Cuando la legislatura se halla próxima a su finalización la comisión parlamentaria que ha estudiado durante meses la posibilidad de modificar la Ley Foral del Euskara de 1986, ha dado por finalizados sus trabajos, desistiendo de la modificación de dicha norma. El acuerdo de gobierno suscrito al principio de la legislatura tampoco había logrado programar este tema por falta de consenso en el cuatripartito.

En la Ley Foral del Euskara de 1986 «se inventó» el concepto de «zonas lingüísticas» que no tiene parangón en ninguna otra ley ni internacional ni autonómica. En realidad se trata de un concepto carente de todo rigor y que se basa en una confusión y tiene su origen en un sabotaje político.

Cuando se trataba de negociar el Amejoramiento de 1982, el Parlamento Foral de Navarra acordó dos acuerdos de bases en 1981, siendo una de ellas la de que en toda Navarra el euskera sería una lengua cooficial. Sin embargo, ese mandato fue saboteado por los negociadores de Navarra que fueron quienes hicieron la propuesta del «título preliminar», en el que se encuentra el artículo nº 9, en el cual se establece que «el vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra». El sabotaje consistió en que fueron los 5 negociadores de la parte navarra los que propusieron ese texto. Por lo tanto no fue propuesto por los negociadores de Madrid y ni siquiera es coherente con el artículo nº 3 de la Constitución, en el que no hay ninguna alusión a zonas lingüísticas.

Dicha falta de coherencia entre Constitución y Amejoramiento origina la anormalidad –no la singularidad– de Navarra de que en las leyes generales del Estado no se tenga en cuenta. Así ocurre con la actual ley 39/2015, artículo nº 15, que regula las lenguas en el procedimiento administrativo común. Las consecuencias de esta discordancia constituyen veces anécdotas curiosas, si no fuesen lamentables; como por ejemplo, la de que un militante de UPN de Fontellas que había recibido una multa de tráfico de Mataró en lengua catalana, pudiese recurrirla legalmente en euskara –¿Qué se habrán creído esos polacos metiéndome una multa en polaco?–. Si hubiese recibido recurso en euskara que no hubiese podido presentar ante el Ayuntamiento de Tudela, si este le hubiese remitido una multa de tráfico en lengua castellana.

En 1986 se dictó la Ley Foral del Vascuence en la que, volviendo a incurrir en incoherencia con la previsión del Amejoramiento, se diseñaron tres zonas lingüísticas en Navarra: zonas vascófona en la que el euskara es teóricamente cooficial. Zona no vascófona en la que no tiene oficialidad ninguna; y zona mixta que constituye algo no previsto en el Amejoramiento. De todos modos, al quedar la capital fuera de la zona vascófona –en la mixta– el uso de la lengua vasca en los quehaceres de la administración queda esencialmente limitado. Paradójicamente, Pamplona-Iruña es la localidad no solo con mayor número de vascoparlante de Navarra, sino aquella en la que se desarrolla la inmensa mayoría de la vida cultural y social, además de la administrativa en lengua vasca.

El invento del concepto de «zona lingüística» se basa además de en el sabotaje realizado por los representantes de Navarra en la negociación del Amejoramiento, en una alevosa confusión entre la sociolingüística y el derecho lingüístico. La sociolingüística tiene por objeto el estudio estadístico de los usos de la lengua y en las variaciones y cambios que experimentan dichos usos, así como en las causas que los originan y consecuencias que producen. Por el contrario el derecho lingüístico se refiere a los derechos y reivindicaciones de las personas y de las comunidades en materia de lengua y marca las políticas lingüísticas. El confundir alevosamente sociolingüística y derecho lingüístico, tiene como consecuencia, entre otras, la de tener que prescindir de cualquier definición de derecho personal en materia de lengua. Así, por ejemplo, en el vigente texto del Fuero Nuevo hay un solo derecho que afecta a cualquier navarro y consiste en la posibilidad de otorgar testamento en la lengua vasca, sin límite territorial ni de tiempo. Un navarro puede otorgar en euskara un testamento hológrafo en Filipinas. Por el contrario, en la Ley del Vascuence de 1986 nunca se habla de derechos de los navarros, sino que siempre se menciona el concepto de ciudadano o ciudadana en tal o cual zona.

Es de lamentar que una vez más se siga manteniendo la discriminación entre navarros con respecto a la lengua propia y una de las señas de identidad de Navarra que es el euskara. En Fustiñana y en Funes se habla menos euskara que en Zugarramurdi y Goizueta (sociolingüística), pero un chaval de Fustiñana o Tudela debe tener iguales derechos que otro chaval de Elizondo o Alsasua con respecto a un patrimonio cultural común de todos los navarros y navarras, que es el euskara.

La gran trampa dialéctica con respecto a la oficialidad es la de mezclarla con obligación, cuando en realidad la oficialidad otorga libertad de elección. ¿A quién de los navarros que haya ido a veranear a Salou, o que asista a una feria en el BEC de Baracaldo, le ha molestado la cooficialidad del catalán o del euskara? Parece que el trocamiento de Navarra en zonas lingüísticas va a seguir más tiempo pero en todo caso habría que recordar que a los jóvenes de Tudela el aprender euskara no solo no les estorbara ni perjudicara en el futuro, sino que les beneficiaria.

Lástima de una ocasión más que se ha perdido para haber superado esta afrenta a la igualdad de los navarros, a la cultura de esta tierra y al porvenir de nuestros jóvenes.