El 13 de junio de 2020 se producía un hecho relevante en la actuación de CAF. Se celebraba la Junta de Accionistas y el Consejo de Administración tenía la oportunidad de abandonar su contrato con la potencia ocupante israelí para construir y ampliar las líneas de tren ligero que van desde la ocupada Jerusalén a las colonias próximas. Colonias construidas previa expropiación y expulsión de los palestinos. No lo aprovechó.

CAF y su socia Shapir habían apostado por concursar y, al final, ganar un concurso promovido por las autoridades ministeriales israelíes, allí donde otras empresas del sector, Bombardier, Alsthom, Siemens, públicamente habían renunciado. Ambas empresas sabían el conflicto sobre la licitud de la construcción y ampliación de las líneas de tranvía en el casco urbano de un Jerusalén cuyo término municipal, tras la conquista militar en 1967, fue primero ampliado a otras zonas de Cisjordania y, posteriormente, el Parlamento de los invasores, anexó en 1980. En el momento de la licitación, ya había diferentes textos de organismos de las Naciones Unidas donde se rechazaba la explotación israelí del tranvía colonial en «violación flagrante del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de la ONU».

La obtención por parte del consorcio CAF-Shapir del concurso de la ampliación de líneas de tranvía de Jerusalén es su tarjeta de presentación para intentar ganar el concurso de nuevas líneas de tren ligero en Tel Aviv, cuyo desenlace será en los próximos meses.

Los principales accionistas de la empresa, Cartera Social, propiedad de los trabajadores de CAF pero cuyos representantes sindicales no gestionan, Kutxabank, la Fundación BBK, Grupo Mayoral, Daniel Bravo Andreu, Santander Asset Management (Grupo Santander), Banco Público Noruego (Norges Bank), Invesco y la Administración Vasca sabían la situación de la conflictiva construcción de la expansión del tranvía de Jerusalén en la Cisjordania ocupada. Habían sido informados fehacientemente de forma privada por parte de diversas entidades por medio de cartas certificadas y correos, y de forma pública a través de artículos, radio y reportajes televisivos. Más aún, Amnistía Internacional, la víspera de la Junta de Accionistas, informaba que también les había hecho llegar informes sobre la ilicitud de estas obras colonizadoras.

Las entidades solidarias se habían hecho cargo de un número de acciones para preguntar al Consejo de Administración por ese negocio sucio que están impulsando y si iban a rescindir el contrato, para que se decantasen ante los accionistas minoritarios. Las entidades que deben velar por la calidad de las informaciones que presenta una empresa cotizada en Bolsa y que tiene como CAF un volumen de facturación relevante, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el auditor Deloitte, diversas entidades de certificación de responsabilidad social como Railsponsible o Ecovadis no habían querido admitir públicamente que CAF y Shapir hacen algo que está contraviniendo el derecho internacional, por ejemplo, la Cuarta Convención de Ginebra, diversas resoluciones de las Naciones Unidas, la última, la 2334; dictámenes de la Corte Internacional de Justicia, Tribunal Europeo de Justicia y declaraciones internaciones.

Las entidades solidarias no supieron hacer las preguntas en público, de acuerdo con las normas establecidas por CAF, y los accionistas minoritarios no pudieron conocer ni las preguntas, ni las respuestas que dio, privadamente, el Consejo de Administración de CAF.

En las primeras preguntas, tras las consideraciones antes mencionadas, y ante el peligro de litigios, afectación a su imagen corporativa y a la legitimidad ante futuros concursos internacionales, se pedía que CAF abandonase las obras y el Consorcio JNET, que les une a la empresa Shapir, y si eso supondría penalización, su importe y si estaba provisionado.

También, dado que la construcción y equipamiento se hace en territorios ocupados palestinos, al servicio de la potencia ocupante, fortaleciendo la ocupación, siendo presuntamente contrarios al propio Código de Conducta de CAF, a las Líneas Directrices de las empresas multinacionales de la OCDE, cómo no estaba recogida esa salvedad en la Información no financiera de la compañía, y cuál era la reacción del Consejo de Administración ante la mención en la lista de empresas delincuentes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de su socia Shapir, como empresa que se lucra de la ocupación sionista en Territorios Palestinos y el peligro de que a CAF se la incluya en esa lista, con el consiguiente deterioro de su imagen corporativa.

