Maná para la maltrecha economía continental. Un antes y un después en la política europea. Un plan de recuperación frente a los principales impactos de la pandemia. Un programa incondicional en favor de un sistema global más ecológico, colaborativo y resiliente. Estos son algunos de los mantras que conforman el relato oficial sobre unos fondos europeos que, en la actualidad, acaparan la atención mediática. Máxime en este momento clave, cuando cada estado está seleccionando sus proyectos estratégicos.

Dichas iniciativas de especial interés serán centralizadas en planes nacionales de recuperación y resiliencia, herramienta clave del plan Next Generation EU (NGEU) cuya presentación trasladarán los estados antes del 30 de abril a la Comisión y al Consejo europeo para su evaluación y eventual aprobación, respectivamente, el próximo mes de julio. Por lo tanto, el proceso es aún incipiente y su ejecución se alargará hasta 2026, bajo un exigente sistema de seguimiento de las autoridades europeas.

No obstante, contamos ya con mimbres suficientes como para afirmar que el relato oficial está plagado de falsedades y medias verdades. El marco de prioridades y el modelo de gestión impulsados por la Unión Europea y el Estado español están ya en vigor en sus parámetros fundamentales. También están disponibles las propuestas de proyectos priorizados por gobiernos (incluidos ambos ejecutivos de Hego Euskal Herria) y grandes empresas. Analizando todo ello, obtenemos una imagen de conjunto no solo mucho menos amable, sino incluso alarmante.

Para sostener esta aseveración, dedicamos el presente artículo a diseccionar los 6 mitos más comunes en torno a los fondos europeos. Confiamos así en ampliar un más que necesario debate sobre la naturaleza e implicaciones de un fenómeno de calado, en el que todos y todas nos jugamos mucho. Comenzamos:

1. Se trata de una inyección mayúscula de recursos

Sí y no. Siendo cierto que es una inversión sin precedentes en la historia de la UE, también lo es la magnitud y escala de la crisis que trata de enfrentar. En este sentido, los 140.000 millones del programa NGEU que corresponden al Estado español (uno de los países más beneficiados junto a Italia) supondrían grosso modo el equivalente al 3% de su PIB anual durante el período de vigencia del plan (2021-2016). En comparación, la caída en el PIB solo en 2020 ha sido del 11%, descenso sin parangón desde 1936. En otra escala, el plan Euskadi Next 2021-26 aspira a obtener 5.702 millones para los próximos cinco años. Si esta cifra al completo consiguiera insertarse en el plan España puede (cosa harto improbable), ni siquiera lograría compensar los 7.000 millones perdidos el año pasado (-9,5% PIB) en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

Además, hay que poner en tela de juicio la capacidad real de las instituciones españolas para acceder al volumen de fondos asignado, dada su errática trayectoria en la gestión de fondos europeos. Por ejemplo, en el marco financiero plurianual anterior (2014-2020), el Estado español únicamente fue capaz de liberar a fecha de diciembre de 2019 el 35% del total disponible, debido al incumplimiento de plazos y requisitos. El volumen real de fondos ejecutados, de este modo, pudiera ser inferior.

Por último, la hipotética recuperación que el plan europeo trata de apuntalar muestra una gran vulnerabilidad. Los estragos del covid-19 siguen siendo evidentes aún en pleno 2021 pero, sobre todo, no se vislumbran expectativas claras de superación de una crisis que antecedía a la pandemia, y que este fenómeno ha acelerado exponencialmente. De esta manera, no hay ningún viso de una nueva onda larga sostenida en incrementos notables y generalizados en la productividad.

En definitiva, las apabullantes cifras absolutas del plan europeo pierden peso específico cuando se contextualizan y se analizan en términos relativos, máxime cuando vivimos el estallido económico global más pronunciado de los últimos cien años.

2. NGEU priorizará la reparación de los daños económicos y sociales causados por la pandemia.

No. Los planes y propuestas publicadas hasta el momento, desde la escala continental a la autonómica, no priorizan el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y educación, la publificación de residencias y otros ámbitos de cuidados, la garantía de la vivienda como derecho, la mejora de las condiciones laborales, la lucha contra la pobreza energética, el apoyo al pequeño comercio o el impulso de las economías campesinas y los circuitos cortos, por poner solo algunos ejemplos. En este sentido, el enfoque oficial no extrae en absoluto aprendizajes sobre quién y cómo se sostiene la vida, quiénes han sufrido principalmente el embate de la pandemia, o sobre cómo hacer una economía más resiliente y de cercanía frente a la extrema vulnerabilidad mostrada por los mercados globales, especialmente en los últimos tiempos.

