Cien mil personas manifestándose por las calles de Bilbo en apoyo a los derechos de los presos políticos vascos, mostrando signos inequívocos de cariño hacia ellos y sobre todo a sus familias, es un acontecimiento excepcional. No tanto por la solidaridad con los presos y su entorno, sostenida en el tiempo desde hace décadas, sino por el número de manifestantes, la mayor concentración humana en una protesta político-social en Euskal Herria en los últimos años.

Sin embargo, el tratamiento de quienes no apoyaban la manifestación, tanto desde sectores políticos como propagandísticos (supuestamente comunicativos) ha sido un procedimiento de guerra, de manual de contrainsurgencia. ¿Para cuándo la desmilitarización mental e ideológica de esos sectores que, por otro lado, siguen estimulando escaladas bélicas en otros puntos del planeta? (La Comunidad Autónoma Vasca es la primera estatal en ventas de armas a Arabia Saudí, monarquía fundamentalista que masacra civiles en Yemen por centenares).

La contraprogramación de estos sectores comenzó con la denuncia de unas pintadas en varias sedes jeltzales de Bizkaia, utilizadas para justificar el desapego del partido de Urkullu a los temas relativos a los presos políticos vascos y, en particular, su boicot a la manifestación de Bilbao con un «acciones de este tipo explican por qué el PNV no comparte con la izquierda abertzale ni calle ni pancarta».

Las declaraciones tanto del BBB como del EBB que han expandido sus medios cercanos me llenan de dudas. ¿Es cierto que se reúnen en domingo con carácter de urgencia las direcciones regional y nacional del PNV para analizar unas pintadas en cinco de sus sedes? O, por el contrario, ¿las declaraciones estaban enlatadas antes que se produjeran los hechos? Estas dudas agudizan otras sospechas.

¿Por qué una pintada genera semejante estruendo mediático, capaz de tapar esas cien mil voces solidarias con los presos políticos vascos? Una brocha, un rotulador o un espray para escribir lo que mande el guión pueden tener como autores ciertamente a varios protagonistas. Policías de paisano, autóctonos o no (aconsejo leer las memorias de uno de los primeros instructores de la Ertzaintza, Javier Zumalde, que afirma que la Policía Autónoma llegó a poner bombas que no reivindicó para ahondar en momentos de tensión coyuntural), agentes encubiertos… son susceptibles de ser los autores de las pintadas. El cronograma de los hechos, el uso de las mismas y, sobre todo, la celeridad en la repuesta de los medios propagandísticos jeltzales no lo descarta.

También es cierto que, aunque la izquierda abertzale haya negado la paternidad de esas pintadas, grupos, personas o incluso algún átomo suelto ligado antiguamente a su sector, sea responsable de las mismas. Lo que no es comparable es la respuesta: descalificar al mayor movimiento social y de masas de nuestro país, por unas pintadas de autoría dudosa.

La segunda de las cuestiones relacionadas con la información de manual bélico de contrainsurgencia es la que ofreció “El Diario Vasco” en su edición dominical. En las últimas semanas, a través de la televisión vasca pública y de diversas iniciativas populares, se había puesto el dedo en la llaga de un tema complejo y a la vez emotivo: las microhistorias relacionadas con centenares de hijas e hijos de los presos políticos actualmente encarcelados y, en el pasado, de otros ya excarcelados. Crónicas tristes, duras, desoladoras. Un castigo añadido al del alejamiento.

Las protestas de los grupos memorialistas ultraderechistas tuvieron su reflejo en la edición del diario de Vocento citada. Entrevista, que comienza en portada con una fotografía a media página, al hijo de Gregorio Ordoñez (concejal del PP en el Ayuntamiento de Donostia muerto por ETA en 1995). Objetivo: tapar la manifestación de Bilbao de la víspera o al menos llevarla a un supuesto terreno de confrontación inexistente: izquierda abertzale (ETA incluida) contra demócratas. Como diría Joxe Azurmendi, «violentos y demócratas».

Pero y sobre todo, la contra información iba destinada a dar visibilidad al único sector susceptible de ser portavoz de sufrimiento, el de las víctimas de ETA. El único sector aceptado por el Estado profundo. Que las hijas y los hijos de los presos, como en su momento los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, hayan logrado franquear la barrera del silencio es una mala noticia para los sectores involucionistas. Por eso el contraataque de “El Diario Vasco” y “El Correo” en un día tan señalado: sólo tienen derecho a la visibilidad cierto tipo de víctimas. El resto, como las del franquismo, a desaparecer en las cunetas o a la invisibilidad eterna. El sufrimiento únicamente puede ser de color azul.

La tercera de las entregas tiene que ver con ese conflicto político cuya existencia una y otra vez es negada desde Madrid, siendo trasladada a una mera cuestión patológica, una enfermedad de rebeldía especialmente extendida entre los vascos por algún virus, gen o cromosoma aún no detectado. El sábado pasado, también, el ministerio de Justicia del Gobierno de Macron anunció su decisión de acercar los presos políticos vascos a dos prisiones cercanas. Escalonadamente, por grupos.

Y lo hizo previamente con la filtración al corresponsal del grupo Vocento en París, especialista en la cuestión vasca con material habitualmente suministrado por la embajada española en la capital francesa. Para ello intentó condicionar ya en la víspera la noticia con otra supuesta filtración, la de un zulo de ETA sin inventariar que habría aparecido en un bosque de una pequeña localidad landesa.

El titular fue servido para ahondar en esa patraña que no dejan de extender los voceros de Interior desde que el 7 de abril ETA se declarara «organización desarmada». Lo acaban de citar en el reciente informe del Centro Memorial de las víctimas del Terrorismo, ubicado en Gasteiz. Que ETA no ha entregado parte de su arsenal: «en medios de la lucha antiterrorista se ha ido afianzando la sospecha de que esas armas han podido ser robadas a la organización por miembros de la propia ETA afines al sector disidente».

Con estos argumentos y conociendo la trayectoria de los sectores de ese Estado profundo que mueve los hilos de la política, es evidente que en algún despacho flota la idea de operaciones encubiertas (false flags) para eternizar esa comodidad de escenario que priorizan desde la contrainsurgencia: armas contra urnas.

La información del zulo que públicamente nadie ha visto, que públicamente nadie ha conocido su inventariado y que según la única nota desplegada contenía «mapas» (¿armas de destrucción masiva?) tiene como objetivo los mismos que los dos anteriores, el trazado tanto por el PNV como por Vocento. Cualquier tema relacionado con derechos humanos, democracia, acuerdos, etc. debe llevar el adosado de ETA. Para volver a los términos de siempre «violentos y demócratas», «terroristas y tolerantes». Una falacia, pero la falacia con la que el Estado y sus aliados han gestionado su posición desde que los GAL y los cambios en los códigos penales (español, francés y europeo) renovaron su estrategia.

El 8 de abril con la inauguración de la línea 3 del metro de Bilbo, Urkullu contraprogramaba el acto de desarme de los Artesanos en Baiona. Ahora, la filtración del acercamiento del 13 de enero, fue compensada por un «teníamos conocimiento» que no es creíble por las rectificaciones posteriores y, sobre todo, por las críticas anteriores de Jonan Fernández a la manifestación de París y a los movimientos paralelos de los Artesanos. Patético.

Y es que negar la evidencia o subirse a un tren en marcha, son también otras facetas de ese manual cuya presencia acabaremos de descubrir más pronto que tarde en alguna de esas empresas que subcontratan los jeltzales para gestionar su comunicación o en alguno de esos archivos militares que, por razones obvias, guardan los milikos con arrogancia para vanagloria de su impunidad.