En estos días, dos personas que pertenecen a la dirección de Osakidetza integradas en la asociación SEDISA (Sociedad Española de Directivos de la Salud) han realizado una entrevista a doble página en un medio de comunicación de gran difusión, defendiendo la gestión de Osakidetza.

Curiosamente, a lo largo de la entrevista, no nombran la sanidad pública, aunque los dos gestores entrevistados ostentan cargos importantes de responsabilidad en Osakidetza (subdirectora de calidad y gerente de la OSI de Galdakao). Quizás la explicación esté en que la asociación SEDISA, a la que representan, sea una fundación con mucha participación de gestores de la sanidad privada y la industria farmacéutica, por lo que en todo su discurso flota esa idea tan en boga hoy en día de la colaboración público-privada como paradigma de eficacia y modernidad.

Un ejemplo es la decisión de Osakidetza de derivar cientos de pacientes a la sanidad privada para paliar unas listas de espera disparadas. Medida que debilita la sanidad pública tanto por desviar gran cantidad de dinero público, el de todos y todas, a clínicas y hospitales privados que solo buscan el beneficio y hacer negocio con nuestra salud, como porque conllevará un mayor gasto para las arcas públicas que si las intervenciones y pruebas se realizaran con medios y personal propios. El problema de las listas de espera no se soluciona concertando con la privada sino reforzando la sanidad pública.

Al igual que el lehendakari Iñigo Urkullu y la Consejera de Salud Gotzone Sagardui, estas personas directivas no aceptan que uno de los problemas de la sanidad pública es su infrafinanciación. En la CAV, para poder atender las necesidades crecientes de una sociedad envejecida, con un aumento de las cronicidades y de pacientes con pluripatologías y cuidados más complejos, se necesita incrementar el presupuesto sanitario en 1678 millones de euros; cantidad con la que nos equipararíamos a países del entorno cercano con similar capacidad económica a la nuestra. Además, es necesario incorporar la perspectiva de género y el enfoque social y comunitario para reestructurar el sistema sanitario y redistribuir los recursos, que ponga a la Atención Primaria en el centro del sistema, incrementando su presupuesto del 14% actual al 25% del presupuesto sanitario, como recomiendan la OMS y numerosas sociedades médicas, lo que mejoraría los niveles de salud de la población. No podemos olvidar que atiende el 80% de las necesidades de salud de la población y que debe ser la herramienta fundamental para garantizar una atención sanitaria integral para todas las personas; que además de calidad asistencial, también sea el motor de un modelo de sanidad comunitaria, con perspectiva social, de género, basada en la prevención y en la promoción de la salud.

Los representantes de SEDISA reconocen la importancia de la Atención Primaria, pero no abordan los problemas de fondo, los problemas estructurales que padece. Entre otros, que se han ido perdiendo valores importantes-esenciales de la Atención Primaria y la Medicina de Familia como, por ejemplo, la accesibilidad, es decir, garantizar que cada persona, cada demanda, cada necesidad sea atendida en tiempo y de la forma que precisen; o la longitudinalidad, la continuidad de ser atendido por un mismo profesional, hoy imposible debido a la altísima temporalidad del sector, por encima del 50%. O que sea una quimera cualquier intento de llevar adelante planes de prevención o de fomento de la salud, o de actuar sobre los determinantes de la salud.

Nos hablan de mejorar la relación entre los usuarios/as y el personal sanitario, pero, inmediatamente, recomiendan avanzar en la asistencia no presencial («en diferido», según la Consejera Sagardui) por medio de herramientas tecnológicas que, además de disminuir la calidad asistencial, aumentan la brecha digital, desplazando del sistema público a personas vulnerables. Es evidente que la atención presencial es fundamental para realizar un buen diagnóstico y seguimiento del paciente. Sin embargo, tras la pandemia, la atención telefónica se ha incrementado y priorizado en detrimento de la atención presencial.

A lo largo de la entrevista es imposible encontrar una sola crítica a la gestión realizada por el Gobierno Vasco que ha conducido a la sanidad pública al borde del colapso, con listas de espera inaceptables, al mismo tiempo que viene produciéndose un auge de la sanidad y seguros privados. Dinámica que avanza hacia el modelo neoliberal de EEUU, que es mucho más caro, ofrece peores niveles de salud y crea un sistema fragmentado, clasista y dual: uno para ricos y otro para pobres y ancianos.

Para los directivos entrevistados, en Osakidetza los problemas parecen caídos del cielo y los asumen como algo natural, obviando que forman parte de un plan diseñado para desmantelar la sanidad pública, en cuyo diseño han participado, en calidad de directivos. Entre otros, en el Plan Estratégico de Osakidetza 2023/2025 o en la creación de Unidades de Gestión Clínica, auténtico Caballo de Troya para privatizar la sanidad pública.

Por otra parte, para hacer frente a la situación de «falta de médicos y médicas» y para garantizar la seguridad del paciente, dicen, proponen medidas ya expuestas por la Consejera de Salud y que formaban parte de un estudio pagado con más de 40.000 euros de dinero público a la empresa-consultora privada Grant Thornton especializada en realizar propuestas para allanar el camino a la privatización de la sanidad pública. Por cierto, empresa en la que ha colaborado la actual Directora Gerente del Hospital Cruces. Desplazarse con más frecuencia a otras localidades para recibir atención, desarrollo de la atención telefónica e implantación de consultas telemáticas, formaban ya parte de aquel eufemístico «cambio cultural en nuestra relación con los servicios sanitarios» que tanto revuelo provocó el verano pasado.

Nos hablan de su preocupación por garantizar la seguridad del paciente, pero todos y todas sabemos que actualmente crecen los centros sanitarios sin personal médico, atendidos solamente por personal de enfermería, deteriorando la calidad asistencial con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas usuarias, como ha evidenciado el reciente caso de Plentzia.

Proponen medidas para profesionalizar la labor de los cargos directivos, dotándoles de herramientas economicistas, de libre mercado, para gestionar la sanidad pública. Medidas ya formuladas en el "Plan Osasuna Zainduz de Iñaki Azkuna", en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que introduce el "Contrato Programa" o en las citadas Unidades de Gestión Clínica de Rafael Bengoa y que introdujeron criterios de gestión como la competitividad entre centros, la reducción de costes, la figura del «cliente», la sanidad como negocio y no como un derecho fundamental, el clientelismo (recordemos las denuncias sindicales por las irregularidades en las OPEs), el empeoramiento de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, o el cobro de incentivos por resultados logrados que solo buscan el ahorro económico en detrimento de la calidad a través de reducir la estancia hospitalaria, por reducir el número de usuarios y usuarias que se derivan a la Atención Especializada desde el Centro de Salud, o la reducción de los ingresos en las urgencias hospitalarias.

Nos quieren robar la Sanidad Pública, para entregarla a empresas privadas que solo buscan la rentabilidad económica. Por ello, llamamos a toda la ciudadanía y a las organizaciones sociales a sumarse a la manifestación del 11 de noviembre para defender una sanidad 100% pública, y exigir al Gobierno Vasco, al PNV y al PSE-EE que paralicen sus políticas de desmantelamiento y privatización, también hacemos un llamamiento a sumarse a la Huelga General Feminista del próximo 30 de noviembre en defensa de un sistema de cuidados público-comunitario.