El asesinato de cinco personas nos marcó. Y eso teniendo la suerte de no haber tenido que lamentar pérdidas en la familia. ¿Cómo marcó a quienes llevan tantos años esperando el reconocimiento oficial de que quienes ordenaron el asesinato de los suyos? Intentaron levantar un muro de olvido sobre los que no volvieron a casa después de la Asamblea de la iglesia de San Francisco. Un doble asesinato: primero, el del tiro y posteriormente, el de encubrir a los asesinos.

La memoria histórica en una sociedad como la nuestra es una de las bases sobre las que debemos construir el futuro, basado en las premisas de verdad, justicia y reparación. Y para las víctimas del 3 de marzo, para sus familias, no ha habido ni verdad ni justicia ni reparación. Cuántas veces hemos oído esto en boca de los que hasta hoy siguen siendo cómplices de lo sucedido.

Conocer qué paso y quiénes fueron los responsables es necesario para quienes han sufrido la violencia. Sin saber qué ha pasado es imposible que se haga justicia y, consecuentemente, la necesaria reparación de las víctimas también se anula. Recordar esto en Euskal Herria parece innecesario, cuando hay a quienes se les exige este ejercicio casi a diario.

La matanza de la iglesia San Francisco fue una masacre, así lo reconoce el policía cuya voz se oye en las mil veces escuchadas grabaciones: “esto ha sido una masacre”, dice, y no parece preocupado por haber actuado de forma autónoma. Los autores materiales de los asesinatos fueron los policías que estaban en el lugar, pero respondían a órdenes de sus superiores, altos cargos del Gobierno español que nunca ha respondido ni política ni judicialmente por esos crímenes.

La situación política del Estado español en 1976 hizo imposible el esclarecimiento de los hechos, pero posteriormente ni PP ni PSOE han tenido interés en restituir la memoria de los asesinados, a pesar de las evidencias. El Estado español no ha hecho nada por aclarar responsabilidades políticas y jurídicas y ahora, cuando el intento de justicia llega desde Argentina, un país que sabe que restañar las heridas es fundamental para seguir adelante como sociedad, su única respuesta es poner obstáculos. Probablemente y como en tantas ocasiones, la Audiencia Nacional se encargará de hacer el trabajo del Estado y denegará la detención y la extradición de los cargos franquistas, como ya hizo con las de 'Billy el Niño' y el capitán Muñecas.

La Audiencia Nacional consideró que los delitos de los dos torturadores han prescrito y, además, eran casos aislados. Es decir, desdibujó la represión del régimen franquista como si los episodios de violencia hubieran sido responsabilidad de sus autores materiales y no fruto de la decisión política de una dictadura de imponer su voluntad a la sociedad durante más de 40 años mediante la represión y la violencia. Sin embargo, estamos obligados a recordarles, que según la jurisprudencia internacional estos delitos no prescriben.

Está claro que el PP que tuvo a Fraga de presidente honorífico hasta su muerte no ha querido remover este caso. En el que en la falsa y amarga dicotomía de “los nuestros y los otros”, considera de “los suyos” a los que hoy reclama la Interpol. El PP no puede obviar su intento de patrimonializar a las víctimas, no puede esconder que solo considera victimas a los asesinados por ETA. Con el resto, prefiere olvidar y pasar página cuanto antes.
 
Todavía en 2014, 38 años después de los asesinatos, se les puede oír defender a los “suyos”, como hizo el otro día el parlamentario Iñaki Oyarzabal, gasteiztarra y secretario de “libertades” del PP (qué ironía); o como ha hecho más recientemente el Gobierno de Rajoy, que niega la detención de Martín Villa solicitada por la Interpol sin un recuerdo a las víctimas, ni siquiera por compromiso. Iñaki Oyarzabal eximió de responsabilidades a los políticos franquistas señalando a los policías que dispararon como únicos culpables, con la eximente de que estaban arrinconados por la turba trabajadora. Parece olvidar que el inicio de la masacre fue gasear a los trabajadores en el interior de la iglesia.

El Gobierno del PP tardó pocas horas en responder a la orden de detención; en responder que no, claro. Lo hace amparado en la prescripción de los delitos (que no prescriben) y en esa mal llamada Ley de Amnistía, considerada internacionalmente como de punto final y que en múltiples ocasiones ha sido solicitada su abolición desde organismos internacionales.

No nos sorprende esta actitud, ya que no podemos olvidar que el propio Gobierno español tuvo la desfachatez de recurrir el decreto de ayudas a las Víctimas de Abusos Policiales del Gobierno vasco, lo que suponía el reconocimiento formal al dolor de tantas familias.

Después de tantos años, es evidente que se agradece el esfuerzo hecho por la juez Servini, pero no termina de cubrir el vacío que existe de reconocimiento en el Estado español, que es el que causó el daño. Además, sonroja que el intento de reparación tenga que venir desde Argentina. En 2014 seguimos sufriendo las consecuencias de que Franco muriera en la cama, de que Juan Carlos de Borbón jurara los principios del Movimiento, del Tejerazo, de una transición con ruido de sables que en realidad no fue tal. Hubo quien pasó de fascistas a “demócrata de toda la vida” y encima se permiten el lujo de dar clases de democracia.
Lo mismo que una mentira mil veces repetida no se convierte en verdad, no reconocer los hechos no los cambia y hoy podemos celebrar que ya existe una sentencia judicial que afirma que Arias Navarro, Fraga Iribarne y Martín Villa “ordenaron una represión brutal contra trabajadores que se manifestaban en el centro de la ciudad de Vitoria”. Es decir, fueron los culpables de sus asesinatos, igual que Alfonso Osorio García y Jesús Quintana Saracibar. Si la justicia española funcionase igual para todos, serían sancionados con “penas de reclusión o prisión perpetua” por los asesinato de Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Pereda. Esos son los hechos. Y los y las gasteiztarras lo sabemos.