Llegaron a Urnieta de madrugada y se la llevaron a Madrid, al cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos, a unas dependencias de memoria aciaga que todavía suscitan escalofríos entre sus antiguos huéspedes. Nunca sabremos con certeza lo que ocurrió durante aquellas pocas horas en que se la tragó la tierra, pero el corazón de Gurutze Iantzi dejó de palpitar y los periódicos se llenaron de resúmenes forenses, pretextos y circunloquios. Tampoco conocemos ningún indicio concluyente que justificara el arresto, pero eso no detuvo las imprentas, que ya tenían estampados los epítetos y la llamaban «etarra» o «presunta etarra», al fin y a cabo ella ya nunca podrá defenderse.

En ese mismo día, el día en que murió Gurutze Iantzi, el militante de ETA Xabier Kalparsoro cayó de cabeza por una ventana del segundo piso de la Jefatura de Policía de Bilbao. Lo llevaron al hospital de Basurto con el cráneo hendido y lesiones en el hombro, en las manos y en un pie. Kalparsoro iba a morir dejando atrás una polvareda judicial que terminaría en agua de borrajas. Procesaron a cuatro agentes. La Audiencia de Bilbao propinó seis meses de prisión a dos de ellos. Dos años y medio después, el Tribunal Supremo anuló la condena y rebajó el castigo a una multa de seiscientos euros.

Aquel otoño de 1993, en el remolino mediático de Iantzi y Kalparsoro, se habló largo y tendido de tortura, algunos con pancartas indignadas y otros con la boca pequeña, aunque solo fuera para jurar que las comisarías españolas estaban libres de sospecha. Felipe González prometió esclarecer los hechos «hasta las últimas consecuencias» y la aclaración fue terminante: Kalparsoro se suicidó y Iantzi falleció por «causas naturales, como no podía ser de otra manera». Así lo comunicó el director de la Guardia Civil, Luis Roldán, poco antes de fugarse con más de 2.000 millones de pesetas entre fondos reservados y comisiones.

En unas declaraciones a Antena 3, Ramón Jauregi descartó las denuncias de malos tratos que otros detenidos habían formulado el mismo día en que murió Gurutze Iantzi. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, zanjó la polémica calificando a la Guardia Civil como el «orgullo de nuestra sociedad». Xabier Arzallus, en cambio, fue mucho más precavido y dijo que «no pondría la mano en el fuego». En todo caso, añadía, «no nos van a callar si las cosas no han sido como debieran». Las cosas no fueron como debieron, dice el forense Paco Etxeberria, que se pregunta por qué no trasladaron a Iantzi a un centro de emergencias.

Fue el último gabinete de Felipe González. Había ganado por la mínima las elecciones generales y el PP ya le pisaba los talones. Herido por los brotes de corrupción y las puñaladas entre familias socialistas, González armó un ejecutivo en el que Alfonso Guerra había perdido toda su influencia. La caída en desgracia del ex vicepresidente dejó una marejada incalculable. Para regocijo de la derecha, los guerristas amenazaban con llevar el partido a la ruptura. Los pactos de González con nacionalistas vascos y catalanes, decía el ABC, no son más que una cortina de humo para disimular las represalias contra Guerra.

Cuando Aznar descabalgó a González, el PSOE comenzó una travesía por los desiertos del descrédito. Del caso Filesa a los enredos de Mario Conde en Banesto, de Paesa a las escuchas del Cesid, de Lasa y Zabala a la condena contra Juan Guerra, no hubo un solo día de los años noventa en que no llegara un nuevo cuchicheo a los quioscos. En los comicios de marzo de 2000, Joaquín Almunia trató de desbancar a Aznar con un resultado tan desastroso que el PSOE parecía ya un cadáver ambulante. Sin embargo, la política vasca le brindó una nueva estrategia: los pactos de Estado con el PP. Si no puedes con tu enemigo, únete a él.

En una fotografía icónica de los comicios autonómicos de 2001, Fernando Savater enlaza las manos de Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros en símbolo de hermandad frente a la perfidia soberanista. La prensa estatal los jaleó con un ardor tan belicoso que desencadenó una contestación civil sin precedentes e Ibarretxe conquistó el triunfo más abrumador de su historia. Muchos años después, Aznar revelaría en sus memorias que Mayor Oreja y Redondo Terreros se habían repartido de antemano la Lehendakaritza. Dos años cada uno.

El otro día, mientras almorzaba con Aznar y con Leguina, Nicolás Redondo Terreros supo que el PSOE lo había expulsado de sus filas. Preguntado al respecto, González expresó su desagrado y sugirió que él nunca hubiera hecho nada parecido aunque la hemeroteca nos recuerde que en 1993 ya había purgado a los incómodos guerristas. Ahora, treinta años más tarde, González y Guerra unen sus fuerzas para tildar a Pedro Sánchez de desleal y disidente. Todo el mundo los llama «la vieja guardia», algunos con reverencia o con afecto y otros con rencor o repugnancia.

Otras viejas guardias han formado un nuevo conciliábulo con aromas de UPyD y Ciudadanos. Están Fernando Savater, Andrés Trapiello e Iñaki Ezkerra. «La Tercera España», lo llaman, aunque vayan a reivindicar que España es una y no cincuenta y una. Con un discurso primo hermano del de González y Guerra, le exigen a Sánchez que admita su derrota y se ponga a las órdenes del PP. Todo ello en nombre de una izquierda «reformista, no populista y de corte socialdemócrata». La sombra de Rosa Díez es oscura y alargada.

Las grandes cabeceras españolas alientan el festín con la esperanza de que la investidura de Sánchez descarrile o de que, en su defecto, la legislatura sea breve y tortuosa de modo que el PP tenga ocasión de recuperar lo que considera suyo. Si la investidura prospera, Ferraz siempre tendrá la opción de rematar una ley de secretos oficiales que desclasifique información del primer gobierno de González. Tal vez nunca sepamos toda la verdad sobre Iantzi y Kalparsoro. Tampoco sobre los GAL. Pero algunas voces que ahora gritan terminarían escondidos debajo de las piedras.