Si, a partir de ello entendemos este como un parámetro importante para determinar qué tan democrático es un Estado, debemos afirmar categóricamente que el Estado español no lo es, o que al menos, en el territorio de Hego Euskal Herria, las leyes de excepción con que se castiga a la población vasca rompen con la idea fundamental de igualdad ante la ley. El reciente caso de Altsasu, es una clara prueba de ello.

Altsasu; es una población de Navarra; de algo más de siete mil habitantes. En dicha población el día 15 de octubre por la noche, dos guardias civiles que no estaban de turno y vestían de civil, sufrieron lesiones producto de una pelea con jóvenes de dicha localidad en un bar. Aunque parezca increíble y rebuscado, 3 de dichos jóvenes están a día de hoy en prisión y otros 6 procesados y esperando juicio, acusados nada más ni nada menos que de terrorismo, porque en la sofisticada mentalidad de la fiscalía esta pelea de bar se enmarca en una estrategia contra las Guardia Civil y la Policía Española planificada por una organización armada que ha dejado la actividad armada hace más de 5 años. Es importante aclarar que, si el mismo suceso hubiese ocurrido, en iguales circunstancias pero por ejemplo, a 50 minutos de allí en la localidad de Miranda del Ebro, con toda seguridad los jóvenes hoy estarían en sus casas y se enfrentarían, en el peor de los casos a un juicio de faltas por lesiones y como pena máxima a una multa. La diferencia es llana y simplemente que Miranda del Ebro está en la provincia de Burgos fuera del territorio de Euskal Herria.

En todo caso, el incidente refleja una creciente molestia de la población ante la presencia de ingentes cantidades de miembros de los cuerpos represivos del Estado en territorio vasco. Y es que la Comunidad Autónoma Vasca es el territorio con mayor presencia policial de toda Europa, con 669 policías por cada 100 mil habitantes, por encima inclusive de Chipre que, con 611 policías cada 100 mil habitantes es el país europeo con más fuerzas policiales en relación a su población, esto sin contar la presencia militar. La contradicción es que, mientras desde el Estado español, se insiste constantemente en que no existe ningún conflicto político en Euskal Herria y, a poco más de cinco años del abandono de las armas por parte de ETA, se mantenga esta verdadera fuerza de ocupación en un territorio con el segundo índice más bajo de delincuencia del Estado en el que la Guardia Civil española y la Policía Nacional, ni son apreciados por la población, ni son siquiera mínimamente necesarios. Por el contrario los controles diarios, el patrullaje indiscriminado y en general el atosigamiento que sufre, en concreto la población de Altsasu y en general la población vasca por parte de dichas fuerzas de ocupación resultan intolerables.

Ante esta realidad, los tan cacareados llamados a la «convivencia» que se hacen desde los altares de la tertulia televisiva y los sacrosantos diarios del poder, parecen olvidar que, una cosa es la convivencia diaria, tanto entre la población como, inclusive al interior de las mismas familias vascas, entre personas de distintas ideologías y visiones de mundo, cosa que se da sin mayores dificultades en Euskal Herria y otra entender como “convivencia”, el tener que soportar a fuerzas militares y policiales pertrechadas en cuarteles y que intimidan a diario a la población.

Otro aspecto de la excepcionalidad legal que rige en Euskal Herria, es una política penitenciaria diferenciada que obliga a las familias de los presos y presas políticas vascas a recorrer un promedio de 615 kilómetros para visitar a sus familiares dispersos en las distintas cárceles de los Estados español y francés, en una política penitenciaria cuya lógica, lejos de buscar la supuesta «reinserción social» inscrita en la Constitución española, parece basarse en la venganza pura y dura castigando no solamente a los reclusos y reclusas sino fundamentalmente a sus familiares, muchos de ellos, personas mayores y con problemas de salud.

Si a esto le sumamos la persecución y encarcelamiento de actores claves de la izquierda abertzale que intentaban articular instrumentos políticos que faciliten la búsqueda de alternativas democráticas al conflicto o; la vergonzosa detención este pasado diciembre, practicada en contra de activistas de derechos humanos que intentaban facilitar el gradual desarme de ETA, muestran una lógica tanto en los Estados francés como español, de mantener una dinámica de guerra y evitar a toda costa la normalización de la vida social y política en Euskal Herria.

Uno se pregunta: ¿cómo es posible que los Estados que, supuestamente serían los más interesados en cerrar el conflicto, sean quienes sabotean constantemente los caminos hacia la paz y la convivencia? Esto tiene una sola explicación y es que el mantener latente el supuesto peligro de un rebrote de la violencia, es lo que permite mantener como norma la excepcionalidad jurídica con que se discrimina a la población vasca. Por otra parte el cerrar de una vez el conflicto armado entre ETA y el Estado, mostraría con claridad, y esto es lo que más teme el Estado español, que existe un conflicto mucho mayor y de fondo al que tendría que dar respuesta y es el conflicto social y político e histórico relacionado con la existencia innegable de una nación vasca y el derecho que tiene ésta a decidir por sí misma, su pertenencia al Estado francés y español o, por el contrario la decisión de constituir su propio Estado. Un derecho a decidir, apoyado por la inmensa mayoría de la población vasca.

En todo caso, tarde o temprano las conservadoras estructuras del Estado español y francés deberán aceptar que no pueden tapar el sol con un dedo y afrontar que ni la represión ni las leyes arbitrarias podrán acallar el irrintzi de libertad que se extiende a ambos lados de los Pirineos.