Acabo de leer el libro “Saliendo del Olvido” del Gobierno Vasco sobre las víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978. Son las conclusiones de la Comisión de Investigación que se ha limitado a cumplir el mandato del Decreto 107/2012. Ha analizado los 239 casos presentados, convalidando a 187 de ellos. Resulta una cifra pobre para lo que fue la represión franquista en ese período, pero da fe del terrorismo ejercido por el Estado, aunque el Decreto prefiere hablar de «abusos policiales». ¡Algo es!  Aún así, el Decreto está recurrido por el Gobierno central.

La vista del resultado nos reafirma en las críticas dirigidas en su día al Decreto. El PNV prefirió tomar como referente el Proyecto de la legislatura de Patxi López, poco amigo de abrir cuentas al franquismo, en lugar de coger la Ley de Víctimas del Gobierno tripartito de Ibarretxe, más completa. No comprendemos el silencio del partido jelkide sobre ésta y sus resultados que deben haber acabado en algún cajón de Lakua. Lo mismo que la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, partía del franquismo de 1936.

Un proyecto para la Paz y la Convivencia no puede acotar la historia de la violencia arrancando arbitrariamente de 1960, silenciando un período que pesa todavía como una losa en la sociedad. El franquismo constituye una unidad histórica en su totalidad, con su origen bélico, su continuidad en vida del dictador y el posterior proceso de la mal llamada Transición, larvada de franquismo en la propia Constitución.

Es cierto que Jaurlaritza a través de Gogora y Aranzadi preside exhumaciones, subvenciona un banco de ADN, etc. Pero, los Decretos del Plan de Paz y Convivencia de forma contradictoria saltan la sublevación bélica y los veinte años de la Dictadura, cuando son los años más necesitados de sacarlos del olvido. Por ello, el titular “Saliendo del Olvido” es pretencioso. Las premisas del Decreto importan mucho. No son un lapsus. Tienen su intencionalidad proviniendo como provenía del PSE: reservar para las víctimas de ETA la calificación de terrorismo y librar de ella a la ejecutoria franquista. Como quien no quiere la cosa, los decretos marcan y desfiguran el relato.

Las 187 víctimas reconocidas constituyen sólo la punta del iceberg. Hay pueblos que dan una cifra mayor. Seguramente no representa ni la centésima parte de la realidad. La Fundación Aranzadi habla de 5.000 torturados; aquí figuran sólo 72. Los autores del informe evitan proyectar cifras aproximadas. Esta precariedad se debe entre otras razones a que la convocatoria pasó desapercibida. Ibarretxe convocó a una asamblea informativa en Euskalduna. Esperemos que los 20 casos inscritos fuera del plazo sean repescados automáticamente por el nuevo proyecto.

El Decreto y por ende, el Documento tienen otra laguna garrafal: el silencio sobre las cárceles y las condenas de los Sumarísimos militares y Tribunales de Orden Público. Silenciar esta parte de la represión supone reducir substancialmente el número de víctimas. Atenta contra la verdad y la justicia. No sólo los delitos de sangre o de lesiones violan los derechos humanos, también la privación de libertad o las condenas de cárcel.

La cárcel ha sido de los mecanismos fundamentales de la represión franquista en cualquiera de sus etapas. Sobre todo, en el tardofranquismo, toda una generación de combatientes pagó con la cárcel su resistencia a la dictadura. ¿Cuántos miles de jóvenes, cuántos años de reclusión en total? ¿Cómo calificar los tribunales de la dictadura? Toda Ley de la Memoria que se precie, exige la abolición de tales sentencias. Pero los decretos ni siquiera reparan en un delito que puso a prueba tantas vidas. ¿La razón de la omisión? Como no sean razones económicas para la reparación, como las tuvo el Proyecto de Ibarretxe en forma de recortes…

Tras este balance, se anuncia para el próximo año un nuevo Proyecto que abarcaría el período de 1979 a 1999, en la misma línea del anterior. En primer lugar, no se entiende la manía de trocear la historia como un embutido. ¿A qué tienen que esperar las vulneraciones de derechos de los años 2000 a 2017? Es  cuando funcionó a tope la doctrina «todo es ETA» y se prodigaron años de cárcel preventiva que terminaron en nada, caso de la dirección de Egunkaria;  detenciones como la de los 10 dirigentes de Bateragune con Otegi y Rafa Díez, y de tantos otros jóvenes militantes. Mejor no hablamos del caso Cabacas. ¿Para cuándo?

El nuevo Decreto mantiene nuevamente el silencio en torno a la cárcel. Atiende sólo los abusos policiales con resultado de muerte o lesiones físicas, pero no contempla los abusos de la Judicatura. Aquí, sí veo la razón del silencio: ¿cómo acusar de «abusos judiciales» a los Tribunales de Justicia en una democracia? Ahí le tenemos a la Audiencia Nacional acusando de terrorismo a los jóvenes de Altsasu.

El hecho es que el tema carcelario está en la agenda vasca, no así en la española. Pero, ante la violación de derechos humanos ha de prevalecer la denuncia más que la reivindicación de  transferencias. No se respeta la división de poderes y sufrimos políticas de excepción basadas en la venganza, la dispersión de los presos, la sevicia contra los presos enfermos, la ley Parot, etc. Queda tanto por rectificar, que es imposible avanzar, si no se produce un cambio profundo en el Gobierno central. Es lo que toca apoyar y lo que posibilitaría una Ley Integral de la Memoria Histórica más justa, basada en los Derechos Humanos, superando tanto decreto parcial y partidista.