Vamos a ver si salimos de ese bosque en que nos han metido para que confundamos todos los árboles. Hay que aclarar de una vez qué entendemos por pueblo, por nación, por Estado, por ciudadanía, por independencia, por soberanía, por territorio. Incluso por Constitución. Todos estos conceptos han sido cínicamente amasados por los que disfrutan de un poder arrogante y excluyente hasta conseguir una pasta de la que ha salido un pan como unas tortas. Vivimos en plenitud un fascismo aceptado, que alcanza en primer término al lenguaje, que ha dejado de ser una responsable y respetada herramienta para comunicarnos y se ha convertido en una mortal trampa usada con absoluta indecencia. Con ese lenguaje en plena corrosión se están elaborando unas leyes que imponen lo escandalosamente circunstancial de acuerdo con una voluntad que distorsiona o destruye toda libertad de expresión y acción encaminada a la regeneración moral de la sociedad. El concepto de ciudadanía, por ejemplo, que en la revolución francesa tuvo un propósito elevador de la dignidad del hombre  oprimido por el absolutismo, está siendo utilizado para regresarlo a la indigna situación de súbdito; es decir, se está vaciando otra vez de alma al individuo que se había puesto en pie contra la tiranía. Casi tres siglos de esfuerzos dramáticos para elevar moralmente la existencia civil han sido triturados de modo acelerado en algo menos de setenta años.

Pero vayamos por partes. Por pueblo hemos de entender la básica masa social que habita un determinado territorio, esté constituída esa masa por habitantes vernáculos o por gentes añadidas a esa población históricamente inicial. Esa masa conforma la colectividad humana elemental en un momento dado y en el marco de una dinámica concreta. Se ha de advertir ya en principio que el pueblo constituye una realidad antropológica débil que solo en determinadas circunstancias de tensión histórica adquiere visibilidad y valor determinante. En los periodos políticamente inactivos en la calle ese pueblo vive de un modo inerte y el concepto de ciudadanía es empleado por los dirigentes autoritarios como revestimiento decorativo con que legitimar facialmente sus autocráticas acciones públicas.

Durante esas etapas de imposición del mando frente a la política democrática, habitualmente largas, el poder abusa de un repertorio verbal falsificado con el que pretende protegerse del desgaste que conlleva su despotismo. Por el contrario, en el actual periodo de crisis profunda el pueblo despierta, como sucede en Euskadi, para asumir la protesta restauradora.

Sigamos. Por nación se significa el conjunto de población arraigada, en plenitud de conciencia de sí misma, que da sentido original a un país como entidad singular. La nación es el espacio ideal en que se vive con  costumbres propias y se suceden comportamientos genuinos, donde se dan específicas expresiones, creencias e ideas colectivas y donde se plantean pretensiones fundamentales de un grupo humano definido por su historia y su territorio. Se podría hablar con Jung de un inconsciente colectivo.

Cuando se habla de nación hay que prestar mucha atención al territorio. La territorialidad no es un concepto inerte sino que conforma un vínculo vital determinante. Antxon Lafont Mendizabal se pregunta, en su sólida tesis “Sobre la ordenación del territorio”, cómo puede resultar inteligible y explicable la existencia de la solidaridad ciudadana –entendida como factor primero de la nacionalidad– «sin un territorio específico identificado». Y a continuación añade el siguiente interrogante, supongo que con la mente preocupada por la violenta postura unificadora española: «¿Cómo es posible esa identidad en un territorio cuya identidad es de diseño?». Verdaderamente ¿qué es lo español cuando trata de extenderse fuera de lo que realmente es España? Solamente queda el Estado como explicación espuria de la nacionalidad española ampliada a Euskal Herria o Catalunya. Lo que parece indiscutible es que nación y territorio interactúan para construir una realidad vital distinta y vigorosa frente a los «otros». Esta realidad se afinca en los siglos, lo que a su vez demanda una propia formulación de derechos y deberes del individuo en el nicho colectivo que le contiene y le explica. Cabe, pues, tras lo dicho, considerar la solidez de la pretensión soberana vasca respecto a su propia nacionalidad. Parece obvio concluir en este punto que la nación –que es territorio más expresiones vitales– no puede ser privada de su propia estructura de poder que exige consecuentemente una particular armazón jurídico-política que es el Estado si manejamos la institucionalidad actual. Negar la radical personalidad nacional vasca y su necesaria soberanía tras el análisis honrado de sus características materiales y espirituales constituye por su agresividad un delito histórico.

Finalmente apuntemos siquiera algo respecto a soberanía e independencia. En el juego insidioso con el lenguaje suelen hacerse homónimos ambos conceptos, evitando la aclaración de que la soberanía implica un dominio sobre lo interior e íntimo y la independencia se refiere a la radical personalidad frente a los «otros». Actos soberanos son posibles con el reconocimiento de una autonomía que supere el simple regionalismo, al que sea dicho quiere retornar el actual Gobierno de Madrid, seguramente con la intención de recentralizar sectores tan esenciales como el uso de la lengua, la educación, la sanidad y otros segmentos básicos que definen la vida colectiva de Euskadi. Hay un nacionalismo que vota por este tipo de soberanía que aleja la posibilidad de la independencia, en cuyo seno se declara a una nación en plena posesión de sí misma, en plenitud de jerarquía frente a las demás naciones. En el cupo, por ejemplo, hay un soberanismo dependiente, un unionismo pactado que se quiere justificar en nombre de la globalización, pero la independencia exige un nacionalismo en plenitud, esto es, real y transparente. Las potencias que dominan la Unión Europea aceptan sospechosamente los soberanismos limitados mientras se oponen de forma rotunda –considérese la postura alemana– a cualquier petición de independencia. Para una Euskadi con parte de su nacionalismo tornasoladamente soberanista es posible el apoyo de la derecha más dura, como el Partido Popular, que para practicar su caza al rececho trata de silenciar sectores decididamente fascistas como el que representa el ministro Sr. Wert con su peligrosa pretensión de españolizar Catalunya o Euskadi.

Todas estas maniobras para convertir en un calzador centralista el puro autonomismo nacionalista están protegidas por la Constitución de 1978, que garantiza la nacionalidad única, el territorio común, la lengua oficial y la educación con contenidos excluyentes de las naciones vasca o catalana. La resistencia tenaz al cambio de la Constitución –cambio justificable por el hecho de que las dos últimas generaciones de electores no intervinieron en la aceptación constitucional– se explica por el miedo de Madrid a que la nueva Carta Magna incorpore, en momentos tan críticos, conceptos de modernidad política. España no ha respirado nunca aires europeos, aunque estén viciados como los actuales. Lo que resulta dudosamente admisible en Europa parece gravemente sedicioso en una España que mantiene en la urna de cristal de sus intereses reaccionarios a los dirigentes tradicionales de las escandalosas regalías. ¿Entonces qué esperar de un nacionalismo que no sea independentista?