La Junta Electoral de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) ha comunicado el 15 de febrero de 2022, que ha comprobado que se han superado las 10.000 firmas que exige la Ley de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que la propuesta de Ley por una Renta Básica Incondicional (RBI) para la CAE, sea tramitada en el Parlamento Vasco como una proposición de ley.

El Texto articulado de esta ILP propone implantar por ley una RBI, que sea un derecho en favor de toda persona con residencia efectiva en el territorio de la CAE e inmediatamente anterior en al menos tres meses a la solicitud, consistente en una prestación monetaria mensual que le permita la satisfacción de sus necesidades básicas, sin que ello tenga como exigencia una contraprestación de ningún tipo e independientemente de su participación en el mercado de trabajo, siendo compatible con cualquier salario o prestación contributiva, así como con prestaciones no contributivas que permitan a la ciudadanía sufragar el coste del alquiler medio.

Esta ILP respetará que la cuantía de la RBI tenga como importe mínimo 900 euros mensuales para una persona adulta o una menor de 18 años emancipada y el 30% de la cantidad que se fije anteriormente, en este caso 270 euros, si es menor de 14 años y el 50%, en este caso 450 euros, si teniendo más 13 años no llega a los 18 años ni está emancipada. Se garantizará que, anualmente el importe de la RBI del año anterior, se incrementará en el IPC registrado en la CAE, siempre que este sea mayor que cero. Y, finalmente, el importe de la RBI Establecido en la Ley de Presupuestos de la CAPV, nunca podrá ser inferior al umbral de pobreza relativa de la CAE.

Los principios básicos de la RBI de esta ILP, son: a) el carácter universal de la prestación económica; b) su carácter individual; y, c) el carácter no condicionado a los ingresos económicos o rentas que se tengan, así como al patrimonio, ya sean personales o familiares, sin perjuicio de que estos ingresos o patrimonio estén gravados por los impuestos correspondientes que la normativa fiscal establezca, y de que la RBI sustituya a otras prestaciones no contributivas. Igualmente, la RBI tiene carácter irrenunciable, inalienable, imprescriptible e inembargable y toda cesión que se hiciera de ella, cualquiera que sea su causa, será nula.

Esta ILP pretende reforzar el estado de bienestar, sumando a los actuales pilares de la educación, sanidad, servicios sociales y vivienda, el instrumento de la RBI. Un primer beneficio de la propuesta de RBI es que acaba totalmente con la pobreza material, dado que su importe «nunca podrá ser inferior al umbral de pobreza relativa de la CAE». Es verdad que ya se cuenta en la CAE con una Renta de Garantía de Ingresos y a nivel estatal con un Ingreso Mínimo Vital, pero son prestaciones condicionadas que acreditan graves limitaciones, como son su carácter no preventivo, sus restricciones presupuestarias, su cobertura insuficiente, la estigmatización de las personas beneficiarias, los costes de administración y la trampa de la pobreza. Lo prueba que, según datos oficiales del Gobierno Vasco, al finalizar el año 2020 hubiera en la CAE 132.173 personas en situación de pobreza severa. En cambio, la RBI supera estas limitaciones de las rentas mínimas condicionadas, pues, es preventiva, universal, incondicional y permite la acumulación de rentas.

Ligada a esa mejora material, la RBI favorece la salud y el bienestar, así como disminuye la desigualdad, dado que es un instrumento de reparto de riqueza que, además, permite incrementar el grado de autonomía y libertad real de la ciudadanía, empoderándola en las elecciones laborales, de formación y de proyectos de vida, favoreciendo el emprendimiento de proyectos colaborativos y creando una sociedad más cohesionada.

Visto lo anterior, considero que hay razones éticas, jurídicas y políticas para que el Pleno del Parlamento Vasco apruebe la tramitación de esta ILP como una proposición de ley.

Éticas por los valores que encarna, lo que ha sido destacado por el Papa Francisco en la pág. 137 de su libro Soñemos Juntos. El camino a un futuro mejor, y en su discurso en el IV Encuentro de Movimientos Populares, donde afirma que el salario universal y la reducción de la jornada de trabajo son dos medidas concretas que hay que impulsar. Igualmente, el Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres, en el discurso ofrecido el 25 de septiembre de 2018 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, indicó que es posible que los gobiernos deban considerar redes de seguridad social más sólidas y, finalmente, un ingreso básico universal. Y lo reiteró en el discurso del 20 de julio de 2020, día internacional Nelson Mandela, afirmando que un mundo cambiante requiere una nueva generación de políticas de protección social con nuevas redes de seguridad que incluyan la cobertura sanitaria universal y la posibilidad de un ingreso básico universal.

Jurídicas, ya que el art. 11.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966 (PIDESC), que forma parte del ordenamiento interno español tras haber sido ratificado y publicado por España en el año 1977, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Y conforme al artículo 2.1 del PIDESC, cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Y dado que la RBI es un instrumento que permite el disfrute de tales derechos, resulta preceptivo que se apruebe esta ILP.

Políticas, cabiendo recordar que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el 23 de enero de 2018, una resolución del Comité de Asuntos Sociales, Salud y Desarrollo Sostenible en la que, junto a otros acuerdos, animó a que sus 47 Estados miembros impulsaran actuaciones que permitieran comprobar si la RBI, permitía avanzar en el logro de los derechos y la cohesión social. Fueron 48 votos favorables, frente a 33 contrarios y 12 abstenciones, siendo destacable que entre los cinco representantes españoles votasen favorablemente el entonces senador del PNV y actual consejero de Educación del Gobierno Vasco Jokin Bildarratz y la representante de Unidas Podemos Miren Gorrotxategi, así como el representante del PP Jordi Roca. También votaron favorablemente 20 representantes del grupo socialista del Consejo de Europa. A raíz de esta resolución se han multiplicado las experiencias piloto en Europa, demostrando que la RBI es un instrumento que mejora la salud y el bienestar de la población beneficiaria, así como que tiene un efecto positivo en el trabajo y el empleo. Por ello, debe analizarse el coste que tiene, que no es un gasto sino una gran inversión social y económica, para acometer seguidamente la anunciada reforma fiscal, de acuerdo a las Recomendaciones que el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU hizo a España en 2018.

En definitiva, la aprobación de la RBI significa una respuesta positiva y concreta del Estado a cada ciudadana y ciudadano, aumentándole su poder y autonomía y, como afirmaba en 2018 el lehendakari del Gobierno Vasco al final del Prólogo del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo, hace realidad un enfoque donde los Derechos Humanos, el Desarrollo Humano Sostenible, la Agenda 2030, la Coherencia de Políticas para el Desarrollo y Auzolana sean los parámetros que definan la estrategia.

Creo que son razones más que suficientes para que los y las parlamentarias vascas se posicionen a favor en la votación de toma en consideración de la ILP por una RBI y de esta manera poder continuar con el debate. Es el momento de la Renta Basica Incondicional en la CAE.