La crisis sanitaria del covid está dejando al descubierto las enormes deficiencias de los servicios públicos, tras los reiterados recortes en personal y recursos para atender a la ciudadanía.

Lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Donostia es inaceptable y escandaloso (el que conozco e irrita, aunque el problema sea general). Conseguir una cita previa resulta desesperante, varias llamadas diarias y gestiones por internet; casi imposible por el colapso del servicio.

A las dificultades de gestión, se une la tardanza en resolver expedientes, mientras solicitantes fallecen o desesperan. Estoy, estamos convencidos que a las empresas no se hace esperar tanto. Señalo algunos hechos:

–Dos pensionistas afectados de cáncer de origen laboral, el primero derivado de inhalar polvo de madera, el segundo de inhalar amianto y otros cancerígenos, solicitan en octubre y diciembre de 2019, las prestaciones derivadas de enfermedad profesional, los dos fallecieron posteriormente, sin conocer la resolución, las familias continúan esperando la justa prestación.

–Otro con cáncer derivado del amianto, lleva 11 meses esperando la resolución. Tras llamar solicitando información, la respuesta: «Estamos a la espera del cálculo de la nueva pensión, en septiembre o la próxima semana recibirá la resolución» pasa una, dos… Inaceptable.

–Meses de espera de una viuda sin cobrar prestación económica alguna, aun habiendo aportado sentencia que reconocía el origen profesional del cáncer de su compañero.

–Tramites de Recargo por falta de medidas de seguridad por enfermedad grave del amianto, iniciado hace 16 meses, fallecido el enfermo, la Inspección de Trabajo requiere a la viuda que en 15 días presente alegaciones. Un año después de realizadas, no hay respuesta.

Podría seguir relatando historias, faltaría espacio. No culpo a los y las empleadas de la Seguridad Social, ni deseo que resuelvan los expedientes por la vía rápida de rechazo, obligando a las víctimas a recurrir a la vía judicial ya colapsada, para requerir un mínimo de justicia.

Las víctimas mayoritariamente son pensionistas y fueron condenadas, décadas atrás a enfermar y morir prematuramente por el incumplimiento empresarial de la normativa de seguridad e higiene, que obligaba a proteger la salud en el trabajo. No es mucho pedir, que en la última fase de la vida, aspiren al reconocimiento del origen laboral de la enfermedad que padecen y garantizar en su ausencia, una cobertura económica mínima para los suyos.

Los obstáculos no nos van paralizar ni vamos a desistir en reclamar el reconocimiento y compensación del daño causado. Si el INSS continúa eternizando las resoluciones, nos obligaran a impulsar movilizaciones permanentes ante las oficinas del INSS. Las fuerzas políticas y sociales no deben permanecer impasibles ante el maltrato y la condena que, por segunda vez, son sometidos los que sufren un cáncer por el trabajo.