Hasta ahora, el proceso ha sido una tramoya de gestos cruzados, envites, declaraciones de intenciones, baile de cifras, alardes, manifestaciones multitudinarias pero sin consecuencias jurídicas… Sin embargo, más allá del desafío simbólico a un orden oficial, nada de eso ha significado un corte real al entramado del poder (léase ruptura de legalidad, autoridad, jerarquías, jurisdicción territorial, financiaciones y demás claves que constituyen un ordenamiento al uso). Ello se ha visto corroborado a menudo por algunas voces que advertían que nada de lo realizado hasta ahora rompía realmente con el Estado español. Y que la sociedad catalana debía dar ese paso si aspiraba a constituirse en sujeto independiente, es decir, en Estado.

Este es precisamente el punto que se prepara para el momento en que la citada declaración se confirme si, como se supone, se materializa su trámite en el Parlament. A partir de ese instante jurídico las acciones que se emprendan (decisiones, cargos, creación de instituciones, asunción unilateral de competencias…) irán encaminadas a la construcción de una nueva legalidad y, por ello, en contra de la constitucional española. Las cartas están sobre la mesa y ha comenzado el juego que debe desconectar a la sociedad catalana de una estructura de poder, imperial, español, monárquico, que en muchos siglos no ha procurado más que dolor, expolio, autoritarismo, despojo y violencia hacia Catalunya.

Una buena muestra de este cambio de rasante lo vemos en la reacción agresiva, hasta cierto punto histérica, fuera de sus casillas, de la casta política española. El frente «Juntos por el No» siempre ha estado presente en el escenario, con el soporte del Estado hispano, sus medios mercenarios y sus cloacas, pero ahora habla abiertamente de suspender la «autonomía» catalana, es decir, la poca existencia institucional que se le toleraba a esta sociedad. Piensan que muerto el perro, se acabó la rabia. Se reúnen Rajoy y Sánchez para mostrar su apuesta por la hispanidad de Catalunya y la unidad de «la nación española». Próximamente lo harán Rivera e Iglesias. Con el envite sobre la mesa se han acabado las ambigüedades.

Pero este cambio de actitudes revela un dato insoslayable, y que a todos nos alcanza. Es la hora. Es el momento de la verdad. Y no se puede pasar de puntillas. A todos los sujetos que existimos bajo esta legalidad lamentable que se llama Estado español nos atañe.

Lo hemos visto escenificado y cuantificado en las últimas elecciones autonómicas del Principado, referéndum virtual cuando se prohibió el «bueno», a la hora de hacer el recuento de votos y escaños. El que no está por la independencia, automáticamente entra en el cómputo de las fuerzas del sistema. Por muy comunista, rebelde, federalista, partidario del derecho a decidir, antimonárquico o perroflauta que se pretenda. Y ello nos salpica a otras naciones que estamos en el mismo brete que Catalunya; o apoyamos su independencia, su proceso, o estamos favoreciendo la inercia, la estabilidad del Estado, su continuidad y pervivencia.

Incluso en el lado catalán esta fase del proceso exige una toma de postura directa y clara. Ya no sirve el discurso «seudoizquierdista» si sus proclamas de purismo vienen a dividir, paralizar o hacer el juego a las maniobras de distracción del Estado español. Que las vemos todos los días. En una palabra: con las cartas en la mesa, la CUP tendrá que mojarse y definir prioridades estratégicas.

Otra cuestión, fundamental para nosotros y que nos atañe directamente, es cómo reaccionará el Estado ante la hipotética secesión catalana. Ya se han empezado a escuchar voces cuestionando los sistemas de Convenio y Concierto económicos de nuestras haciendas. Todo esto se va a plantear abiertamente en un plazo muy breve. El Estado intentará paliar la pérdida de los 16.000 millones anuales del déficit catalán y nosotros tenemos todos los boletos para ser los chivos expiatorios.

Ante todo ello, no percibimos ninguna reflexión realista y seria realizada desde nuestras supuestas fuerzas políticas y sociales. Ni partidos, sindicatos, asociaciones empresariales ni instituciones han emitido ningún documento, pensamiento u orientación ante estas circunstancias. Las universidades callan y se dedican a mirar el ombligo de su autocomplacencia. En la calle se percibe un cierto nivel de expectación por ver cómo evoluciona y se resuelve el conflicto. Se mira como un espectáculo, no con gestos de apoyo y solidaridad. Reina un silencio que puede ser cómplice, por omisión, de las acciones que emprenda el Estado español contra Catalunya.