrática del «problema Catalán». No se puede condicionar un derecho, el de decidir de los catalanes, a la consecución de una mayoría en el Parlamento que en el Estado represente a las fuerzas favorables a ese derecho, ya que equivale a negar que sea un «derecho». Finalmente se deslegitima el referéndum como mecanismo de decisión y se le reduce a una movilización testimonial. Se olvida que en las actuales circunstancias de bloqueo desde poder central, aparece como el único posible. Recordamos que la jurisprudencia internacional no prohíbe el derecho a la separación siempre que se cumplan unas condiciones: el no uso de la fuerza, la constatación de que la búsqueda de un arreglo negociado está agotada y un procedimiento democrático que demuestre la existencia de una mayoría de la población a favor.
En suma, nos parece que la dirección de Podemos esta llevando a cabo un abandono sutil de una de sus señas de identidad: el derecho a decidir, un abandono que puede estar condicionado por su voluntad entenderse con el PSOE en clave de coalición de gobierno. El derecho a decidir no «cabe» en una alianza con un partido en estos momentos defensor del estado «autonómico». Por lo tanto, como miembros de Podemos, llamamos a defender el derecho a decidir sin concesiones y a ser cautos con el alcance de los pactos con el PSOE, sin negarnos a colaboraciones en asuntos concretos. Finalmente pensamos que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en que el 1-O constituya una nueva impugnación de un régimen y un gobierno corruptos y que sirva para abrir posibilidades de un verdadero proceso constituyente en todos los pueblos del Estado.