Del mismo modo que las numerosas y recientes destrucciones en el Patrimonio de Navarra se han hecho con la permisividad de la institución Principe de Viana (por ejemplo, el desmontaje del Palacio Real de Pamplona o la eliminación del riquísimo yacimiento arqueológico de la Plaza del Castillo), igualmente el Parlamento y el Gobierno de Navarra consienten en el expolio de Navarra a través del citado convenio. Cualquier asunto que afecte directamente al sistema financiero –así las operaciones de bolsa, los movimientos de capitales, Fondos de Inversión Patrimonial, SICAV– tributa al 1% o al 0 %, frente al 23 % mínimo que es la carga tributaria impuesta y pagada individualmente por los trabajadores, sobre su renta del trabajo, o IRPF. Un refuerzo de la conquista continuada se ha añadido en la práctica con la hiperextensión de la economía financiera. El sistema de crédito se ha convertido en el nuevo conducto de extracción de riqueza de la sociedad conquistada, en gran medida por el capital financiero monopolista español, obligando a complementar a los bajos salarios de los trabajadores con créditos privados a la vivienda y al consumo, y por otro lado con el sometimiento colectivo de la sociedad conquistada mediante el endeudamiento financiero público.


Al mismo tiempo, el paro –y la galopante precariedad laboral provocada– producen el aumento  del número de navarros que necesitan cobrar la Renta de Inserción Social. La precariedad, impuesta también normativamente desde el Estado conquistador, va dirigida directamente contra la cohesión de la sociedad conquistada, con el objeto de debilitar el natural impulso de liberación y desconquista de la ciudadanía navarra y de su propio Estado, como único garante posible del Estado de Bienestar. A este respecto el inaudito robo completo –por su pandilla directiva, consejera y gestora– de la Caja de Ahorros de Navarra, que estaba bajo el control en régimen de monopolio durante los últimos quince años de los dos partidos políticos conquistadores, sin presencia alguna del patriotismo navarro o de la clase trabajadora, ha originado una agudización absoluta del desmantelamiento del imprescindible sistema financiero público navarro. 


La generalización de la especulación financiera trae como consecuencia que los recursos que se podían destinar a la actividad productiva, industria, agricultura, pesca, construcción de escuelas, centros de salud o carreteras, se desvían hacia los mercados financieros buscando su rápida revalorización. La Alta Navarra a mitades del 2015 acumulaba una deuda pública de 3.586,0 millones de euros (20 % del PIB), cuando la deuda pública viva se ha multiplicado desde 2008 por 4,1 que era de 868 millones de euros (4,6 % del PIB). La deuda privada ascendía en el mismo periodo a 34.273,8 millones de euros. El conjunto del endeudamiento de la Alta Navarra, publico y privado, supera el 190 % de su PIB. El conjunto del endeudamiento, público y privado, de la Navarra marítima, supera el 107 % de su PIB. La deuda pública autonómica por habitante, sin incluir la parte que se nos imputa por deuda del Estado español, era a 30 de junio de 2015 de 5.199 euros en Alta Navarra y 4.185 euros en la Navarra marítima, lo que significa que no solamente se nos están limitando los derechos económicos y sociales, sino que se nos está expoliando como sociedad conquistada, hipotecando el futuro. Otro ejemplo es el pago, mediante «peajes en la sombra», de cuatro veces más por el coste de la construcción de las autovías.  La globalización financiera acelera la consolidación de una estructura de relación interestatal a nivel mundial cada vez más jerarquizada, y que en Europa está desencadenando un nuevo enfrentamiento hegemonista entre los grandes Estados y los pequeños. Lo que adquiere intensidad y características especiales en los Estados conquistadores, como España y Francia, con respecto a los Estados conquistados, por ambas, de Navarra, Cataluña, Córcega o Bretaña. 


Sin ir más lejos, ha desaparecido entre 2008 y 2016 uno de cada cinco euros del total del gasto público efectivo, alegando que es debido a la crisis económica global, pero una lectura de los presupuestos públicos de la Alta Navarra de todos esos años nos descubrirá otra cosa, cuando en dicho gasto se comprueba que se incluye el importe anualmente creciente del cupo pagado a Madrid y los desproporcionados costes financieros originados para atender al provocado déficit presupuestario. La carga financiera de la deuda pública para 2016 ascenderá en Alta Navarra a 368,89 millones de euros y en la Navarra marítima el coste será de 1.170,13 millones de euros. En 2016 desde la hacienda pública en la Alta Navarra se gastará un 18,4 % menos que lo dispensado en 2008 y en la Navarra marítima un 0,55 % menos, pero en 2016 el peso de la deuda pública y del Tren de Alta Velocidad, disminuyen notablemente el gasto social. Sin tener en cuenta las ayudas a  determinadas empresas que contribuyen al fisco cada vez menos, a pesar de aumentar sus beneficios declarados, y con cargo a gastos presupuestarios públicos.


El llamado expolio fiscal se da aquí –con igual o mayor intensidad– que en la balanza fiscal entre Cataluña y España, aunque de otra forma, y, sin embargo, sorprendentemente todavía no es contemplado con la atención que debiera, cuando si se somete el Cupo o «aportación» al Estado español a un análisis económico y político imparcial, se comprenderá el papel central que ocupa esta institución en la estructura de subordinación y empobrecimiento del conjunto de la sociedad  navarra, conquistada de continuo.