El Gobierno de coalición PSOE-UP ha cambiado la defensa del derecho internacional por el apoyo a la fuerza y a los hechos consumados consiguientes. Nos referimos al Sahara, territorio pendiente de descolonización y que su población originaria debe decidir en referéndum su destino político.


Marruecos invadió el Sáhara y, en un primer momento, se lo dividió con Mauritania. La población saharaui luchó por su independencia tanto con la potencia administradora, España, como posteriormente contra Marruecos y Mauritania.

Mauritania se retiró y su vacío fue cubierto por Marruecos, cuyo gobernante real nunca ha pasado por las urnas.

Los combates que se sucedieron desde 1975 entre Marruecos y el Frente Polisario. Se pararon y se llegó a un acuerdo, refrendado internacionalmente, para celebrar un referéndum donde la población saharaui y otros posibles inscritos en territorio saharaui pudieran elegir su futuro.

Ese es el acuerdo refrendado internacionalmente en 1991. Existe un operativo de las Naciones Unidas, Minurso, encargado de supervisar el alto el fuego y propiciar el referéndum.

Desde esa fecha, sin extender las misiones de Minurso a la vigilancia al respeto de los derechos humanos por imperativo entre otros de Francia (y la complicidad de otros países, entre ellos el conjunto de la Unión Europea), Marruecos se ha retractado de su inicial acuerdo para celebrar el referéndum, ha puesto impedimentos varios y, finalmente, en 2007 anunció una nueva propuesta de que la «provincia» saharaui tuviera un estatuto de una autonomía. La palabra autonomía, cogida del vocabulario político español, nunca ha tenido ninguna concreción, solo es una argucia para rechazar el referéndum e intentar camuflar su acción invasora inicial y dar un tinte propositivo a su vulgar acción de conquista.

España y la mayoría de los países se han fosilizado en pedir el respeto al derecho de autodeterminación de la población saharaui, pero sin incidir en el respeto al derecho internacional y la ejecución del referéndum. Al contrario, los países de la Unión Europea (incluyendo al Reino Unido en su día) han hecho acuerdos de comercio, pesca y otros con un Marruecos que incluía al Sáhara Occidental. El Frente Polisario, reconocido representante del pueblo saharaui ha llevado al Tribunal Europeo de Justicia esos acuerdos o tratados y siempre, de acuerdo al derecho internacional, ese Tribunal ha dado la razón al Frente Polisario. Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental y no puede negociar con la UE u otras potencias sobre la explotación de los recursos saharauis, aunque puedan beneficiar a algunas personas saharauis, si el representante de todos los saharauis, el Frente Polisario, no lo acuerda. La UE, España, han querido hacer trampas a sus propias normas. También, al derecho internacional. Vergonzoso.

Pero, ahora, se da por parte del Gobierno español un paso más, al admitir (y apoyar) la ley de la fuerza sobre el derecho internacional. El Gobierno PSOE-UP apoya los hechos consumados del invasor Marruecos.

¿Este es un gobierno que defiende el derecho internacional o la ley de la fuerza? Es una vergüenza. Este gobierno no nos representa.

Si el presidente ruso Putin invade Ucrania, Si Marruecos lo hace con el Sáhara, Israel a Palestina. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Es la ley de la fuerza y este Gobierno apoya a unos y no a otros en función de intereses espurios.