Comsa, como otras empresas españolas, CAF, Edreams, GMV, OSSA y Typsa, es un agente activo que facilita y se lucra con la ocupación y colonización de Palestina. ¿Cómo puede ser eso posible? Parece imposible. Comsa, una empresa constructora, de raíces catalanas y expandida en varios continentes, tiene un Código Ético suscrito el 12 de junio de 2023 y una Comisión Ética aprobados por su Consejo de Administración.

Pero el caso es que licitó y ganó el 27 de septiembre de este año un concurso establecido por las autoridades israelíes para construir, equipar y gestionar la línea azul de tren ligero cuyo itinerario fijado por esas autoridades va desde la Jerusalén ocupada a la colonia Gilo en territorio ocupado palestino.

Por supuesto, las autoridades israelíes, potencia ocupante, previamente expropian y expulsan a los palestinos. El transporte que se facilita a las colonias hace que éstas se expandan y trasladen población de la potencia ocupante a territorio ocupado. Aspectos prohibidos por la IV Convención de Ginebra, Dictamen de la Corte Internacional de Justicia, resoluciones varias de las Naciones Unidas, como la 2334 (2016) del Consejo de Seguridad, etc.

¿Por qué si la actuación de estas empresas, y la de Comsa en particular, violan el derecho internacional y los derechos humanos de los palestinos, siguen haciéndolo? Ahí, la respuesta es la impunidad. Israel, a pesar de los múltiples incumplimientos del derecho internacional es socio de la OCDE, es socio preferente de la Unión Europea y miembro de múltiples organismos que dicen tener un respeto y apoyo al derecho internacional. Al no sancionar todos estos organismos la política israelí, ¿por qué las empresas van a guardar las formas y no lucrarse con la ocupación?

De hecho, ha habido un precedente relevante y en el mismo sector. Hablamos de la empresa CAF, que en el año 2019 fue la ganadora de otro concurso para ampliar y construir las líneas roja y verde de tren ligero entre la Jerusalén ocupada a colonias próximas. Las Naciones Unidas en el año 2020 hizo pública una lista de empresas que actuaban en los asentamientos ilegales israelíes, entre las que estaba la empresa socia de CAF, Shapir.

CAF fue llevada a una instancia de arbitraje de multinacionales por su complicidad con la colonización, llamado Punto Nacional de Contacto (PNC), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El Ministerio de Asuntos exteriores recordó el riesgo jurídico de operar en los territorios ocupados. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fue alertada de la información falsa de la empresa que dijo que su proyecto era en Israel y no en territorio ocupado palestino. Sus auditores, primero Deloitte y, después, EY, conocen estos extremos. Y no pasó nada.

Ocupación, colonización, impunidad y complicidad. CAF no quiso dejar de operar y lucrarse con su proyecto. Incluso licitó para la línea azul que perdió contra Comsa. El PNC no tiene capacidad de juzgar o sancionar y pasa de puntillas de cualquier denuncia a las empresas incumplidoras del respeto al derecho internacional o de derechos humanos, Los otros ministerios afectados integrantes del PNC tampoco quieren sacar conclusiones. Podrían hacer que las plicas de concursos públicos tengan las cláusulas pertinentes para sancionar a empresas que vulneran el derecho internacional y los derechos humanos. De hecho, en las normas establecidas por el Gobierno para beneficiarse de las subvenciones en los ERTEs provocados por la pandemia de la covid-19, incluían la inaccesibilidad de las ayudas a aquellas empresas radicadas en los paraísos fiscales. Es decir, que es cuestión de voluntad política fijar normas que promuevan buenas prácticas y penalicen a las empresas de conductas rechazables.

El CNMV no quiso saber nada, ni rectificar notas de la empresa que inducen a engaño a inversores. Los auditores dan el visto bueno a omisiones o falsedades en la información no financiera obviando que se incumplen las normas internacionales y el respeto a los derechos humanos. Existen organismos que dan sellos de calidad, sostenibilidad y otros que sirven para el lavado de imagen o greenwashing.

Todo este engranaje al servicio corporativo permite, sin mayor coste, que Comsa se atreva a proclamar que sus actividades se desarrollan «bajo el respeto a los derechos humanos y a las libertades públicas, de acuerdo con las leyes y prácticas internacionalmente aceptadas».

Y ante esta ocupación, colonización e impunidad israelí y la complicidad internacional, incluyendo a empresas, organismos reguladores y gobiernos, ¿a alguien le extraña que ante la violencia estructural continua israelí haya estallidos de violencia de los ocupados palestinos?