Este año harán cuarenta desde la aprobación de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, por la que esta se constituye en una comunidad autónoma integrada en la Nación española.

Como es conocido, esta ley nunca fue sometida a referéndum, como sí se hizo con otros estatutos de autonomía. De hecho, en la comisión de régimen foral del Parlamento de Navarra, en mayo de 1982, se rechazó una moción presentada por Euskadiko Ezkerra que solicitaba la convocatoria de un referéndum sobre el proyecto de ley orgánica, con los votos en contra de UCD, UPN y PSOE, contando con el único apoyo del PNV.

La aprobación de esta ley en 1982 fue la culminación en Navarra de un proceso político planificado tras la muerte del dictador en 1975, relativo a uno de los capítulos más urgentes dentro de la transformación global de la dictadura a un régimen democrático homologable, pero sin que ello supusiera una ruptura con las estamentos que habían conformado y sostenido el sistema franquista.
Y ese capítulo no era otro que el de encauzar debidamente, dentro de un proyecto de «Estado fuerte», las aspiraciones nacionales que habían fermentado bajo la dictadura, especialmente en Euskadi, Cataluña y Canarias.

Por eso, en 1977, el Consejo de Ministros, estableció para las tres provincias vascongadas el régimen preautonómico, donde Navarra quedó excluida. Meses antes se había restablecido la Generalitat de Cataluña, y las preautonomías del País Valencia, Andalucía, Galicia... Todas ellas con un límite preciso: «La unidad indisoluble de España».

Se trataba de crear los mecanismos institucionales sobre los que asentar en su día los estatutos de autonomía, encauzando en este entramado las aspiraciones nacionales, torpedeando y restando protagonismo a las movilizaciones populares.

Se buscaba eclipsar las aspiraciones nacionales enredándolas dentro de una telaraña preautonómica, que establecía una igualdad en el tratamiento de todas las nacionalidades y regiones del Estado sobre la base de un mismo rasero autonómico para todas.

A diferencia del resto, donde este proyecto autonomista se sustentó en pactos entre UCD, el PSOE y los partidos nacionalistas, en Navarra el proceso previo a la aprobación de su estatuto se cimentó en un pacto directo entre UCD y la derecha reaccionaria navarra.

Así, en enero de 1979, fruto de la negociación entre el «cacique» Amadeo Marco, presidente franquista de la Diputación Foral de Navarra, y Rodolfo Martín Villa, se impuso un engendro institucional cuyo objetivo era garantizar, por encima de todo, el control del proceso «autonómico navarro» por una Diputación manejada por la derecha (compuesta por cuatro miembros de UCD, uno del PSOE, uno de HB y uno de Amaiur), y con una caricatura de parlamento sin competencias legislativas y sin ejercer ningún control sobre la Diputación. Con una composición descompensada en donde UCD y UPN ostentaban la mayoría absoluta a pesar de haber obtenido apenas el 42% de los votos.

Su función era dar un barniz de apariencia democrática a este proyecto de imposición, tratando de impedir, por todos los medios posibles, la existencia de una autonomía formada por las provincias vascongadas y Navarra.

La comisión que negoció con el Gobierno el texto del amejoramiento estaba compuesta por siete miembros (UCD, UPN y PSOE), todos ellos favorables a la vía autonómica propia, siendo excluidos todos los demás.

Este proyecto político, diseñado y pergeñado en su origen por la derecha caciquil, franquista y requeté que representaba Amadeo Marco, y por el ministro Martín Villa, tenía que imponerse con la aquiescencia del partido socialista que no dudo en darla. Pero, sobre todo, debía basar su éxito en el aplastamiento de la movilización popular que aspiraba a la materialización de la unidad con el resto de Euskadi.

Y en ese punto cobra sentido la agresión llevada a cabo en los sanfermines de 1978, junto con otros episodios habidos de violencia policial en nuestra tierra: 1 de mayo de ese mismo año, la actividad de las bandas de extrema derecha, las cargas en la marcha por la libertad, Montejurra etc.

A quien sostenga que la irrupción de la Policía en la plaza de toros y en las calles, el 8 de julio de 1978, disparando de forma indiscriminada bajo la consigna de «tirad con todas las energía. No os importe matar», fue producto de la casualidad, sólo podemos contestarle con la cita atribuida al filósofo Demócrito: «todo cuanto existe es fruto del azar y la necesidad».

Las personas asesinadas (Germán y Joseba), las heridas, las golpeadas, las gaseadas... en los sucesos del 8 de julio de 1978 se puede decir que fueron agredidas por estar en la fiesta, por estar en la calle respondiendo a la violencia policial. Son víctimas por esa circunstancia, que puede ser calificada como por azar. Pero también es de justicia reconocer que esa actuación policial fue motivada y desatada porque había una necesidad; existía un proyecto político; una planificación orquestada para imponer un determinado estatus autonómico en Navarra costase lo que costase. Y detrás de esa maquinación política que acabó llevándose a cabo, estaba el siniestro Martín Villa.

Por eso la violencia ejercida se inserta perfectamente en lo que se conoce como «crímenes contra la humanidad». Se produjo en un contexto de violencia institucional con el propósito de conseguir imponer un modelo político determinado.

Modelo que respondía a los intereses de las clases dominantes en el Estado español y en Navarra, que han detentado el poder desde el golpe militar contra la II República, durante la larga dictadura que le siguió y que han conseguido, bajo el manto de la más absoluta impunidad, seguir instalados en el mismo.

Lo que pasó no fue producto de la casualidad, ni de ordenes mal entendidas, ni de extralimitaciones por parte de la Policía. Fue algo premeditado y con un objetivo político. De ahí la pertinaz negativa a juzgar estos hechos. Sentar a Martín Villa en el banquillo para que responda de estos crímenes, supone poner en tela de juicio la idoneidad de la transición española y su supuesta condición de pacto pacifico.

Por eso seguimos exigiendo verdad, justicia y reparación. Seguimos apoyando la querella argentina. Seguimos compareciendo en las instancias europeas. Seguimos pidiendo a los tribunales de aquí que hagan justicia. Y seguimos acudiendo año tras año al monolito en recuerdo a Germán.