La CEE se constituyó en 1957. Su objetivo declarado era evitar que se produjera otra guerra entre los países europeos, evitando así situaciones como las dos guerras mundiales que se produjeron en la primera mitad del siglo XX. Lo pretendía realizar por medio de la unión económica de los diversos países, de tal forma que se produjera una unión de intereses que impediría pensar en otra guerra. Los países que formaron parte fueron Alemania (Occidental), Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Tuvo su precedente en la CECA (Comunidad Económica del Carbón y el Acero), constituida en 1951. La CECA perseguía los mismos fines, pero se restringía al sector del carbón y el acero, mientras que la CEE incluía a todos los sectores económicos. El 1 de noviembre de 1993 entró en vigor el tratado de Maastricht que apostó por una gran integración política en Europa, profundizó la económica, reforzó las instituciones comunitarias con más competencias y creó otras nuevas. Con este acuerdo nació la actual Unión Europea.

Su teoría se basaba en el pensamiento económico neoliberal: el librecambio de los mercados internacionales para favorecer a todas las partes, de tal forma que por la regulación del libre mercado se conseguía que la desigual situación de partida se transformara con el tiempo en una situación donde se igualaba la situación de los diversos participantes. Esta es una teoría que nunca ha tenido comprobación empírica. La experiencia de la unificación de varios países (Alemania, Italia, Estados Unidos) que tuvo lugar en el siglo XIX sería la teoría opuesta; la consecución de un mercado nacional se consiguió generando grandes diferencias entre las diversas zonas geográficas. Así, es conocida la diferencia entre el Norte y el Sur de Italia y Alemania, y el Este y la zona Sur-centro de Estados Unidos.

Su fundamento es la teoría de Ricardo de los costos comparativos internacionales. Según esta teoría, incluso en una situación inicial en la que un país produce con menores costes en todos los sectores, por medio del libre cambio, todo país encuentra un producto que puede exportar. Ello se consigue por medio del librecambio internacional y por el ajuste que el mercado genera en los tipos de cambio de las monedas nacionales. Esta es una teoría inconsistente, dado que lo importante son los costos absolutos (quién es capaz de producir más barato) y no los costos relativos.

La realidad, sin embargo, es la opuesta a lo que dice esta teoría. De hecho, los países industriales desarrollados (Alemania, Estados Unidos, también Gran Bretaña al inicio de la Revolución Industrial), consiguieron ese desarrollo tomando medidas proteccionistas, hasta que consiguieron una industria competitiva internacionalmente. A partir de esa situación aplican el libre comercio, porque están en una situación que les favorece. Lo mismo ha sucedido con otros países de Oriente (Corea del Sur, Japón, etc.)...

El resultado en la UE ha sido que las divergencias entre los diversos países se han incrementado. Es el resultado lógico: el librecambio favorece a los países más fuertes, y son estos los que consiguen las mayores ventajas. Esta teoría es darwinismo social, o la «ley de la selva», donde el fuerte se come al débil. Solo beneficia a los grandes. La realidad ha demostrado que las diferencias se incrementan en vez de disminuir.

Debemos señalar además que la implantación del euro no hizo sino agravar estas diferencias. Con diversas monedas nacionales, la divergencia que surgía se podía corregir mediante el mecanismo de la devaluación de la moneda del país más débil. Esto tenía efectos secundarios negativos, pero estos eran limitados. Al adoptar el euro como una única moneda para toda la UE, la devaluación no se puede utilizar y el ajuste se produce mediante lo que se conoce como «devaluación interna». Con esta última se producen mayores efectos negativos: se produce una pérdida de poder adquisitivo de toda la población en general. En Grecia, por poner un ejemplo real y cercano en el tiempo, la pérdida del poder adquisitivo se redujo hasta el 30%. Por lo tanto, la devaluación interna, como ya hemos dicho, todavía favorece más a los más fuertes, tanto países como sectores sociales, perjudicando a los más débiles (trabajadoras/es y otros sectores proletarizados, pequeña burguesía incluida).

