Roberto Uriarte fue secretario y vicedecano la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en los años 90, coincidiendo con la grave crisis universitaria de la época debido al conflicto generado por la lucha a favor de un profesorado propio universitario y que tuvo como protagonistas a varios profesores despedidos de la UPV que conformaron el colectivo que se conoció como La Pancarta. El Decanato de esa Facultad, ante nuestras reivindicaciones, utilizó todo tipo de instrumentos represivos para desalojarnos de las aulas: informes con acusaciones falsas, suspensión de clases, cierre de la Facultad, amenazas a los estudiantes con pérdidas de convocatoria, envío de documentos a los medios de comunicación para criminalizarnos, presiones a estudiantes y profesores para que se enfrentasen a nosotros, etc.

Como todas estas medidas no tuvieron éxito, el Decanato presentó un documento en una Junta de Facultad donde solicitaba a los mandatarios universitarios nuestro repudio, expulsión de la Facultad, procesamiento judicial y levantamiento de expedientes a profesores solidarios y órganos de dirección del Departamento de Periodismo que nos apoyaban. Las consecuencias de todo ello no se hicieron esperar, ya que fuimos desterrados del campus de Leioa y sufrimos la querella criminal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ello condujo posteriormente a continuas agresiones hacia nosotros por parte de guardias jurados y Policía autonómica, detenciones, paso por comisaría en innumerables ocasiones, juicios incontables, condenas, cárcel, multas, embargos y demás. De todas formas, esta represión fue fructífera, socialmente hablando, ya que contribuyó a levantar un movimiento de solidaridad en toda Euskal Herria a favor del Profesorado Propio que se tradujo posteriormente en la denominada Ley Iztueta, que legalizó nuevas figuras contractuales propias en la UPV.

Recordamos a Roberto Uriarte como uno de los profesores que, por sus cargos en el Decanato, entraba en nuestras clases junto a otros miembros del equipo y advertía a los estudiantes de nuestra situación de ilegalidad, la nula validez de la enseñanza que impartíamos y nos conminaba a abandonar las aulas. Fracasando siempre en el intento. Allí tuvimos ocasión de verle tomando notas que sirvieran más adelante
para engordar los informes acusatorios. Le pusimos de apodo “Atutxín”, ya que nos recordaba ,en su ardor policial, al entonces consejero del interior del Gobierno de Gasteiz.

Era corriente verle rodeado de guardias jurados y ertzainas, a los que llamaba para “restablecer el orden”, pero que en realidad producían el aumento del caos universitario. Al final, acababan, él y sus compañeros, necesitando de esas fuerzas para ser protegidos de una multitud de estudiantes que les increpaba denunciando la militarización de la Universidad y por su negativa a todo diálogo. No podía ser más lamentable el espectáculo creado al vernos golpeados, arrastrados por el suelo y conducidos a las puertas del campus o a la comisaría entre muestras de apoyo de los estudiantes y gritos de estos hacia los guardas jurados y ertzainas.

Este personaje se atreve ahora a poner “líneas rojas” como condición para colaborar con la izquierda abertzale, a la que solicita una autocrítica de su pasado. Sería mucho mejor que se hiciera mirar su propio pasado represivo, incompatible con el espíritu regeneracionista que propugna y pidiera perdón a todos los estudiantes y profesores a los que agredió con su comportamiento, nada universitario, por cierto.