El título de este artículo se inspira en el título del libro “Ejército y Sociedad” de 1973 del general y académico Manuel Díez Alegría. Su lectura sugiere la cuestión de la funcionalidad de los ejércitos convencionales en tiempos de bombas nucleares. ¿Qué puede hacer más que disolverse un ejército regular sin armas nucleares, como son la mayoría de los ejércitos de los Estados de Europa, en caso de guerra nuclear?

La intromisión en el debate político de varios grupos de personas, esgrimiendo como título y razón de su intervención el haber sido mandos del ejército, lo que debe poner sobre la mesa de debate es la disolución total o parcial del Ejército español –tierra, mar y aire– y por supuesto también de los ejércitos de todos los Estados de la Unión Europea.

Las personas que firman estas proclamas tienen todo el derecho del mundo a expresar sus pensamientos políticos, como tales personas. Pero sus antecedentes de mandos del ejército –por supuesto con buenos sueldos– no les otorga ninguna legitimación complementaria; y mucho menos para la extorsión inherente a la estrategia de extorsión de la voluntad popular e institucional, que se evidencia en las proclamas, como es el hecho de ser dirigidas al rey y no a la opinión pública.

Es un fraude democrático el pretender legitimar un intento de extorsión de la voluntad popular electoralmente expresada con la referencia de mandatos militares. Las personas que han firmado estas proclamas habrán votado, supongo; pues no tienen más derecho que las y los empleados de la limpieza, camareras, repartidores, abogadas, economistas, jueces, carpinteros, etc., del sector privado o del público, etc. Más aún, los millones que hemos hecho la mili –por ejemplo, quince meses en África– tenemos tanto derecho como todos y cada uno de esos bunker-firmantes; es decir, ningún derecho.

Antes es la democracia que la ley. Antes son los derechos humanos que la Constitución y todas las leyes sean fundamentales o sean orgánicas o de cualquier rango. El verdadero pacifismo –expresión suprema de la defensa de los derechos humanos– no pude excluir la crítica de las leyes y de las instituciones. Pues bien, estas democráticamente no homologables y hasta socialmente ridículas bunker-proclamas constituyen la ocasión de poner en cuestión la disolución de los ejércitos estatales.

La causa del pacifismo consecuente, así como razones económicas, sociales, culturales y hasta militares requieren plantear con honradez la posibilidad de la disolución y del desmantelamiento de los ejércitos estatales. Más aún en la era de la aceleración de las migraciones políticas, sociales y económicas, añadida la crisis de la covid-19, la responsabilidad obliga a revisar los enormes gastos militares.

Es lógico y legítimo pensar que los presupuestos militares sean destinados a políticas sociales, culturales y de enseñanza e investigación y no hacen falta ejemplos ni recurrir a demagogias para justificarlo. Europa debería tener una fuerza de élite, con funciones eminentemente disuasorias…

La mayoría de los Estados europeos cuentan con ejércitos convencionales y está además el recurso a la «disuasión nuclear». Pero, por desgracia está también la éticamente tan reprobable cuestión de los enormes negocios de la fabricación y venta de armas y de las guerras provocadas. El Ejército español no supo defender el imperio, con ejemplos como el de Bolivar que le infligió 50 derrotas; ni tampoco valió para defender la metrópoli contra Napoleón; ni ha servido en el siglo pasado para hacer valer los derechos de los pueblos del Sahara y del Rif. ¿Por qué pensar ahora que constituye la garantía de la actual conformación territorial del Estado? Un planteamiento democrático y de futuro pasa por el hecho de que será la ciudadanía de las grandes naciones europeas y europeístas, como la catalana, la escocesa o la vasca y otras la que habrá de decidir si van a ser tenidas en cuenta para conformar Europa, o si Europa va a seguir siendo una jaula de pueblos.

La carta de los militares jubilados, que es tan legítima pero no más que otra cualquiera de los carpinteros jubilados, albañiles jubilados, pescadores jubilados, repartidores jubilados, etc., debería tener en cuenta por lo menos tres cuestiones:

Los millones y millones que hicimos la mili ya hemos podido dar nuestra opinión que se llama voto; sin olvidar que quienes no llegamos ni siquiera a «cabo rojo», tenemos hoy por hoy tanto mando real como los generales, coroneles y demás mandos, que firmáis: ni unos ni otros mandamos nada; pero nosotros somos muchísimos más. En segundo lugar, que su pronunciamiento no es respetuoso, sino amenazante para quienes no pensamos y tenemos derecho a no pensar como ellos. Y eso es democráticamente injustificable, además de argumentativamente ridículo. La atmósfera, que no es ni reemplazable, ni privatizable, ni divisible, simboliza que tendremos que compartir la sociedad todos y todas sin excepción.

En tercer lugar, los firmantes deberían repensar la historia, maestra de la vida, que enseña que las monarquías de Alfonso XIII, Constantino de Grecia y Víctor Manuel de Italia cayeron a continuación de apoyarse y apoyar a los dictadores Primo de Rivera, los Coroneles de Grecia y Mussolini. ¡Menudo regalo para la Zarzuela!

El Ministerio Fiscal, que tan gravísimos petardos está dando, no debería perseguir a estos conmilitones. Que hablen. El republicanismo y la democracia no tienen por qué agradecérselo, pero resultan los claros beneficiarios de esta estrategia tan peligrosa como alocada.