En los últimos días, y tras la cierta aceleración producida desde el pasado 19 de junio en los movimientos en política penitenciaria, estamos asistiendo a una ceremonia de la confusión en torno a cómo está evolucionando esta política, generada por una tormenta de datos, muchos de ellos interesados e inexactos.

El pasado 30 de junio, en Bilbao, el Foro Social Permanente presentó Behatokia-Observatorio de la política penitenciaria aplicada a presos y presas condenados por delitos de motivación política.

Behatokia quiere ser un observatorio que ofrezca datos contrastados sobre los avances, los atascos y los retrocesos que está teniendo el cambio en la política penitenciaria aplicada a esta tipología de personas presas. Un cambio anunciado por el presidente Pedro Sánchez en TVE pocos días después de su elección en 2018.

A través de este artículo deseamos exponer una radiografía precisa de la situación.

Las personas presas vascas encarceladas por delitos de motivación política son a fecha de hoy 235. De ellas, 222 pertenecen al colectivo EPPK, seis a ATA –lo que podríamos denominar disidencia de la izquierda abertzale–, tres a la Vía Nanclares y hay cuatro que no pertenecen a ningún colectivo.

Según datos del colectivo EPPK, nueve se encuentran en cárceles de la CAV (tres de ellos en prisión atenuada) o de Navarra, tres cumpliendo prisión en sus domicilios, veintitrés en cárceles a un máximo de 250 kilómetros de sus lugares de origen o entornos familiares y veinte en cárceles a un máximo de 385 kilómetros.

Las 168 personas restantes se encuentran aún en las cárceles del Estado español más alejadas de su lugares de arraigo familiar y social. La mayoría, en cárceles de Andalucía, Levante y Galicia. Otras 31 permanecen en cárceles del Estado francés.

El 75% del EPPK se encuentra ya realizando el camino de la legalidad penitenciaria, tal y como se le ha trasladado al Foro Social desde la interlocución que mantiene en la cárcel de Albolote con los representantes del colectivo. Quienes no lo están haciendo no es por oposición a ese camino, sino por razones personales y otros motivos, como puede ser la cercanía del fin de sus condenas, etc.

En lo que se refiere a la evolución de grados, elemento fundamental en el itinerario individualizado de reintegración que debe recorrer cada persona presa tal y como define la legislación penitenciaria: 143 se encuentran todavía en primer grado; de ellas, veintiuno en módulos de aislamiento en las cárceles de Huelva, Córdoba, Sevilla II, Estremera y Soto del Real. 49 se encuentran en primer grado pero con flexibilización del art. 100.2; 42 en segundo grado (de los cuales dos en prisión atenuada) y siete en tercer grado (de los cuales uno en prisión atenuada).
De los clasificados en segundo y tercer grado, dos se encuentran en prisión domiciliaria por enfermedad y dos en centros abiertos.

Analicemos ahora los acercamientos, principal elemento en la ceremonia de confusión. De los 31 acercamientos producidos en 2020, veintisiete lo han sido a partir del 19 de junio (como es lógico, el confinamiento congeló esta dinámica), pero solo seis a cárceles vascas o a la navarra y uno al centro Aita Meni. Tras ellos, hubo tres puestas en libertad por cumplimiento de condena.

A fecha de hoy, hay ocho acercamientos anunciados por Instituciones Penitenciarias a la espera de que se materialicen, pero de ellos solo uno a cárceles vascas y otro cumplirá su condena en el plazo de un mes. Debemos tener en cuenta que se está produciendo un efecto de doble anuncio, primero el de Instituciones Penitenciarias y posteriormente cuando Etxerat confirma su materialización.

Para terminar la radiografía, quisiéramos ofrecer otros tres datos relevantes. Existen diecisiete personas presas enfermas con diversas patologías; la reciente muerte del preso Igor González Sola ha vuelto a poner sobre la mesa la urgencia de esta cuestión; existen tres personas encarceladas con más de setenta años, a las que deberíamos sumar otras tres que cumplen esa edad en 2020; y actualmente, 89 menores se ven obligados a viajar cientos de kilómetros para poder ver a sus padres y/o madres.

Algunas consideraciones:

1. Aunque es evidente que para la familia es mejor que la persona presa cumpla condena en Asturias que en Cádiz, no entendemos bajo qué criterios no se les pueden acercar hasta las cárceles vascas que, además, tienen espacio suficiente y donde se garantiza su arraigo social y familiar, algo reconocido como importante para los procesos de reintegración.

2. Nos preocupa mucho que, nueve años después de la Conferencia de Aiete, se mantenga a veintiún presos en módulos de aislamiento en las cárceles de Huelva, Córdoba, Sevilla II, Estremera y Soto del Real, y que las respuestas negativas a la evolución de grado sean un «corta y pega» sacado de textos de etapas anteriores y sin ningún criterio individualizado.

3. El artículo 100.2 es un régimen de flexibilización del modo de vida en cualquiera de los grados transitorio, para facilitar el proceso de reintegración de las personas presas. Es urgente que las 49 personas que se encuentran en esta situación evolucionen a segundo grado para que puedan acometer con garantías su itinerario de reintegración.

Esta radiografía evidencia que aún estamos lejos de un escenario de resolución de esta cuestión y corrobora la propuesta que realizó el Foro Social Permanente el pasado 2 de enero en Bilbao: un itinerario de reintegración como el definido en la «Vía vasca de todos y para todas» que ya se está demostrando eficaz para los primeros casos. Los datos que mostramos aquí confirman que hoy día la inmensa mayoría de personas presas que componen el colectivo EPPK está ya dando pasos decididos en ese camino.

Sin embargo, y para concluir, entendemos que no es de recibo que, precisamente cuando las personas presas inician ese itinerario individualizado de reintegración aparezca un lobby que plantee un nuevo endurecimiento de la ley, cuestionando la profesionalidad de Instituciones Penitencias en los casos que están fallando favorablemente a las progresiones de grado.