Recientemente, la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos ha presentado el informe que, bajo el título "El terrorismo desconocido. Atentados terroristas de extrema derecha en Navarra (1975-1985)", ha realizado el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid.

En primer lugar, es preciso preguntarse sobre las razones por las que la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos encarga este trabajo a la Universidad Carlos III de Madrid, en menoscabo de la propia Universidad Pública de Navarra que ha demostrado su capacidad para afrontar estudios de este tipo con total solvencia, y que, por añadidura, posee un mayor acercamiento y conocimiento de la realidad navarra.

El documento evalúa, como resumen en esos diez años, veintiséis atentados, tres personas asesinadas, ocho heridas, una desaparecida y un número imposible de cuantificar de personas amenazadas y daños materiales ocasionados. Sin embargo, si nos atenemos a lo reflejado en el libro "La guerra no declarada. Terrorismo de Estado en Euskal Herria", editado en el año 2014 por Euskal Memoria, en ese mismo periodo de tiempo se documentan con fechas, lugares, nombres y apellidos 78 atentados cometidos por grupos de extrema derecha en Nafarroa. Es decir, el triple de lo reflejado en el informe de la Universidad Carlos III. Y no se trata de agresiones de poca monta, sino que están perfectamente detalladas y contrastadas: atentados con bombas y explosivos, ametrallamientos, ataques con cócteles molotov, incendios provocados, palizas a cargos electos, violaciones...

Por otra parte, con posterioridad a la presentación del trabajo, se ha realizado una modificación por los propios investigadores consistente en suprimir del informe las referencias a determinadas siglas del listado de organizaciones de extrema derecha.

No tenemos nada en contra del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, pero nos parece que el documento carece del rigor que se supone debe tener todo trabajo de investigación, más incluso cuando se trata de un campo en el que existen estudios anteriores que aportan datos contrastados y que, en todo caso, deberían ser objeto de nuevas ampliaciones y aportaciones, nunca de reducciones como en el documento presentado. Esto no se habría producido si en el equipo investigador se hubieran incluido a investigadoras o investigadores que llevan tiempo trabajando la violencia de extrema derecha en Navarra.

Lo que nos lleva a interpelar directamente a la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos sobre los criterios bajo los que se ha realizado la contratación de este cuestionable trabajo con tan pobres resultados. Y, si es posible, conocer el precio abonado por un informe tan poco riguroso.

Otro de los aspectos en los que el informe no incide de forma directa, no aportando datos o investigación alguna, es el de las evidentes connivencias y complicidades que se daban entre los grupos de extrema derecha y los cuerpos policiales. Una de las consignas que se gritaban en la calle en las concentraciones y manifestaciones de protesta por aquellas acciones era: «De noche incontrolados, de día uniformados». Esta frase resumía perfectamente la percepción popular de quién estaba detrás de aquellos atentados.

A modo de ejemplo, se podría señalar que la sede de LKI en mayo de 1978 fue doblemente asaltada; primero por grupos de extrema derecha que dispararon a través de la puerta al interior de la sede, y a continuación por la Policía que detuvo a todas las personas que estaban dentro del local y habían sido objeto del ataque de la extrema derecha.

Tachar el ataque con armas de fuego en Montejurra como una acción de extrema derecha no hace sino ocultar que fue diseñado, organizado y financiado por personajes que ocupaban importantes cargos políticos y policiales, y que se cometió no un atentado de extrema derecha, sino un crimen de Estado ejecutado materialmente por mercenarios a su servicio.

A pesar de sus debilidades, el documento no puede dejar de constatar la inoperancia de la investigación y carencia de enjuiciamiento de la mayoría de las acciones atribuidas a la extrema derecha. Esto confirma la percepción existente sobre la tremenda impunidad que han gozado y siguen gozando estos crímenes y de la inanición de la justicia en todo lo referente a la vulneración de derechos humanos durante el franquismo y la transición.

Aunque el periodo abarcado por el estudio finaliza en el año 1985, no hay que olvidar que las acciones realizadas por grupos de extrema derecha contra personas y bienes en Navarra se suceden hasta nuestros días. Así, como meros ejemplos recordaremos que, en el año 1989, coincidiendo con el inicio de los Sanfermines, dos artefactos explosivos destrozaron sendos automóviles de un concejal y un exconcejal del Ayuntamiento de Iruñea, de Herri Batasuna; o las amenazas y ataques del grupo Falange y Tradición contra activistas y simbología de la memoria en el año 2009.

Sigue siendo necesario que la verdad sobre la represión, los crímenes de Estado y la tortura en Navarra sea incorporada desde las instituciones, y desde luego, este estudio contribuye muy poco a ello. Tener una visión amplia y veraz de nuestro inmediato pasado es un derecho que se debe a esta sociedad, como una parte esencial de la verdad que permita avanzar en la justicia, reparación y garantías de no repetición, a las que tenemos derecho para conseguir un presente y futuro en libertad y democracia.