La primera medida concierne el abandono de las políticas de austeridad y la apuesta decidida por políticas de crecimiento económico y creación de empleo, a imagen del plan de inversión de 315 mil millones de euros presentado por el presidente de la Comisión Europea. Dicho plan, basado en la creación de un Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas de 16 mil millones de euros y de una aportación de 5 mil millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, aspira a movilizar la financiación privada gracias a la cual la Comisión prevé crear más de un millón de empleos en tres años.

La segunda medida alude a la instauración de una armonización fiscal, sobre todo en materia de impuesto de sociedades, y a una regulación creciente de los sistemas impositivos para evitar el dumping fiscal, por una parte, y luchar eficazmente contra las prácticas de optimización fiscal de las grandes multinacionales, por otra parte. El escándalo Luxleaks ha puesto de manifiesto los acuerdos firmados por Luxemburgo y 340 multinacionales para que estas últimas puedan repatriar y declarar los beneficios realizados por sus sucursales en el Ducado, sabiendo que la tasa impositiva es únicamente del 2%. Esto supone notables pérdidas de ingresos fiscales para los demás Estados.

La tercera medida se refiere a la necesidad de practicar una inversión pública selectiva e inteligente en sectores de futuro tales como las nanotecnologías, las biotecnologías, la economía verde o las tecnologías de la información y de la comunicación. Estos sectores, además de valorizar el capital humano (el nivel de cualificación de los jóvenes actuales es superior al de las generaciones anteriores), fomentar la innovación empresarial y ofrecer un alto valor añadido a los productos, servicios y procesos, son susceptibles de crear empleos estables, bien remunerados y no deslocalizables.

La cuarta medida concierne el fomento de la colaboración entre empresas y universidades, tanto públicas como privadas, asegurando una comunicación fluida, un intercambio de información y un conocimiento mutuo de las necesidades respectivas. Más allá, esa colaboración debe desembocar en una cooperación efectiva sinónimo de 1) adecuar los contenidos académicos y métodos de aprendizaje a las necesidades del mundo empresarial, 2) desarrollar las prácticas en empresas que sean formativas, tutorizadas y remuneradas, y, sobre todo, 3) apostar decididamente por la formación dual que permite a los jóvenes alternar periodos formativos en las aulas con prácticas en empresas.

La quinta medida está relacionada con la mejora del diálogo social y de la negociación colectiva, lo que implica voluntad de los agentes sociales, confianza mutua de los actores involucrados, apoyo de las instituciones y capacitación de los interlocutores. Más allá, es preciso pasar de una lógica de confrontación a una lógica de cooperación así como de una dinámica de ganador-perdedor a una dinámica de beneficio mutuo. Los países que gozan de un diálogo social fluido y de una negociación colectiva eficaz son aquellos que compaginan un alto nivel de cohesión social con una elevada competitividad sinónimo de crecimiento económico y creación de empleo.
Sexta medida: alude al necesario empoderamiento de los jóvenes que se encuentran actualmente en una situación de vulnerabilidad ya que padecen desempleo, contratos temporales y bajos salarios. Ese empoderamiento implica una concienciación sobre las razones de su situación, un incremento de su autoestima, una organización progresiva y una movilización efectiva para que tanto los decisores públicos como los empresarios apuesten decididamente por el empleo juvenil permitiéndoles realizar prácticas, dándoles una primera oportunidad laboral y reconociendo sus competencias.

 
La séptima medida consiste en el fomento de empresas, tanto públicas como privadas, que sean más horizontales (evitando una organización y un funcionamiento demasiado jerárquicos) y participativas en las cuales los trabajadores, que gozan de conocimiento práctico y de bagaje académico, puedan ser escuchados y tomados en consideración por las directivas. Eso desembocará en una participación creciente de los trabajadores en la toma de decisiones, lo que favorecerá la comunicación, implicación y cooperación de todos los actores, independientemente de sus puestos de trabajo y edad.

La octava medida alude a la renovación de la gobernanza, sea cual sea el nivel institucional, aclarando las competencias respectivas, mejorando la eficiencia de la gestión pública y evaluando las políticas públicas. Esto propiciará la eficacia de la intervención pública, mejorará la comunicación y cooperación interinstitucional e interdepartamental (en el seno de una misma administración) y favorecerá la colaboración público-privada de la que se beneficiarán también los jóvenes.  
La novena medida está relacionada con la reducción de los obstáculos reguladores y burocráticos a la movilidad de los jóvenes, especialmente en el seno de la Unión Europea. Favoreciendo la homologación de los títulos académicos, la armonización fiscal o la equiparación social, para que los años de cotización a la Seguridad social y al sistema de pensiones sean tomados en consideración en el país de acogida, los jóvenes podrán desplazarse a países ajenos, durante un periodo más o menos largo, para estudiar, adquirir una primera experiencia laboral o desarrollar su carrera profesional.

La décima medida concierne el desarrollo de la cooperación transfronteriza en los ámbitos universitarios y empresariales. Además de propiciar la movilidad de los estudiantes, profesores e investigadores así como de los trabajadores y empresarios, creará sinergias y nacerán proyectos novedosos. La reciente firma de una alianza estratégica entre la Universidad del País Vasco y la Universidad de Burdeos, con la perspectiva de construir un Campus Eurorregional Aquitania-Euskadi, es buena prueba de ello. El Espacio Europeo de Educación Superior ofrece nuevas oportunidades de desarrollo a la dinámica transfronteriza creando puntos de encuentro, visiones comunes y proyectos compartidos.  

Por último, es preciso tener una visión prospectiva que permita anticipar las principales evoluciones en cuanto a sectores de futuro, necesidades de las empresas y evoluciones demográficas. En efecto, el incremento de la esperanza vital y la baja natalidad se traducirán en los años venideros por un incremento de jubilados y una disminución de activos, lo que desembocará en una dificultad creciente para responder a las necesidades de mano de obra de las empresas, financiar el Estado de Bienestar y atender a las personas dependientes. Gracias a una visión prospectiva, tanto las empresas como las administraciones públicas podrán tomar medidas, desde ahora mismo, para enfrentarse a estas situaciones o, al menos, paliar sus efectos indeseados.

La aprobación de estas medidas, junto con muchas otras, permitiría enfrentarse con un mínimo de garantías al reto que representa el desempleo juvenil.