El GAL y la inmutabilidad de los aparatos policial y judicial facilitaron la muerte anunciada de los principios de un esperado progreso y las ambigüedades se despejaron dando paso a la naturaleza real de intereses políticos espurios.

Nos toca reflexionar, sin pretensiones de originalidad y recapitulando perogrulladas, sobre las razones de la arriesgada ruptura de relaciones entre la sociedad civil y la sociedad política que le está supeditada. Ese orden de subordinación es la condición necesaria y quizá suficiente a la indispensable persistencia de la democracia parlamentaria.

«En el principio de los tiempos», la sociedad civil, que denomino «los peatones» en el texto que sigue, determinados sus deseos subcontrataba a ciudadanos voluntarios que se estimaban aptos para la gestión pública a cambio de una remuneración convenida, cubierta por fondos públicos, es decir, correspondientes a la suma de los fondos privados de cada peatón. Progresivamente los subcontratados se apoderaron de la tarea de expresión de deseos civiles y, organizados en partidos, se pusieron a expresar pretensiones y proponerlas a sus anteriores «clientes». Las aspiraciones de los peatones se veían sustituidas por los objetivos de la todopoderosa sociedad política frente al colectivo civil, cabizbajo y no meditabundo, impotente ante un poder colosal que se autovotó leyes y normas de protección según criterios quizá razonables pero que a menudo la razón no comprende. El dios laico, el peatón, cedió y cede su trono de gloria natural al político mantenido con fondos públicos autovotándose servicios, paga y dietas actualizadas regularmente.

Respaldo intensamente la justificación de la obra de la sociedad política, pero si no se procede a sanear el espíritu de dicha representación iremos derechos contra el muro. Acrecentaremos así la abstención en comicios abriendo la puerta a soft-dictaduras en las que solo caben mayorías absolutas de diseño, elaboradas a espaldas del elector sin la obligada preocupación de aunar programas de Gestión Política.

Los partidos políticos, cuya prioridad esencial es la hegemonía, imponen una feroz disciplina interna bajo la amenaza de destitución de hecho de aquellos militantes un tanto disonantes que fueron designados a dedo, más por incondicionales sumisiones que por competencias reales. Remedios fáciles de aplicar arreglarían considerablemente la nefasta situación de divorcio conflictivo entre peatones y políticos. Se trata, por ejemplo, de la reducción del período de acción política a dos mandatos, así como la merma de personal, asesor o no, pagado por fondos públicos. Añadiría otra enmienda para sanear la vida política como es la posibilidad de la representación directa bajo la forma de consultas populares tan rechazadas por los políticos temerosos de perder, en ese caso, su protagonismo.

Hoy se comprende que un ciudadano indique como profesión «político». La carrera de político es quizá la más protegida económicamente durante y después de su mandato. Algo tendrá que cambiar pero quizá se trate de utopías cuando sabemos que un estatuto del político lo votarían… los políticos. ¿Cómo los peatones hemos consentido la depravación, en algunos casos, de una misión tan honorable, en principio, como es la representación destinada a la gestión de deseos expresados por la sociedad civil?

El político honrado evitará y hará evitar odios de campanario que tanto se extienden incluso entre partidos que defienden bastiones comunes en la consecución de objetivos fundamentales en la caracterización de una identidad. Algunos partidos temen la pérdida de hegemonía por la simple ansia de una preeminencia que pueda destruir similitudes, en medio del alborozo de nuestros adversarios. Los dirigentes de partidos abertzales no nos harán creer que sus militantes de base de uno y otro bando diferente discrepan en todos los temas. En cada partido abertzale hay miembros que, en muchos sujetos, están de acuerdo con el «adversario» abertzale de otro partido. La difusión de esa concienciación esterilizaría consignas comunicadas a militantes de a pie de algunos partidos que se dejan excitar proponiendo sobre el otro, «a ese, ni agua» o «a ese periódico, ni tocarlo», generando así microodios primarios. Así como la sociedad política acaba dominando a los peatones, en los partidos los dirigentes imponen reglas férreas de funcionamiento y de espíritu a sus militantes electores bajo posible acusación de apostasía.

Tenemos, todos, el deber de mantener viva y leal la representación política, lo que exige una revisión cultural de las relaciones entre la sociedad civil y su subordinada, repito, sociedad política. Para favorecer este indispensable comportamiento, el representante de la sociedad política debe estar más cercano de los peatones y pasar menos tiempo en inauguraciones con fuerte carga fotográfica y televisiva pero que, en realidad, poco aportan; esos eventos permiten encuentros entre notables que ofrecen «ayudas» a los partidos políticos ampliamente compensadas.

Leemos comunicados, análisis y resoluciones de unos y otros partidos que han sido elaboradas entre los protagonistas de la sociedad política. Una vez publicadas las conclusiones, sus autores prometen someterlas a debate público civil en diferentes municipios y comarcas. Ya se sabe que en esas reuniones, multitudinarias en el mejor de los casos, solo se busca el aplauso. Serían necesarios más debates entre peatones sin participación directa o indirecta de la sociedad política. Necesitamos, como peatones, expresarnos en los estados generales de la sociedad civil.

Los partidos políticos están para representar con seriedad a los peatones y no para generar el odio entre ellos con cualquier excusa en la que tan fácilmente caemos los ingenuos peatones. ¡Cuando pienso que en plena crisis de recortes sociales y de paro las últimas elecciones en la CAV se basaron, con la muy hábil maniobra del partido hegemonista, en el sí o no por el tipo de recogida de basuras que, por cierto, todavía los nuevos políticos no han resuelto! ¡Increíble pero cierto! ¿Qué hubiese pasado si el «fracaso del puente Mª Cristina» hubiera tenido lugar con la anterior municipalidad de Donostia? Estaríamos, en ese caso, al borde de un conflicto insospechado generado por la oposición. Dicho sea de paso, ¿qué podíamos esperar de un creador cuyo valor cultural real él mismo ha revelado a través de sus pueriles revelaciones tras el fracaso? El intento falló y costó caro, y punto, pero no hay acción sin riesgo aunque se puedan limitar preventivamente contingencias negativas.

Hagamos todo lo necesario para fortalecer los lazos entre la sociedad civil y la sociedad política, respetando la preponderancia de la sociedad civil sobre su encomendada sociedad política, a algunos de cuyos miembros, sea dicho de paso, podríamos recomendar más recato.