Los buenos resultados obtenidos por el PNV, tanto en las elecciones forales de 2015, donde ha conseguido el 33,78% de los votos y 360.279 sufragios, como en las elecciones autonómicas de 2016, en las cuales ha obtenido el 37,60% de los votos y 398.168 papeletas, han permitido a la formación nacionalista afianzarse en la primera posición y gozar de un amplia representación institucional. De hecho, dirige el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales, a los que conviene añadir las tres capitales provinciales y numerosos consistorios de la Comunidad Autónoma Vasca, lo que le confiere un poder institucional considerable. Y los últimos sondeos de opinión, a imagen del sondeo EITB Focus, relativos a las intenciones de voto en las próximas elecciones municipales y forales, vaticinan una victoria del PNV en los tres territorios históricos y en dos de las tres capitales provinciales. Todo ello, en un contexto marcado por la gestión de la crisis económica iniciada en 2008 que ha supuesto un desgaste político para las formaciones en el poder y, sobre todo, por el fortalecimiento de la competencia política con la consolidación, como segunda fuerza política, de la izquierda abertzale tras el final definitivo de la lucha armada practicada por ETA, y la irrupción de Elkarrekin Podemos. La cuestión que se plantea entonces es la siguiente: ¿cómo se explica la fortaleza actual del PNV? La razón principal estriba en el posicionamiento y la estrategia elegida por la formación jeltzale que puede resumirse en tres palabras: centralidad, transversalidad y moderación.

En primer lugar, el PNV, liderado por Andoni Ortuzar, ha optado por recuperar la centralidad política que significa situarse en el centro del tablero político, lo que implica, por una parte, ser la primera formación política con cierta diferencia respecto al segundo partido, y, por otra parte, ser capaz de llegar a acuerdos con distintas formaciones, tanto nacionalistas como constitucionalistas. Antes de su escisión en 1986, que desembocó en la creación de Eusko Alkartasuna y supuso un sangría de votos considerable, el Partido Nacionalista Vasco fue la primera formación política con el 38,10% de los sufragios en las elecciones autonómicas de 1980 y con el 42,01% de los votos en el escrutinio al Parlamento Vasco de 1984, muy por delante de las demás formaciones políticas encarnadas por el Partido Socialista de Euskadi y Herri Batasuna. Esto le permitió gobernar en solitario en ambas legislaturas y llegar a acuerdos, más o menos puntuales, con partidos de la oposición, tanto sobre los presupuestos como sobre los proyectos de ley. Tras esa escisión, que fue traumática, el PNV consiguió recuperar paulatinamente parte del electorado perdido en detrimento de EA que iba perdiendo fuerza. Posteriormente, con la fuerte progresión electoral de la izquierda abertzale en 2011 y 2012, vio peligrar momentáneamente su liderazgo en el seno del nacionalismo vasco. Se enfrentó igualmente a la competencia de Podemos que obtuvo sus mejoras resultados en las elecciones generales de 2015 y 2016, antes de desinflarse en las últimas elecciones autonómicas. Frente a esta competencia, el PNV optó por recuperar la centralidad perdida manteniendo un posicionamiento equilibrado alejado de cualquier cambio de rumbo que hubiese podido desorientar a su electorado.

En segundo lugar, con la llegada a la cabeza del Partido Nacionalista Vasco de Iñigo Urkullu, sucediendo a Josu Jon Imaz que mantuvo una relación tensa y ciertas discrepancias políticas con el lehendakari Juan José Ibarretxe, la formación jeltzale decidió priorizar la transversalidad, es decir el acuerdo entre formaciones nacionalistas y constitucionalistas. El viraje fue progresivo pero real. El acuerdo de Lizarra-Garazi, suscrito el 12 de septiembre de 1998, y el apoyo crítico de la izquierda abertzale al Plan Ibarretxe, aprobado por el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004, fueron olvidados en beneficio de un acercamiento al Partido Socialista del País Vasco. Esa aproximación paulatina desembocó en el acuerdo presupuestario de 2013 entre ambas formaciones, al que se sumó el Partido Popular; el acuerdo de legislatura en el Parlamento Vasco entre el PNV y el PSE a partir de 2013 y hasta el término de la X legislatura; los acuerdos de legislatura e incluso los gobiernos de coalición en las Diputaciones Forales y en numerosos municipios entre ambos partidos a partir de 2015; y el gobierno de coalición en el Gobierno Vasco desde 2016. A pesar de ligeras discrepancias en la gestión y el mantenimiento de posturas dispares en materia de autogobierno, la apuesta del PNV por la transversalidad no se ha desmentido. Además de propiciar la centralidad de la formación jeltzale, evita padecer un desgaste excesivo y, como en todas las coaliciones de gobierno, se hace en detrimento de la formación más débil, es decir el PSE.

En tercer lugar, el Partido Nacionalista Vasco ha priorizado la moderación, evitando posicionamientos extremos, tanto en la cuestión territorial como en el ámbito socioeconómico, de cara a no asustar a un electorado conservador y de cierta edad. En efecto, marcando distancias con el proceso soberanista catalán, a la vez rupturista y unilateral, el PNV ha apostado por la reforma estatutaria, partiendo de la legislación vigente, respetando el marco legal y buscando el acuerdo entre las distintas formaciones políticas. A su vez, ha buscado la bilateralidad con el gobierno central, lo que ha sido un espejismo durante la legislatura anterior, en un contexto marcado por la mayoría absoluta del Partido Popular que no ha dudado en aplicar el rodillo y en proceder a una profunda recentralización, y lo que ha sido más factible, aunque con serias limitaciones, en la legislatura actual donde el gobierno del PP, en minoría, necesita los cinco votos del PNV en el Congreso de los Diputados. En materia socioeconómica, la formación jeltzale se ha mostrado conciliadora, tanto en Vitoria como en Madrid, para llegar a acuerdos parlamentarios con el Partido Popular en materia de presupuestos, modelo de financiación e infraestructuras. A pesar del desgaste político que supone llegar a acuerdos con un partido asociado a la recentralización, los recortes y la corrupción, el partido jeltzale ha optado por la estabilidad institucional. Esa apuesta ha sido, en parte, entendida por un electorado marcado por la confrontación armada que ha dividido la sociedad vasca y ha generado numerosas tensiones políticas, y por una crisis económica que ha dejado profundas secuelas sociales, de modo que parte de esa sociedad aspire a cierta tranquilidad.

No en vano, si la estrategia de centralidad, transversalidad y moderación está relativamente bien valorada por la ciudadanía y permite obtener buenos resultados electorales, con el poder político e institucional correspondiente, corre el riesgo de representar un obstáculo para afrontar, decididamente y con ambición, los principales retos del país que son el autogobierno (el nuevo estatus político), el gasto público (la política fiscal), la cohesión social (las políticas sociales y familiares) y la convivencia (los presos y refugiados, las víctimas y la memoria). Más aún, puede ser difícilmente sostenible en un contexto marcado por la dura represión llevada a cabo por el gobierno central contra el proceso soberanista catalán.