Se ha recibido con expectación el Informe de la Tortura elaborado por el Instituto Vasco de Criminología IVAC-KREI dirigido por Paco Echeberria y encargo del Gobierno Vasco. No ha defraudado la contundencia de su contenido, por lo que también ha recibido ataques. Es normal que el Delegado del Gobierno y el PP lo reprueben frontalmente. Les revuelve las tripas admitir que hubo tortura en la Dictadura y en la Transición. No ven más allá de las víctimas de ETA. En esto, ni están ni se les espera.

Más extraña resulta la reacción exabrupta del PSEE, al declarar que el informe falsea el «relato» y da alas a la teoría del «conflicto político». No se entiende esta actitud en un partido socio del PNV, que tiene reconocidas las víctimas de abusos policiales. El portavoz del PNV ha excusado la crítica del socio; pequeñas diferencias de pareja. El PP aplaude con las orejas.

El sindicato ErNE de la Ertzaintza, inculpada con 303 casos, ha reaccionado furibundamente. Les costó implantar medidas de seguridad en sus dependencias. Es lo que les toca aprender del informe.

El primer objetivo de la investigación era elaborar un censo lo más objetivo posible. Ha sido un acierto el que hayan orillado la casuística individual, aunque vienen bien la breves frases de las víctimas que nos transmiten su estado de ánimo. En total han recopilado 4.113 personas que han denunciado de forma pública y/o judicial tortura o malos tratos. No se percibe el menor interés en inflar las cifras. Diría yo que al contrario. Declaran que de los denunciantes han ratificado sólo 2.289. De éstos, 1.022 se han sometido a grabaciones de audio y video.

Ajustando la política selectiva, al final han seleccionado una muestra de 202 casos analizados minuciosamente por profesionales en base al Protocolo de Estambul y que constituyen la carga probatoria nuclear del estudio. No deja de ser una muestra significativa, superior al usual en las encuestas electorales. Se añade a eso una selección de 30 casos emblemáticos, expuestos con detalles que nos ayudan a asomarnos a la sima de la tortura. La consistencia de las pruebas y la verosimilitud de los testimonios que por las coincidencias se reafirman entre sí, permiten extrapolar conclusiones en el sentido de que la tortura tuvo carta de naturaleza en la sociedad vasca durante casi 8 décadas.

El censo que se baraja, queda muy por debajo de las estimaciones, como reconocen los autores; los 1081 torturados entre 1960-1978 no son más que la punta del iceberg. Y más que serán, si  arrancamos arbitrariamente los 23 años anteriores. ¿Por qué la fecha de 1960 tan  absurda y distorsionadora, como punto de partida? No se la achacamos al equipo, sino al Gobierno que la ha impuesto. ¿Por qué dejar fuera el caso de Txomin Letamendía muerto por torturas en 1949?

Habría sido una aportación sustancial para el censo un examen de los masivos ingresos carcelarios, siendo las detenciones la antesala natural de la tortura. Habría bastado un repaso de las sentencias del TOP y de los sumarísimos, fáciles de obtener. Nos habrían acercado al censo real. Además de este motivo, quiero insistir en que si en ocasiones la cárcel resulta un alivio para el torturado, puede considerarse la misma cárcel una tortura que atenta a la personalidad.

Perdón por resultar reiterativo, los recortes aludidos lastran negativamente al informe, como lastraron el Documento "Saliendo del Olvido", primer fruto del Decreto 107/2012 publicado en junio 2017. Hurtar a la memoria colectiva períodos y capítulos de la violencia, tiene consecuencias. Así se pasean por los platós y el parlamento los favorecidos por el silencia con una petulancia agresiva que no se compadece con su pasado.

Pese a todo, la aportación del informe constituye un avance decisivo e inapelable en la prueba de la tortura. El número de casos rescatados y debidamente expuestos evidencia a las claras la magnitud de la tortura en la sociedad vasca hasta cobrar carta de naturaleza durante los últimos ochenta años, no sólo 57.

A quienes no aceptan más que los pronunciamientos judiciales, les recordaría los casos de Jose Arregi fallecido en manos de los torturadores o Unai Romano. ¿Sirven de prueba las fotos? A los jueces, no les sirvió. Emblemático el caso de "Egunkaria". Los 10 detenidos fueron sometidos a torturas. Las denuncias que interpusieron, fueron desestimadas. Martxelo Otamendi recurrió a TEDH, consiguiendo condenara a España por no investigar los hechos denunciados. El informe reporta multitud de informes y resoluciones de tribunales internacionales, la ONU, Estrasburgo, Amnistía Internacional, que denuncian repetidamente la actitud negacionista de la jurisprudencia española. El Tribunal Supremo español ha dictados sólo 20 sentencias condenatorias, entre 1979-1992, que han terminado siempre en saco roto o en penas ridículas que se incumplen. Por el contrario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entre 2002 y 2011, dicta 7 sentencias condenatorias contra la Justicia española por propiciar la tortura y por no investigarla.

El estudio analiza también un caso reciente. Sandra Barrenetxea detenida en 2010, denuncia torturas y agresión sexual por la Guardia Civil. A los siete años, en 2017, la Audiencia de Bilbao absuelve a los inculpados por falta de pruebas. Como declaró la víctima: ¿de qué le iba a contar al forense detalles de la agresión, si no fue capaz de darme un analgésico?