En la UE, el papel que se asigna al Estado español es el de ser proveedor de servicios, turismo fundamentalmente, sin plantear cómo se puede fomentar la industria y otros sectores de medio o alto valor añadido. Así, el tejido laboral y económico español es de escaso valor añadido y mano de obra barata, precarizada y estacional.

Recordemos que a la crisis de 2008-2012 se reaccionó imponiendo un modelo de austeridad. Los objetivos que se fijaron fueron una deuda pública inferior al 60% del PIB, un déficit público del 3% y una inflación del 2%. Estos objetivos se fijaron antes de la crisis. Antes de la crisis, el Estado español los cumplía, pero con el estallido de la crisis en general y de la burbuja inmobiliaria en particular, estos objetivos dejaron de cumplirse. La elección de estos límites es absolutamente arbitraria, siendo numerosos los países que superan esos límites fijados y que se considera que su situación es correcta financieramente, por ejemplo, los Estados Unidos. La consecuencia de la austeridad fue el debilitamiento de los servicios sociales como la sanidad, educación, vivienda, protección del desempleo y protección social en general. Además, se aprovechó la crisis para aprobar unas reformas laborales muy lesivas para la clase trabajadora. Una la realizó el PP y otra el PSOE, pero ambas iban en la misma dirección: pérdida de derechos por parte de los trabajadores, beneficiando así a las empresas y al capital, con el objetivo de incrementar la tasa de ganancia empresarial.

Tras la pandemia originada por el covid-19, se reaccionó con un fuerte apoyo público de ayudas, para evitar un gran deterioro de la situación económica. Esto no fue más que un breve paréntesis. En seguida hemos vuelto otra vez a la política de austeridad. Como decíamos, tras la crisis del covid-19 se crearon los fondos Next Generation para apoyar la transición energética y medioambiental. Eso es lo que decían, pero en la práctica solo están sirviendo para seguir apoyando a las grandes empresas y favorecer la industria nuclear, haciéndola pasar por verde. No pueden sino dejar claro que se trata de «greenwashing», de pura propaganda, que no responde a lo que hacen realmente.

Uno de los grandes déficits de la UE es la tributación de las actividades empresariales. La tributación en todos los países se caracteriza por una tributación muy superior de las rentas de trabajo en contrapartida a la tributación muy inferior de las rentas del capital (rentas del ahorro, dividendos y rentas inmobiliarias). Además, hay países que son guaridas fiscales (cloacas fiscales que diría Miguel Urbán). Estos países tienen una tributación muy inferior, en las rentas empresariales y en las rentas del ahorro a la que se aplica en otros países. Por ejemplo, Irlanda y Luxemburgo.

El tratamiento que se da a la situación económica es totalmente distinto al que se da a las cuestiones sociales, como salario mínimo, asistencia social, población en riesgo de pobreza y de desigualdad social. En materia económica (librecambio y los límites antes citados) son de obligado cumplimiento, mientras que los temas sociales son simples recomendaciones. Si no se cumplen las condiciones económicas, un país se arriesga a sufrir sanciones, mientras que si no cumple en materia social no pasa absolutamente nada. El tratamiento de la cuestión económica y la social, es por ello absolutamente asimétrica. Lo que beneficia a las grandes empresas es obligatorio, mientras que lo que puede favorecer a la mayoría de la población son simples recomendaciones. Esta es la prioridad y es un claro ejemplo de los fines que persigue la UE.

Por todo ello, los beneficiados de la actuación de la UE han sido las grandes empresas y los grandes capitalistas. Desde que se fundó la unión se ha seguido una política neoliberal, que favorece a unos pocos, mientras la mayoría de la población ha visto empeorar su situación. Por ejemplo, en los últimos 40 años se ha incrementado la desigualdad. Tanto la riqueza como los ingresos cada vez se han concentrado en menos manos, mientras disminuía la participación de los sectores más bajos. Mientras el 1% más rico ha incrementado su porcentaje de la riqueza y de los ingresos, los sectores menos pudientes han reducido su porcentaje.