También se tenía previsto otras preguntas menores sobre el reparto de dividendos, el doble de otros ejercicios, sin que se tuviese en cuenta provisiones, información suministrada al auditor Deloitte, el mismo que el de la empresa Shapir y a la que tampoco ha puesto ninguna salvedad, información de la que disponían los candidatos a nuevos miembros del Consejo de Administración, la señora y señor Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain y Manuel Domínguez de la Maza, antes de que ocupasen los puestos de consejeros y si la remuneración del Consejo de Administración estaba relacionada por la cartera de pedidos presente sin contar con los litigios e imagen corporativa afectada por su actividad en los Territorios Ocupados Palestinos.

La respuesta privada a esos accionistas díscolos y solidarios con la causa palestina y del derecho internacional fue de «sostenella y no enmendalla». Según el Consejo de Administración en sus más de cien años de historia, CAF «siempre ha demostrado su firme compromiso con la legalidad y con el respeto a los Derechos Humanos y las libertades públicas». Quizá olvidando la condena por colusión empresarial en Brasil, los fenómenos de limitada prevención con el amianto que se dejan oír en diversos tribunales y el caso que nos ocupa en los Territorios Ocupados Palestinos.

Añaden que cumplen todos los estándares del Código de Conducta de la Compañía, con las Líneas Directrices de la OCDE y de las Naciones Unidas y cuentan con informes favorables de verificación externa. Sobre el proyecto de Jerusalén manifiestan que «hemos realizado un examen previo de legalidad y de respeto a los principios internacionales de Derechos Humanos, a través de nuestros procedimientos internos de Diligencia Debida, que engloban también a los terceros con los que contratamos. Además, hemos contrastado dicho análisis con expertos independientes de reconocido prestigio en la materia: Catedráticos de distintas ramas del Derecho, en particular de Derecho Internacional, y miembros asesores de Naciones Unidas. Sus informes han confirmado el pleno cumplimiento de CAF con la legalidad y con los principios de Derechos Humanos».

La actitud, como se ve, del Consejo de CAF es negar la mayor. No le han servido la literalidad de las normas del derecho internacional y las resoluciones de organismos internacionales que expresamente han rechazado las líneas de tranvía de la ocupación y el apartheid aportadas por los comités de solidaridad y por Amnistía Internacional, ni la mención de Shapir por su conducta delictiva por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ni la sentencia del Tribunal de la Justicia Europeo o el dictamen de la Corte de Justicia Internacional o los indicios de crímenes de la Corte Penal Internacional. Quizá, se base su opinión en el tribunal de ‘Justicia’ israelí que aprueba la ocupación, la expropiación y expulsión de palestinos; en las leyes del parlamento israelí que aprueban la anexión de Jerusalén, los Altos del Golán o el Valle del Jordán y esperemos que no argumenten, como el presidente Trump y como lo hacían expertos de la supremacista Sudáfrica, que los habitantes de los bantustanes no tienen más derechos que los que la potencia ocupante y su ejército aprueben.

En todo caso, la opinión del Consejo de Administración que apoyó concursar al tranvía de la ocupada Jerusalén, como del nuevo Consejo de Administración con el que se han empezado las obras, es la misma, de forma colegiada, la de continuar apoyando y profundizando la ocupación de territorios palestinos, en contra del derecho internacional.

Una vez celebrada la Junta de accionistas y con las cartas encima de la mesa, habiéndose perdido una oportunidad de rectificación, los siguientes pasos del conflicto están servidos.

Por un lado, habrá que dirimir opiniones jurídicas contrapuestas y reclamar que CAF sea incorporada a la lista de empresas que se lucran con la ocupación de territorio palestino que realiza el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El comportamiento de CAF de fortalecer la ocupación de territorios palestinos se divulgará a cada uno de los licitadores de concursos donde participe. De hecho, ya en el Reino Unido se está haciendo por parte de grupos solidarios, labor que continuará en el tiempo, no cabe duda.

También, habrá difusión del comportamiento de CAF a los rectores políticos locales, autonómicos, ya sea en el País Vasco y Navarra, y estatales, europeos o en la propia OCDE, su laxitud de interpretación de diligencia debida, que le permite decir que respeta las normas de derecho internacional, pero que las incumple, por lo menos en Palestina, para que implementen las sanciones acorde a derecho.

Sabemos que en el estamento político nacional e internacional hay complicidad con la ocupación de Palestina y que Israel goza de impunidad y, por eso, sus ataques continuos a los derechos humanos y a la igualdad de los habitantes palestinos. Por eso todas las acciones que se emprendan contra el comportamiento de CAF sólo contarán –y esa es nuestra fuerza– con el apoyo de la población solidaria y comprometida con los derechos humanos. Tenemos voluntad y capacidad de resistencia para ganar esta lucha. Los palestinos e israelíes que buscan una paz justa y con iguales derechos para todos, también.