El debate sobre la tasa o impuesto turístico se prolonga desde hace años, a pesar de que existe un amplio consenso entre las fuerzas políticas con representación institucional sobre su necesidad. Una de las disputas gira en torno a qué institución debería cobrarlo: algunos ayuntamientos (entre ellos, el de Donostia) y el Gobierno Vasco quieren asumir esa responsabilidad. Y ligada a esta disputa, surge otra: a qué se va a destinar lo recaudado.

Algunas fuerzas políticas e instituciones quieren destinar lo recaudado a «fortalecer el sector». Es decir, quieren dedicar presupuesto público a hacer aún más rentable la actividad turística. A pesar de que se trata de una actividad económica que reparte la riqueza generada de manera desigual, apuestan por que quienes ya se benefician sigan enriqueciéndose más. Optan por ignorar los impactos negativos de la turistificación y seguir fomentando el crecimiento turístico.

Otras instituciones afirman que la tasa turística debería servir para «mejorar la ciudad y cubrir los gastos adicionales que genera el turismo». Entendemos que se refieren a los efectos más visibles de la turistificación: suciedad y basura en las calles, saturación de los servicios públicos o aumento del ruido, por ejemplo. Sin embargo, siguen destinando parte del presupuesto público a atraer un turismo que provoca problemas estructurales graves. Y, en cualquier caso, lo que se recaudaría no sería suficiente ni para cubrir esos costes superficiales.

El problema es que la implantación del impuesto turístico no pone en cuestión el crecimiento del turismo. La mayoría de las instituciones públicas siguen trabajando para aumentar su peso en nuestro modelo económico. Y quienes han llegado a reconocer algunos daños provocados por la actividad turística, lo que proponen es que nos adaptemos a ellos. Consideran que esos daños han llegado para quedarse y su objetivo es hacer la situación más llevadera para la ciudadanía.

El propio debate sobre la tasa turística es una trampa. Los efectos más graves de la turistificación son estructurales y suponen riesgos sociales, económicos, ecológicos y culturales muy serios. Por tanto, las intervenciones también deberían ser estructurales. Mientras no se apueste por frenar el crecimiento del turismo, mientras se quiera garantizar a toda costa las ganancias de quienes se enriquecen perjudicando a la mayoría, no habrá solución al problema.

Así, podemos afirmar que el debate sobre la tasa turística forma parte de una estrategia comunicativa. Se enfrentan quienes niegan la turistificación con quienes quieren tapar sus efectos más profundos. Pero ambas posturas son simples estrategias para calmar la preocupación y la protesta social.

Desde la plataforma Bizilagunekin llamamos a la ciudadanía a no caer en esta operación de maquillaje. Apostamos por un modelo urbano centrado en las condiciones de vida de la población y, para ello, por un proceso de transición que implique un cambio de modelo: diversificación económica, mejora de las condiciones laborales, intervención pública para garantizar el derecho a la vivienda, medidas de protección del patrimonio y un modelo de movilidad sostenible, entre otros. No nos dejemos engañar y organicémonos para analizar con rigor la situación, hacer frente al modelo que se nos impone y poner en marcha una alternativa habitable.