Muy al contrario el proceso se dirige prioritariamente al desarrollo de nichos de negocio en sectores específicos y especializados de la nueva economía digital y verde (hidrógeno, gigafactorías, inteligencia artificial, servicios sociosanitarios, etc.), que funjan como proyectos tractores en el desarrollo de la clásica agenda hegemónica: mercantilización de nuevos servicios, megaproyectos, atracción de inversiones e internacionalización empresarial. En última instancia se pretende multiplicar los espacios de reproducción del capital mediante el escalado industrial de servicios y ámbitos de la nueva economía, posibilitando así una mejor inserción a escala planetaria de ciertas empresas europeas.

Transformación económica, por tanto, no recuperación ni resiliencia, es lo que mejor define el propósito real de un plan que no realiza cuestionamiento alguno del modelo de globalización capitalista. Un (desesperado) intento del poder corporativo europeo por mejorar su posición en las principales cadenas económicas mundiales, en un contexto marcado por la gran dependencia energética y material del viejo continente, sus escasas expectativas de crecimiento, así como su notable retraso en sectores punteros respecto a China y EEUU. Todo ello, además, en un marco de crisis sistémica y colapso ecológico, en el que la competencia y los riesgos se extreman.

Esta sería en definitiva la verdadera identidad del plan, el destino fundamental de los fondos, la premisa que dota de identidad al conjunto. Por supuesto, esta se inserta en un relato más cool, que aúna sin rigor alguno empleo, lucha contra el cambio climático, eficiencia energética, innovación, cohesión social y territorial, cuidados, etc.

De este modo, y aunque el resultado final pudiera incluir proyectos de otra índole, los compromisos van por la senda ya señalada: al menos un 37% de los fondos para transición ecológica y un 20% para transición digital, estirando estos conceptos como un chicle hasta incluir, por ejemplo, el tren de alta velocidad y el Canal de Navarra (Nafarroa), o el megaproyecto de acuicultura en la antigua central nuclear de Lemoiz (CAV). Esto es, lo de siempre, pero aderezado con proyectos de avanzada que permitan acceder a mercados de mayor capitalización.

Como muestra un botón. De los ocho componentes priorizados en el plan presentado por el ejecutivo de Urkullu, los relacionados con industria, transporte, construcción, innovación, digitalización y energías acumulan más del 65% de los fondos. Mientras, salud y cuidados (13%), educación (2,4%) o economía circular (9%) contarían con un volumen muy inferior. Pero además, no por ser estos últimos sectores sociales son ni mucho menos ajenos al gran mantra de especializarse en servicios para los mercados globales. Así, los tres principales proyectos del componente de salud y cuidados (GANTT, Osasunberri y Economía de los cuidados), plantean respectivamente el desarrollo de terapias avanzadas, servicios de detección del covid y proyectos piloto en residencias digitalizadas, pero no desde el fortalecimiento de lo público, sino como «estímulo a la actividad económica vinculada al envejecimiento» o el «escalado industrial de bienes y equipos».

En conclusión, hablamos de un plan de transformación económica, no de un plan de recuperación para enfrentar los estragos de la pandemia.

3. Sus protagonistas serán los agentes y sectores más castigados por la crisis.

En absoluto. En coherencia con el objetivo prioritario del plan, sus protagonistas serán aquellos capaces de tomar posiciones en los mercados globales, esto es, empresas trasnacionales y start-ups tecnológicas. Estas no solo serán presumiblemente las principales receptoras de los fondos aún no comprometidos, sino que han estado vinculadas al proceso desde su génesis, tanto a escala continental como estatal y autonómica, dándole forma y contenido. Así, han traspasado incluso los límites de la turbia figura del lobby para participar directamente en la toma de decisiones, co-elaborando documentos institucionales donde se definen prioridades y herramientas (el caso de la consultora PwC y el gobierno vasco es meridianamente claro en este sentido), convirtiéndose en sujeto, filtro y destino prioritario de la concesión de ayudas públicas.

En este sentido se ha constatado que las multinacionales ya han sido las principales beneficiarias de la billonaria inyección de liquidez del Banco Central Europeo durante la primera fase del plan a lo largo de 2020; que la Comisión ha realizado una apuesta explícita por las alianzas público-privadas como herramienta de implementación de proyectos, pese al informe del Tribunal Europeo de Cuentas que documenta sus perniciosos impactos; y que a escala estatal y vasca se ha reforzado esta apuesta a través de un sistema de gestión aprobado ya en sus términos básicos, que entroniza a multinacionales, consultoras y grandes despachos de abogados en todas las fases del proceso.

