Con la puesta en marcha del Estatuto de la Moncloa (el llamado «de Gernika» rebajado), el esfuerzo del PNV por instaurar una policía autonómica fue prioritario. Sus impulsos fueron dirigidos a controlar la cúpula de la nueva Ertzaintza y colar entre los agentes al mayor número de afiliados. Roke Retolaza dirigió un núcleo duro, junto a su guardia pretoriana, los «hombres de Berrozi» y con una vocación que fue más allá de la mera actividad policial. Participó, como reveló Xabier Zumalde en sus memorias, en la guerra sucia y en otras tareas ilegales. Joseba Goikoetxea fue condenado por espiar a Carlos Garaikotxea cuando la escisión de EA, y luego indultado post mortem.

Cuarenta años más tarde, aquellos pioneros jeltzales se han jubilado, han fallecido o dejaron el cuerpo policial para dedicarse a la seguridad privada. Cuando Rodolfo Ares fue nombrado consejero de Interior en 2009 abordó una profunda renovación en la cúpula policial para reducir la ya decadente influencia jeltzale.

La trayectoria de la Policía Autónoma ha estado repleta de pulsos permanentes. La penetración de militares españoles fue acatada por el PNV en sus eternos equilibrios con el poder central. José Luis de Pablo Loizaga, comandante del Ejército español y cabecilla de la Policía Armada en los años en que el franquismo pugnaba por la continuidad, llegó a superintendente de la Ertzaintza. Su hijo, Juan José de Pablo Busto, ha sido el único agente autonómico condenado por la muerte de Iñigo Cabacas.

La pugna por la homologación de la Ertzaintza llevó a los dirigentes jeltzales a modelar a su policía con los criterios vecinos. Entre los dos modelos universales de Policía, los popularmente conocidos como «cartero» (cercanía, prevención, en línea de los antiguos serenos) y «bombero», la elección correspondió al segundo patrón: llegar, apagar el fuego y marcharse, sin reparar en los daños colaterales y sin buscar la empatía de los afectados. El pago por la homologación (entrar en el club policial europeo, compartir con el CNI y la Guardia Civil sus redes de información, desplazar agentes a Iparralde...) fue implacable. Torturas, malos tratos, apaleamientos, emboscadas armadas, muertes en comisaría. En ese camino, el perfil de los nuevos agentes incorporados en las siguientes promociones se alteró radicalmente.

Una deriva que ha tenido decenas de expresiones internas y externas. El centro de crisis instalado en la comisaría de Deustu, compartido en los momentos álgidos por civiles políticos y agentes de mando, ha ido escorándose hacia la gestión exclusivamente policial. La OCI (Oficina Central de Inteligencia) implementada con decenas de nuevos agentes que abandonaron la sección contra ETA al anunciar su desaparición, se ha convertido en el núcleo de la cebolla, en la capa central de un poder fáctico dentro de otro. Con disposición a convertirse en el CNI vasco, sus objetivos son adquirir capacidades propias y evitar esa fuga de información permanente hacia empresas de seguridad e inteligencia subcontratadas cuyos directivos pertenecen al PNV. Es decir, que el PNV tenga menos información o de menor calidad que la cúpula de la Policía Autonómica. El PNV contraatacó con la creación de un sindicato a su medida, con exmilitantes de ELA disgustados con su línea sindical y más ajustados a la disciplina jeltzale.

Las desavenencias ya fueron evidentes en la legislatura anterior. El «coup de force» de la comisaría de Deustu con relación al juicio de Iñigo Cabacas trascendió al exterior, al igual que el enfado monumental de los dos sindicatos mayoritarios de la Ertzaintza con respecto al informe de las torturas del IVAC, avalado por el Gobierno Vasco, que negaron rotundamente la mayor, a pesar de las trescientas denuncias. Roberto Seijo, secretario de ERNE, dejó su impronta en los medios y se enfrentó al Ejecutivo.

A ello hay que añadir la creación de Aserfavite (Asociación de Ertzainas y Familiares de Víctimas del Terrorismo) en 2010 y la irregular «Mila Esker» que organizó hace unos días un homenaje a un agente herido en un acto de kale borroka hace veintiséis años. Ambas asociaciones se han conformado como grupos de presión, tal y como relató un delegado de «Mila Esker» que, en el acto no admitido por el Gobierno Vasco, señaló que «hubiera sido un honor que nos expedientaran por homenajear a un compañero». Una provocación.La deriva policial con relación a la disciplina jeltzale tuvo en el nombramiento de Josu Erkoreka como consejero de Interior un punto de inflexión. La apuesta jeltzale sorprendió y tiene todos los visos de ser un fracaso. Erkoreka, buen comunicador y con otros valores políticos, no tiene el perfil necesario para ponerse el buzo y bajar a los sótanos de la Ertzaintza a poner orden.

El informe que aportó la Ertzaintza a las diligencias abiertas sobre el descubrimiento de un bidón imputado a Ander Zelaia y Galder Barbado, juzgados por la Audiencia Nacional, contiene perlas impropias de una investigación imparcial. Pide números reservados para sus agentes, «debido a la amenaza que ha sufrido el colectivo de la Ertzaintza históricamente, como los acaecidos en Alsasua, por parte de ETA y el mundo radical en el País Vasco». Increíble, pero cierto. La Ertzaintza no tiene competencias en Altsasu y a los dos autores del informe les ha fallado el inconsciente. Y sus jefes lo han permitido.

La gestión e investigación de la muerte del agente Iñigo Etxarri cuando su coche cayó al Urumea, ha puesto en pie de guerra a los quinientos ertzainas que oficialmente componen la dotación donostiarra. La falta de transparencia en la investigación, y las explicaciones inverosímiles dadas desde la Consejería, contrastan con las causas del suceso, vox populi en la capital guipuzcoana. Un nuevo «coup de force» entre la dirección policial y la política, cuyas consecuencias la están pagado diariamente los vecinos de Alde Zaharra, víctimas de ese cruce de posiciones para definir quién tiene efectivamente la vara de mando.