Tres acontecimientos que han servido, en su medida modesta sin embargo, para hacer buena aquella frase atribuida a Galileo después de ser condenado por la Inquisición que seguía empeñada en demostrar que la Tierra no se movía porque era el centro del Universo. «Y sin embargo se mueve» (Eppur si muove) dicen que dijo Galileo.

La semana comenzó con la noticia ya avanzada pero confirmada de la presencia de todo el arco político de Ipar Euskal Herria en la convocatoria a favor de los presos vascos, entre ellos Jean-René Etchegaray y Michel Veunac, alcaldes de Baiona y Biarritz, franceses y de derechas, para nada abertzales, y tres diputados. ¿Se imaginan a Odón Elorza, Juan María Aburto y Javier Maroto en la manifestación de Bilbao pidiendo el respeto de los derechos humanos para los presos políticos vascos?

Deberían hacerlo para comprender la profundidad del compromiso de Baiona. Quienes no saben estar a la altura de las circunstancias políticas son aquellos precisamente que se enrocan en el bloqueo, en el sufrimiento. Aquellos que hacen de su alianza táctica y probablemente estratégica con los sectores inmovilistas para engordar su peso político están haciendo un favor precisamente a esos sectores, no al pueblo vasco.

El acuerdo de la fiscalía, acusaciones particulares y defensa de los 35 detenidos en la redada de Segura (Sumario 04/08) es el segundo acontecimiento reseñable. Siempre, en mayor o menor medida, han existido acuerdos entre fiscales y defensores. Pero ninguno de semejante trascendencia. Ni que abarcara a una dirección política, cierta o supuesta, de la época más visceral en el tratamiento estatal del contencioso, la de «todo es ETA».

El acuerdo en sí es contradictorio, escaparate de una gran paradoja y de lo que llega a ser una negociación. Una parte asume la legalidad de algo que es obvio no tiene ni pies ni cabeza (todo es ETA), y la otra adjudica que el castigo por ser militante «terrorista» (6 a 10 años) no se aplica. Podrá haber lecturas más o menos interesadas, pero el fondo de esta negociación ya estaba planteado hace más de cinco años, cuando comenzamos a manejar un término hasta entonces utilizado únicamente en otros escenarios de conflictos, el de justicia transacional. No es lo mismo, me dirán. Y efectivamente, pero se acerca.

La tercera de las cuestiones, quizás la que más polvareda ha levantado, es la de la recuperación de una declaración que ya avanzó el colectivo de presos (EPPK) en diciembre de 2013. Una declaración, recordada recientemente en una charla en Iruñea, que al margen de traer la misma a cuenta del proceso Abian, era ampliada a través del recuerdo también de los pasos que el Gobierno de Zapatero estaba dispuesto a dar en respeto a la aplicación de los derechos humanos a los presos políticos vascos. Porque, como es sabido, la situación de excepcionalidad que ha vivido y vive nuestro país tiene un reflejo aumentado geométricamente en las cárceles.

La declaración del EPPK de diciembre de 2013 marcaría, según mi opinión, un antes y un después. Dentro de un proceso que sigue siendo unilateral. Un antes, el del registrar las consecuencias de un conflicto también armado («reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generados como consecuencia del conflicto»). Y un después: «renunciamos al empleo del método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición, represión y vulneración de derechos». El conflicto sigue. En otro escenario.

Junto a esas primeras reflexiones surgieron otras, en el mismo comunicado, de definición necesaria. El conflicto continúa, por tanto el armisticio, queda lejos. Únicamente se cierra un ciclo. En consecuencia, hay que concluir de manera «transacional» el mismo: «derogar medidas de excepción, adaptar el entramado jurídico a la situación política...». Y el cambio de calado cuando EPPK afirma: «Podríamos aceptar que nuestro prcoeso de vuelta a casa, nuestra excarcelación y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria se efectuasen utilizando cauces legales, aun cuando ello para nosotros, implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena» o «estamos dispuestos, dentro de un plan de actuación global, a estudiar y tratar la posibilidad de que el proceso que culmine con nuestra vuelta a casa se efectúe de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en un tiempo prudencial».

La histórica decisión del colectivo de presos políticos vascos fue ninguneada por el Gobierno de Rajoy, que ya había dado una vuelta más de tuerca a su política penitenciaria, cortando puentes, entre otras (des)iniciativas. La detención de miembros de Herrira es un ejemplo entre otros. La prohibición de la manifestación de enero de 2014 en Bilbo a favor de los presos, otro.

También desautorizaron al EPPK los que desde 2009 no habían digerido el cambio de rumbo de la izquierda abertzale. No sólo degradaron al EPPK, sino también a Herrira, a Egin Dezagun Bidea... Para ello tomaron el lema «amnistia garrasia» y se enrocaron en posiciones eminentemente políticas. ATA nació como contestación al comunicado del EPPK y en plena campaña electoral a las elecciones europeas para amplificar su mensaje disidente.

La histórica decisión del colectivo de presos políticos vascos, bloqueada represivamente en su socialización por el Gobierno de Rajoy, debió inducir a la izquierda abertzale a un esfuerzo suplementario. Lo hubo (Foro Social, de hecho el comunicado del EPPK, así como una declaración de ETA respondieron a iniciativas de este Foro), conferencias en Bruselas, Montevideo, México, Buenos Aires... pero hoy parecen insuficientes.

Esa invisibilidad fue la que permitió al PNV ocupar una centralidad que no le correspondía por protagonismo histórico y por (des)iniciativa política. El partido jeltzale jamás intentó la negociación ni en el tema penitenciario ni en el tema del desarme, sino que el molino fuera llevado a sus aguas. Para negociar, los términos deben ser susceptibles del acuerdo. Y lo que el PNV puso encima de la mesa era evidente que no buscaba acuerdo sino ruptura, en la misma medida que el Gobierno de Rajoy.

Por ello, si en ocasiones aludo a mi extrañeza sobre tal o cual cuestión política, esta vez no he sido arrastrado por la misma. ATA está en su sitio, en el mismo que avanzó en mayo de 2014 enfrentándose políticamente al Foro Social, a ETA y al EPPK. Al margen de dar la espalda al histórico Acuerdo de Gernika (Principios Mitchel).

Y el Gobierno vasco, es decir el PNV cual estatua de sal, impertérrito ante las decisiones históricas que, esta semana, han tenido esos tres acontecimientos que he citado. La «desazón» de Jonan Fernández, el «sabor agridulce» del Gobierno Vasco con relación al acuerdo entre la fiscalía y los abogados defensores de la causa derivada de la razia de Segura, es proporcional a su apuesta por mantener la (des)iniciativa política. La centralidad política. La de su proyecto.

Algo que en términos políticos se traduce por un nuevo Pacto con la Corona y, consecuentemente, la demonización, antes criminalización, de la opción históricamente rupturista (izquierda abertzale). Que en términos penitenciarios exige el arrepentimiento, la delación y el traspaso de esas líneas rojas que continuamente exige al EPPK para superar la Vía de Nanclares. Y que, en términos de desarme, frente a las recomendaciones del Foro Social y las conferencias que comenzaron en Aiete y tuvieron su último peldaño en la Asamblea de París, aspira a convertir a Ajuria Enea o el Instituto Gerora en lo que fue el Boston College en el proceso de desarme irlandés.