Dicho sistema está regulado por un real decreto ley co-elaborado por el gobierno central y la CEOE, y que para su aprobación han contado con el apoyo de PNV, EH Bildu y Vox, entre otros. En el mismo se categoriza una primera división de grandes proyectos estratégicos (PERTE) en la que únicamente tendrían cabida las grandes empresas en lógica de alianza público-privada (al menos 51% de capital público en base a sociedades de economía mixta). Complementariamente, se concreta una segunda división en base a múltiples convocatorias y manifestaciones de interés, en el que las multinacionales también participan junto a un abanico más amplio de agentes. Se convierten en estas en juez y parte a través de las principales consultoras (Deloitte, Ernst&Young, KPMG y PwC) y los grandes bufetes de abogados ligados al poder corporativo, que realizan labores de asesoría institucional y empresarial, baremación delegada de propuestas y construcción de marco jurídico específico.

En definitiva, un traje hecho a medida, cuya última puntada consiste en la presentación masiva de propuestas de PERTE y otros proyectos por un valor muy superior al total de fondos disponibles. De este modo, si en la actualidad se está jugando el destino de 72.000 millones en subvenciones (los 68.000 restantes en forma de créditos se negociarán a partir de 2023), el IBEX-35 en su conjunto ha presentado proyectos por un valor muy superior a los 100.000 millones. Solo Iberdrola, por ejemplo, pretende impulsar iniciativas cuantificadas en 21.000 millones. De igual manera, los dieciséis PERTE presentados en el plan de la CAV, fundamentalmente vehiculizados a través de multinacionales y start-ups, ya suman un 30% del total de los 5.702 millones solicitados.

¿Significa esto que el sector público, la economía solidaria o las y los baserritarras no podrán acceder a dichos fondos? No, pero su rol será periférico y tangencial, en el mejor de los casos. No es por tanto un rescate popular. Es un rescate corporativo para sostener empresas estratégicas y ayudarlas en su búsqueda de negocio.

4. Lo público como defensa del interés general recupera peso político y económico

No. NGEU no reproduce el viejo axioma neoliberal que abunda en las bondades de lo privado frente a unas instituciones incapaces, corruptas y disfuncionales. En este sentido, los gobiernos como agentes activos en el impulso a la inversión es un elemento incuestionable en NGEU, así como el de unas instituciones continentales centradas en inyectar liquidez.

No obstante, esto no supone un giro de estrategia sino una adaptación necesaria a una crisis de escala tan profunda que provoca que lo público se convierta en la actualidad en un sujeto clave para la reproducción del capital. Tanto por la vía de la inversión (innovación, infraestructuras, internacionalización, etc.), como por la del precarizado consumo (de ahí el apoyo de la CEOE al ingreso mínimo vital, o a las crecientes apuestas de organismos como el FMI por fórmulas diversas de renta básica). Esta es, en consecuencia, la verdadera razón y enfoque de los supuestos presupuestos expansivos de 2021, que se venden como un punto de ruptura con las políticas de austeridad pero que abundan en este nuevo rol.

La cuestión es que esta mayor implicación pública no se vincula a una mayor defensa del interés general sobre el privado, sino que ahonda en fórmulas más avanzadas de captura institucional por parte del poder corporativo. No se concreta por tanto en una ampliación del control y propiedad colectiva de ciertos sectores estratégicos, ni se incrementa la capacidad de regulación de las instituciones. Muy al contrario el rol de estas se limita, en esta nueva mutación capitalista, a endeudarse (recordemos que el 48% de NGEU serán préstamos); invertir en alianzas público-privadas donde las pérdidas y riesgos se socializan (hidrógeno, gigafactorías, parques eólicos, etc.); entregar a las corporaciones big tech la nueva economía y los datos como su principal materia prima (como se pone de manifiesto por ejemplo en propuestas vascas como Etxetik o la digitalización de Osakidetza); y, finalmente, lanzar una nueva ofensiva desreguladora, bajo la excusa de la urgencia por iniciar la recuperación.

Este proceso de desregulación queda patente en la normativa aprobada para la gestión de los fondos. Es especialmente paradójico que un plan que se jacta de verde y transparente haga saltar por los aires la legislación europea en ayudas a empresas (para facilitar el acceso de multinacionales) y los tibios avances en garantías y requisitos de solvencia, autorización, e impacto ambiental de la contratación pública para el desarrollo de los proyectos priorizados, tal y como afirma el Consejo de Estado.

Lo público, en definitiva, más activo pero entregado definitivamente a lo corporativo y a la reproducción del capital, no al bienestar de las mayorías populares.

5. El acceso a fondos será incondicional

Ni por asomo. Además del estrecho marco definido por la meta de acceder a nichos de negocio en el capitalismo verde y digital, el plan europeo está sujeto a una triple condicionalidad.