A nivel de los grandes partidos (socialdemócratas y derecha tradicional) han apoyado por igual esas políticas. Nunca han cuestionado estas políticas de la UE. Como ejemplo, la actuación de Nadia Calviño, exministra de Economía con Pedro Sánchez, ha formado parte de la burocracia europea, favoreciendo y promoviendo las políticas de la UE. Fue grave la modificación constitucional propuesta por Zapatero del artículo 135, priorizando el pago de la deuda exterior del Estado español, aunque tal deuda sea ilegítima y ponga en peligro el bienestar de los ciudadanos.

En la década de los 80 del siglo pasado se planteaba que Europa o Japón pudieran sustituir a la hegemonía norteamericana. El tiempo ha demostrado que ello no ha sucedido. Actualmente, la UE es una marioneta de los Estados Unidos. En política internacional es incapaz de actuar con voz propia y en ningún caso se desmarca en algo fundamental de los norteamericanos. Lejos de actuar con voz propia, la UE son 27 países, cada uno con su opinión y la toma de decisiones, donde ponerse todos de acuerdo es muy costoso en el tiempo. La guerra de Ucrania y el genocidio de Israel en Palestina son una buena muestra de ello. Y a esto le añadimos la preocupante derechización de las políticas que se realizan hoy en Europa. La extrema derecha está consiguiendo avanzar con su agenda: xenofobia en política migratoria, militarismo, marginación y criminalización de las reivindicaciones sociales, con el consiguiente olvido de las necesidades de la mayoría de la población.

En estas circunstancias es imposible plantear una reforma de la UE que favorezca a la clase trabajadora. No es posible hacer cambios que supongan un cambio de rumbo que favorezca a la clase obrera y a la mayoría social. solo podemos plantear una transformación radical de la UE. La actual correlación de fuerzas no es la más favorable para ello, pero por eso debemos empezar a construir movimientos que confluyan en la lucha por una Europa de las trabajadoras. Se debe partir de las luchas locales y nacionales, junto a una visión internacionalista y global europea. Muchas medidas nos vienen impuestas de Europa, como las medidas de austeridad. Por ello el marco de oposición también debe ser europeo. Uno de los errores en Grecia en 2015 fue no intentar crear un marco europeo de solidaridad, en la línea de oposición a las medidas de austeridad. Ello no hubiera garantizado el éxito, pero hubiera dado un mayor impulso a sus reivindicaciones y lo hubiera puesto más difícil a la burocracia europea para mantener sus posiciones.

La prioridad no debe ser el beneficio de las empresas sino la atención a las necesidades de la mayoría de la población, tratando a todos por igual, sean nacionales o emigrantes. El objetivo debe ser atender las necesidades básicas: vivienda, sanidad, educación, eliminar las desigualdades sociales, acabar con las desigualdades de género, lucha contra el cambio climático con una política ecosocialista, por medio de un desarrollo justo, sin desigualdades y sostenible. Para ello se debe empezar desde la base, la construcción debe ser de abajo hacia arriba y con una mirada internacionalista. Es la única forma de perdurar en el tiempo. Y sin rebajar ninguna reivindicación social, tal y como por ejemplo, hizo Melenchon en Francia con la agrupación Nupes, que aun consiguiendo un buen resultado electoral en las últimas elecciones e integran a los partidos tradicionales de la izquierda (socialistas y comunistas) fue precisamente a costa de rebajar sus reivindicaciones. Ahora, para las elecciones europeas cada partido va por su lado, con la pérdida de fuerza que ello supone. La rebaja de las reivindicaciones no es útil ni sirve para nada. Lo único que se consigue moderando las reivindicaciones es jugar en campo del enemigo, aceptando lo que las derechas proponen y la progresiva derechización de todas las fuerzas políticas. Se deben mantener las reivindicaciones que se consideren justas al mismo tiempo que se realiza un trabajo con los sectores reformistas de base para hacerles ver que la única salida razonable a la actual situación es una profunda transformación de la sociedad acabando con los privilegios de unos pocos. No hay terceras vías o intermedias.