La propuesta recién publicada de la Federación de Ikastolas para afrontar la segregación escolar es tan clarificadora de sus prioridades como preocupante para quienes defendemos la escuela pública vasca. Nos referiremos aquí a los puntos principales:

Dice la Federación de Ikastolas que quieren tener alumnado inmigrante y que se van a esforzar en ello. Nos alegramos, después de casi dos décadas. Puede que la denuncia continuada de la segregación escolar en la calle y en los medios por parte de la Plataforma a favor de la Escuela Pública Vasca haya tenido algo que ver. Ha sido la movilización ciudadana la que ha puesto el tema también sobre la mesa del departamento de Educación, que hace solo dos años no consideraba que fuera ningún problema. 

El diagnóstico de la situación que se hace en ese documento es insuficiente, erróneo a veces y tiende a echar «balones fuera». Parece que la responsabilidad de no tener alumnado inmigrante es de otros, y sobre todo de la administración educativa, que no les envía el alumnado que llega fuera de plazo. Lo que pasa es que tampoco tienen alumnado nacido aquí procedente de familias extranjeras; ese alumnado cada vez más numeroso que se matricula dentro del plazo y que apenas está presente en las ikastolas. Y sucede también que el alumnado con pocos medios económicos está ausente de ellas en general. Tampoco mencionan que muchos centros llevan años blindándose y aceptando en período de matrícula más alumnado del establecido, por encima de ratio, de modo que no dejan ninguna plaza para acoger al alumnado que llega durante el curso, en contra de lo que establece la ley. Así difícilmente se les puede enviar a nadie desde la administración. Además, los puntos que dan algunos centros en periodo de matriculación también favorecen la entrada de un tipo de familias y la exclusión de otro. Pero de todo esto no se habla en el texto de Ikastolen elkartea. Se centra únicamente en la matrícula viva y lo hace sin abordar las verdaderas causas del problema de la segregación económica y por origen. Cuando el diagnóstico es flojo, las medidas propuestas para darle respuesta difícilmente pueden dar en el clavo.

La existencia de cuotas que tienen que pagar las familias no les parece un factor tan importante. De hecho no ponen en cuestión la existencia de cuotas, a pesar de que son ilegales puesto que la ley recoge que la enseñanza obligatoria debe ser totalmente gratuita en los centros financiados por fondos públicos.

Entre las medidas propuestas está una mayor participación de agentes en la comisión de escolarización que gestiona la matrícula viva y envía al alumnado recién llegado a distintas escuelas. Una medida inútil porque lo que hay que hacer es cambiar los criterios (que son políticos) y, sobre todo, que Educación haga cumplir la ley en cuestiones, entre otras, como la ya mencionada sobrematrícula y el cobro de cuotas.

De paso, las ikastolas aprovechan la ocasión para pedir más financiación. Nada menos que 20 millones para la escuela concertada. Más inmigrantes a cambio de más dinero. Dicen que los conciertos solo cubren el 66% de la enseñanza. Habría que analizar esa cifra; es cada vez más claro que hacen falta auditorías para conocer en toda su complejidad los números poco claros de la financiación. Pero, a bote pronto, ¿tienen los mismos gastos que la pública? Algunos gastos más deben de tener, porque salen en la foto, por ejemplo, figuras de gerentes que no existen en la pública, y que imaginamos que tendrán que pagarse con las cuotas.

Aludir al urbanismo despista un poco porque en el País Vasco la segregación residencial no justifica la segregación escolar existente salvo excepción. Apenas hay barrios o pueblos que por su composición se acerquen ni de lejos a la segregación a la que llegan algunas escuelas. Lo que está pasando aquí es otra cosa.

¿En qué está de acuerdo la Federación de Ikastolas con nuestras propuestas como Plataforma a favor de la Escuela Pública Vasca? Pues en que hay segregación y hay centros sin alumnado inmigrante. También en que es necesario que exista un modelo único en el sistema educativo, en euskara (sin entrar ahora en más matices). Y también en la necesaria implicación de los municipios en la atención al alumnado de origen inmigrante.

Desconfiamos profundamente de esa ley que se menciona en el texto de las ikastolas, y que debe de referirse a la que el departamento de Educación pretende tramitar en próximas fechas. Si esa futura ley les parece deseable a las redes concertadas, desde la pública nos tememos que va a servir nada menos que para consagrar de cara a las próximas décadas este sistema dual público/concertado que nos atraviesa, un sistema que es segregador y selectivo por su propia naturaleza. Como escuela pública (a pesar de que el documento, por arte de la neolengua, nos denomina «red de la administración»), nos opondremos con todas nuestras fuerzas, que no son pocas, a esa ley. 

Y vamos ahora a lo que es central. Es hora de superar el sistema dual «público/privado». Hace años que es necesario repensar y encaminar esta situación anómala que se nos ha ido de las manos como sociedad. Invitamos al departamento de Educación a impulsar procesos amplios y generosos de publificación y a las ikastolas concertadas a que pasen de ser concertadas a ser públicas. De esa manera dejarán, entre otras cosas, de tener gastos que no tiene la pública y de cobrar cuotas a las familias. Después de ese proceso, será más fácil abordar entre todos y todas qué podemos hacer como sociedad con la red religiosa, reflexión que está parada porque la existencia de la red de ikastolas hace de parapeto de ese proceso de reflexión. Atendamos y prioricemos lo público. Cuando todas y todos estamos en lo público, todas y todos nos ocupamos de cuidar de su calidad porque es una preocupación compartida y porque nos va mucho en ello. Estamos luchando por un sistema público no dual de calidad para todas y todos.