En primer lugar, la vinculada a un ingente volumen de deuda pública (continental, estatal y autonómica) y privada que, tarde o temprano, alguien deberá pagar. Y ya sabemos cómo suelen acabar estos procesos. De este modo NGEU, junto a los prácticamente dos billones inyectados previamente en forma de deuda en la primera fase del plan, no hacen sino echar gasolina al incendio de una política de expansión cuantitativa que ha terminado por ultrafinanciarizar la economía global, hasta tal punto que en 2019 (ahora el problema es mayor) la deuda suponía el 322% del PIB mundial. La burbuja crece y crece, haciendo que cada vez sean más probables estallidos similares a los de 2008.

En segundo término, los fondos están condicionados al cumplimiento de las «recomendaciones» de la Comisión y el Consejo incluidas en el semestre europeo de 2019 y 2020. Para el caso del Estado español, estas recogen su negativa a desmantelar la reforma laboral de 2012, la aprobación de mejoras en las condiciones laborales y en el salario mínimo, así como la necesidad de reformar el «insostenible sistema de pensiones». Estos serán elementos que sí o sí aparecerán en la negociación definitiva de los planes nacionales.

Por último, el sistema de aprobación de dichos planes en base a vetos cruzados entre todos los países de la UE (cada estado pueden cuestionar y/o incluso denegar las propuestas de otro país) condiciona la posibilidad de avance generalizado en términos de transformación, reduciendo a tal efecto las asimetrías actuales entre norte, sur y este del continente. Recordemos que ni la identidad corporativa del proyecto europeo ni el peso de los halcones ha desaparecido. Su apuesta mercantilizadora y colonial (fuera y dentro de Europa) sigue vigente, y el terreno de juego de la negociación abona tanto el cumplimiento del semestre europeo como el mantenimiento del sur y este en modelos más precarios dentro de la división continental del trabajo. En este sentido es más que probable que el veto cruzado favorezca que los proyectos de mayor recorrido y expectativa se instauren o consoliden en el norte, mientras que la tan manida transformación de la matriz económica se quede en el resto de territorios, en términos generales, en una reforma 4.0 de un turismo, una construcción, un endeble sector industrial y unos servicios precarios más verdes y digitales.

De esta manera los fondos europeos están triplemente condicionados por una lógica colonial y de austeridad no solo no dejada atrás, sino en pleno proceso de engorde.

6. El plan europeo apuntala un modelo más ecológico, justo y resiliente.

No. No hay prueba alguna de que el capitalismo verde y digital genere aumentos de productividad significativos y generalizados, ni de que Europa logre ganar posiciones respecto a EEUU y China, más allá de insertarse en nichos puntuales de las principales cadenas globales de valor. Estas afirmaciones requieren de toneladas de fe y devoción en el dios mercado, ya que no se sustentan en dato riguroso alguno.

Pero además, se sitúa muy lejos del halo verde, colaborativo y más justo con el que se cubre al plan europeo: la nueva economía reducirá el empleo neto, uberizará parte significativa del trabajo mercantil y reforzará la mirada familista, reaccionaria y mercantil del abordaje de los cuidados; no será más colaborativa sino, al contrario, más concentrada que nunca, en base a la articulación de megaempresas digitales, energéticas y financieras, acumulando un poder muy superior al de unas instituciones públicas desmanteladas en su perspectiva de defensa del interés general; no desmaterializará la economía ni se conseguirán los objetivos de cambio climático sin alterar radicalmente el volumen y sentido de la producción y el consumo; mostrará las contradicciones entre lo verde y lo digital, como pone de manifiesto el gasto en energía y materiales de los nuevos megaproyectos en esa clave; y fortalecerá un capitalismo de vigilancia, dada la entrega gratuita de datos a corporaciones y entidades securitario-militares.

En consecuencia, NGEU queda en la práctica muy lejos del relato oficial. Su identidad real sería más bien la de un plan de relativo alcance; centrado en la búsqueda de nichos de negocio en los mercados globales por parte de empresas transnacionales y start-ups europeas; condicionado a políticas de austeridad basadas en recortes endeudamiento, socialización de riesgos corporativos, así como reformas laborales y del sistema de pensiones; y cuyo horizonte es inviable, insostenible y precario.

El rumbo debe ser radicalmente otro. Debemos abogar por un giro profundo de modelo basado en la lógica público-comunitaria y en el arraigo territorial y democrático de la economía, tal y como ha propuesto para Euskal Herria la plataforma Euskal Herriak Kapitalari Planto¡. Romper con unos cantos de sirena capitalistas que, tras la rama de olivo, esconden un afilado puñal.