La dinámica Orain Presoak, formada por miembros de la sociedad civil diversa y plural, convoca a toda la sociedad vasca a una manifestación para el próximo sábado 20 en Donostia con el objeto de pedir que el Gobierno y Estado españoles cumplan su propia ley, los DDHH y resoluciones internacionales con respecto a los más de 200 presos de ETA, más concretamente en cuanto a la excarcelación de los presos graves y de los de edad superior a 70 años, al acercamiento a cárceles vascas del resto, a la facilitación de la progresión de grado y al cómputo de penas cumplidas en otros Estados, como por ejemplo, en el francés.

Según la encuesta de EITB Focus del 29/05/18, en CAV y Navarra, el 77% considera que el Gobierno español debería traer los presos de ETA a Euskadi o lo más cerca posible, mientras que en el lado contrario, solamente un 8% se muestra disconforme con este acercamiento. Un 14,7% no sabe o no contesta.

Es comprensible la negación del 8% y las dudas del 14,7%. El sufrimiento causado por ETA a tantas personas durante tantos años ha dejado en mucha gente un amargo poso de odio, rabia o desprecio hacia sus miembros que les hace decir eso de «que se pudran en la cárcel». Lo entendemos. Sin embargo, también pedimos hacer un pequeño ejercicio de empatía, si es posible. Tengamos en cuenta que, de la misma forma que cualquiera puede ser víctima de un crimen, también puede ser un victimario. Cada cual tiene un límite para pasar de no serlo a serlo, según sean sus circunstancias personales y ambientales, tales como el contexto político, social, etc. Estas no justifican ciertas acciones, pero pueden hacer comprenderlas, explicarlas. Como víctimas, seguro que creemos que el victimario merece la peor de las penas, la mayoría tendemos a pensar así. Sin embargo, como victimarios, si lo fuéramos, pediríamos unas penas proporcionales, humanas y humanizantes, así como condiciones adecuadas y oportunidad de cambio y reconocimiento del mal causado, sobre todo si conociéramos la mella que el paso por la cárcel hace en la psique de las personas. El exceso de sufrimiento por alargamiento infundado de penas poco tiene que ver con la justicia.

Además de lo anterior, en el caso de alejamientos, no debemos olvidar que personas ajenas a los hechos punibles, tales como familiares, están sufriendo, innecesaria e injustamente, interminables viajes con riesgo de accidente para ejercer su derecho a visitar a sus presos, pudiendo cumplir condena mucho más cerca. Si el castigo es la ausencia de libertad, ¿por qué añadir más sufrimiento gratuitamente?

Debemos tener en cuenta que quienes en su día pedían el fin de la violencia lo hacían, consciente o inconscientemente, para vivir en una sociedad mejor, siendo el significado de ese «mejor» una sociedad post-barbarie en paz y convivencia de toda la ciudadanía, no en una sociedad vengativa y ensañada con quienes conculcaron derechos. Es decir, no puede entenderse lo uno sin lo otro. La sensibilidad que movilizó a la sociedad contra ETA debe ser la misma que la movilice a favor de la convivencia, la reintegración y el cumplimiento de la palabra tantas veces dada de que una vez ETA desmovilizada se resolvería el problema de los presos. Por ello, los poderes del Estado deben ser los primeros en dar ejemplo promoviendo la reintegración según su palabra dada, la ley y los valores de los derechos humanos. Su legitimidad ante la sociedad y ante quienes conculcaron derechos se gana cumpliendo los principios del Estado de derecho. Y solo por eso, por exigir un auténtico Estado de derecho y una sociedad mejor, merece la pena. Un ejemplo de incumplimiento de la ley y de muestra de falta de seriedad y credibilidad del Estado es la alegalidad de los requisitos últimamente exigidos a los presos para pasar del primero al segundo grado. Según un reciente estudio del Foro Social Permanente, se están denegando solicitudes de cambio de grado sin ninguna fundamentación legal, lo cual es inaudito en un Estado social y democrático de derecho. No solo eso, sino que se están rechazando reconocimientos individuales del daño causado como no sinceros. ¿Para qué o por qué, entonces, la insistencia en pedir reconocimiento del daño?

Por último, el reciente informe del Gobierno Vasco sobre torturas, según el cual esta práctica fue habitual en las detenciones de presos de ETA, arroja un velo de sospecha sobre la validez, justicia y legitimidad de las sentencias dictadas, teniendo en cuenta que en las cárceles hay reclusos que las sufrieron.

No olvidamos a las víctimas, quienes merecen sincero reconocimiento del dolor sufrido, que solo ellas saben cómo es, por mucho que digamos que empatizamos. Pero ello no significa que se les deba satisfacer sus comprensibles deseos de socializar el dolor tratando de que los presos no salgan nunca de la cárcel, de tenerlos alejados a cientos de kilómetros, y que no puedan cambiar de grado, ya que son castigos sobreañadidos al de ausencia de libertad, castigos sin fundamento, arbitrarios y gratuitos infringidos a los presos y sus familiares, víctimas inocentes de actos ajenos.

Cuando el filósofo Locke ideó la separación de poderes del Estado liberal, pensó en el poder judicial imparcial que superara la tendencia natural de la víctima de un crimen a ser juez en su propia causa y excederse en la respuesta a la ofensa. Por eso el Gobierno debe no estar constantemente pendiente de si lo que hace satisface a las víctimas o no. Pero también reconocemos, admiramos y agradecemos la actitud de algunas víctimas por aceptar nuestras peticiones como apropiadas y justas.

Por todo ello, pedimos a los convencidos y a los convencibles que este sábado 20/10 se movilicen por los mismos valores por los que se supone que se mostraron y se muestran en contra de la violencia: la democracia y su fundamento, los DDHH, pues solo una sociedad que responde ante la barbarie en coherencia estricta y escrupulosa con los valores que la inspiran y predica es una sociedad que se legitima y fortalece moralmente ante cualquiera que los viole.