¿Para qué una enseñanza concertada?

La nueva Ley de Educación aprobada en la CAV, en contra de la mayoría de los agentes de la escuela pública, pretende garantizar la gratuidad de la enseñanza concertada a través de la financiación de los poderes públicos, por supuesto. También en el Estado español los miembros del Gobierno han anunciado un importante aumento de dinero público para ello: «El objetivo, explica el ministerio, es garantizar la gratuidad de la enseñanza en los centros concertados. De ahí que espere (¡!) que la actualización de los conciertos vaya de la mano de un compromiso por parte de los colegios concertados respecto a la eliminación de las cuotas...» ("El País", 23/10/24).

Pero, ¿es realmente deseable la gratuidad de la enseñanza concertada? Antes de responder a ello, creemos que hay un debate previo: determinar cuál es la función de este tipo de enseñanza en la sociedad de hoy en día, es decir, definir su papel. Después decidiríamos si merece la pena o no su financiación.

Quienes trabajamos en Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea consideramos que la enseñanza privada debe tener una función subsidiaria con respecto al servicio público y solo se debiera concertar una iniciativa privada allí donde no haya oferta pública (y hasta que esta exista), para garantizar así el derecho a la educación. Si aceptamos este papel subsidiario que debe desempeñar la enseñanza privada con respecto a la escuela pública y enfocamos la planificación educativa y la distribución de los fondos pensando en la escuela de todos y todas, no se gastarían más de 820 millones de euros (2023-24) en una red que no es necesaria en la mayoría de los lugares.

¿Acabar con la segregación escolar a través de la gratuidad? Cantos de sirena.

Sostener y defender que dar más dinero público facilitará la gratuidad de la enseñanza concertada y reducirá la segregación escolar son cantos de sirena. La enseñanza concertada nunca ha sido gratuita y, ahora, con la mayor financiación que ha tenido nunca, no lo será porque no quiere: porque quiere seguir eligiendo alumnado y profesorado, porque necesita diferenciarse, porque se rige por el mercado, porque tiene que mejorar continuamente la oferta (mejores servicios, más horario escolar, instalaciones...). Y porque tiene que competir con la escuela pública. El cobro de cuotas es ilegal por ley desde 1987 y lo han hecho y lo hacen con total impunidad; pensar que aportando más dinero y sin plantear ningún tipo de medida de castigo, se va a conseguir la gratuidad y disminuir la segregación, es una gran ingenuidad. La concertación misma es la fuente de la segregación escolar. «La segregación escolar es la base del sistema concertado. Este sistema está pensado para que no sea inclusivo. Pensar que ellos quieren voluntariamente ser inclusivos no es una realidad, está en sus propios fundamentos el no serlo» (Daniel Turienzo).

¿Concertar la enseñanza privada? El dinero público para la escuela pública.

La gratuidad de la enseñanza concertada no es, a nuestro entender, un objetivo a alcanzar. ¿Para qué? ¿Para que puedan ir allí todas las familias? ¿Es este el modo de actuar de las políticas públicas, facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios privados? Eso es defraudar al conjunto de la sociedad, es una política privatizadora que solo puede traer la precarización del servicio público. ¿Qué tipo de gerente es aquel que no cuida lo propio y da su dinero a una empresa que no es la suya? El objetivo nunca puede ser dirigir a las familias hacia el servicio privado, sino trabajar para que la mayoría elija la escuela pública, y, para ello, este servicio público requiere de una prioridad absoluta en cuanto a recursos y planificación. Queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas.

Se podría responder que este planteamiento pondría en cuestión la libertad de elección de centro de las familias, pero ese no es el debate. Las familias pueden elegir siempre la oferta que más les guste, pero no por ello tienen que pedir que quienes no han hecho esa opción se la paguemos. Al igual que en el resto de sectores, las familias que, por cualquier razón, no quieran utilizar el servicio público de enseñanza y prefieran el privado, deberían afrontar los gastos con sus propios recursos. Seguir apoyando la opción individual de algunas familias con el dinero de todas las demás es injusto. No se puede basar la planificación educativa en la elección de centro que hagan las familias, como se ha hecho hasta ahora, y con las consecuencias que ello nos ha traído.

Nuestra propuesta es clara: si la escuela pública, con sus herramientas, puede ser el regazo de la mayoría, no tiene sentido hacerlo a través de empresas privadas. No utilicemos el dinero de todos y todas en una oferta educativa privada innecesaria, cuando en el barrio o en el pueblo hay oferta pública suficiente; no demos más dinero a una opción de enseñanza que nunca será gratuita, y será, por ello, discriminatoria, no sigamos con un sistema que no ha funcionado socialmente. Es más lógico que ese dinero se utilice con sentido y eficacia en la escuela pública. En este momento de discusión y aprobación de los presupuestos para el año que viene, es hora de replantearse el sistema de concertación de la enseñanza privada.