La Diputación Foral de Álava decretó como falsos los hallazgos e interpuso una querella contra quien suscribe junto con dos personas más que trabajaron para Lurmen, la empresa adjudicataria de aquellas investigaciones. La vertiente judicial de este caso lleva más de cinco años de instrucción, tiempo en el cual lo he perdido todo (trabajo, economía, reputación…), solo me quedan mi vida y mis principios y ya anuncio que no voy a renunciar a ellos a estas alturas.

En un enésimo episodio de mi particular deriva, me encuentro con que el máximo responsable político alavés, el Diputado General, se dirige a mí públicamente a través de los medios de comunicación, para pedirme que asuma responsabilidades. Dicha atención preferencial, indeseada por mi parte, me aboca indefectiblemente a reflexionar y opinar sobre el particular. Mi responsabilidad, con independencia de lo que me depare el proceso judicial, es conocer la verdad y voy a ejercer mi derecho constitucional a mi defensa más allá de peticiones extemporáneas en las que se deslizan además, a mi juicio, medias verdades, interpretaciones sesgadas, cuando no clamorosas faltas a la verdad.

Así en lo publicado se recoge erróneamente que la excodirectora de las excavaciones está entre los imputados en el caso, siendo ello completamente falso. Es algo que quien ha interpuesto la demanda debiera tener claro. Se cita también que no se ha roto la cadena de custodia, como pretende Lurmen. Se da la particularidad de que la parte querellante en este proceso ejerce además el papel de custodio de los materiales, siendo responsable de los mismos por vía judicial. Sin embargo la Institución Foral ha actuado como parte, encargando los peritajes y estudios que ha considerado oportunos, así como facilitando el acceso a las evidencias a aquellas personas de su conveniencia, como ha reconocido públicamente. Precisamente como se demuestra en el último estudio del IPCE se han colado también evidencias de estudios desconocidos hasta la fecha y mantenidos en secreto que suponen en nuestra opinión una clarísima prueba de rotura de la cadena de custodia, con lo que ello supone de indefensión para nuestra parte.

Se califica también de farsa o de burda falsificación lo hallado y me pregunto cómo puede ser así, ya que llevamos debatiendo, pese a las evidentes limitaciones, ocho años después de los hallazgos y cuando destacados especialistas se han pronunciado justamente en sentido contrario al expresado por el Sr. Diputado General al valorar lo hallado.

En cuanto al reciente informe del IPCE hay que aclarar que, efectivamente la juez encargada del caso ordena la realización de la analítica pero, es muy importante recalcarlo: a petición de la defensa, quien pide las pruebas analíticas para conocer la verdad. A cualquiera se le antoja que se trataría de un comportamiento bien chocante para un presunto falsificador. Por desgracia, el informe no profundiza en el análisis de los restos que pudieran ser verdaderamente dirimentes en la resolución del caso, por eso y por lo que creemos que se trata de sesgadas interpretaciones que se hacen en el mismo nos hemos mostrado tan críticos con sus resultados.

En un terreno más delirante entramos cuando el Sr. Diputado General pone en relación en un tono, supongo que pretendidamente jocoso, la presunta falsedad de lo hallado con las jornadas de reconstrucción histórica que se llevaban a cabo en Veleia. Parece que el Sr. Diputado General ignora las posibilidades de la recreación histórica como vehículo para divulgar el pasado, sirviendo en este caso como eficaz plataforma para acercar a Veleia a decenas de miles de personas durante aquellos años. Como reciente muestra de estas actividades valga recordar los fastos de la celebración del aniversario de la Batalla de Vitoria en los que la ciudadanía pudo disfrutar de la actuación de numerosos colectivos de la reconstrucción histórica, vestidos –que no disfrazados- a la usanza de la época napoleónica.

Solo desde la prepotencia entiendo el titular de uno de aquellos artículos: ‘Álava considera «intolerable» que se diera una «falsificación tan burda» en Iruña-Veleia’. Estoy seguro de tener muchos enemigos, pero creo que dista mucho de que tenga en frente a todos los alaveses…

Finalmente me acusa el Sr. Diputado General de haber impedido el uso a la palabra a cierta profesora de la UHU-UPV presente durante la reciente rueda de prensa en la que valoramos el informe del IPCE, nada más lejos de la realidad; es completamente falso. La profesora A. Iriarte, intervino en el turno de preguntas y planteó aquello que quiso. Son testigos la propia interesada, los periodistas presentes y el público en la sala, además de existir registro de todo ello. Ignoro la trascendencia de este dislate pero recalco que es falso de toda falsedad.

Todo ello me lleva a una última reflexión. Me parece que, cuando un político pide a uno de sus conciudadanos que asuma su responsabilidad debe al menos informarse correctamente de aquello sobre lo que va a hablar y no abusar, en mi opinión, de su posición de autoridad y prerrogativas al uso. Por mi parte seguiré abogando por mi absoluta inocencia e insistiré en la petición de pruebas verdaderamente dirimentes para la resolución del caso y, más allá incluso de los protagonistas de esta historia, estoy seguro de la continuidad por años del debate científico al respecto.