Dicho envejecimiento provocará, en un plazo de 15 a 20 años, serios problemas para asegurar la sostenibilidad del Estado de Bienestar, ya que el número de activos disminuirá mientras se elevará la proporción de jubilados, generando un riesgo de quiebra del sistema de pensiones; el número de cotizantes será insuficiente para garantizar la financiación de la Seguridad Social; varios sectores económicos se enfrentarán a una falta de mano de obra, disminuyendo su potencial de crecimiento; y las personas válidas susceptibles de atender a las personas dependientes correrán el riesgo de ser insuficientes.

Ante esta situación es preciso revisar las políticas familiares en particular y las políticas sociales en general para aproximarse a la tasa de renovación generacional que se sitúa en 2,1 niños por mujer. Para ello, conviene detenerse en los países europeos que consiguen alcanzar dicho objetivo sin renunciar a la igualdad de género y al Estado de Bienestar sino todo lo contrario. De hecho, los países que gozan de la mayor tasa de natalidad, a saber Francia y los países nórdicos, compaginan su elevada natalidad con una modelo familiar flexible, sinónimo de tolerancia hacia la diversidad de los modelos familiares y de elevada tasa de actividad femenina, y ambiciosas políticas familiares que se traducen por la generosidad de las prestaciones sociales y de los servicios de atención a la pequeña infancia. Como lo escribe Anne Chemin, “en Europa, la natalidad es fuerte en los países en los cuales las normas familiares son flexibles, las mujeres pueden trabajar, las políticas familiares son generosas y en donde la atención de los muy pequeños está bien organizada”.

En efecto, en los países citados, las normas familiares son más flexibles y los modelos familiares son más variados. La frecuencia de matrimonios tardíos, nacimientos fuera del matrimonio, familias monoparentales y recompuestas, y divorcios es superior a lo que se observa en los países del sur de Europa donde, a pesar de los cambios acontecidos a lo largo de las últimas décadas, prevalece un modelo más tradicional y rígido. De hecho, en países como Italia, España, Portugal o Grecia no está especialmente bien visto que una mujer trabaje cuando tiene un niño pequeño o tenga un hijo sin estar casada. En estos países, la tasa de nacimiento fuera del matrimonio es inferior al 30% cuando supera el 50% en Francia, Suecia o Noruega.

El modelo flexible que prevalece en estos países se traduce igualmente por una elevada tasa de actividad femenina. En ese sentido, lejos de ser un freno a la maternidad, la actividad femenina constituye una condición de la misma. Así, en 2010, la tasa de empleo de las mujeres de entre 24 y 54 años alcanzaba el 83,8% en Francia, el 85,6% en Dinamarca e incluso el 87,5% en Suecia, mientras que en los países del sur de Europa, que se caracterizan por una escasa natalidad, la tasa de actividad de las mujeres es claramente inferior, ya que es del 64,4% en Italia, del 72,2% en Grecia y del 78,3% en España. En ese sentido, la emancipación y la autonomía de las mujeres es la condición de una elevación de la tasa de natalidad, mientras que el modelo tradicional de la ama de casa provoca un retroceso de la misma.

Pero, la flexibilidad del modelo familiar no es suficiente para garantizar un incremento de la tasa de natalidad dado que debe compaginarse con unas políticas familiares generosas tanto en recursos como en servicios. De hecho, tanto Francia como los países nórdicos se caracterizan por una fuerte inversión en políticas familiares puesto que representan el 3% del PIB en Noruega y Finlandia, el 3,5% en Francia y Suecia, y más del 4% en Dinamarca. Sucede todo lo contrario en los países del sur de Europa donde las proporciones son muy inferiores. Apenas superan el 2% en Italia y son inferiores al 1,5% en España, Portugal y Grecia.

Esta inversión en las políticas familiares se traduce, por une parte, por la concesión de desgravaciones fiscales y de prestaciones sociales a las familias independientemente del modelo familiar (familia tradicional, monoparental, recompuesta o del mismo sexo) y de sus recursos (renta y patrimonio), lo que incrementa su aceptación social y eficacia. Por otra parte, toma la forma de servicios a la pequeña infancia, tales como las guarderías, los sistemas alternativos de atención, las actividades extraescolares, etc. Así, en Francia, más de la mitad de los niños gozan de un sistema de atención infantil. La proporción es aun superior en los países nórdicos dado que el 54% de los niños noruegos y el 65% de los niños daneses menores de tres años gozan de una plaza en guardería, mientras que esta tasa es inferior al 40% en Italia, España o Grecia. En otras palabras, para ser eficaces, las políticas familiares deben compaginar la concesión de ayudas financieras con la oferta de servicios de atención a la pequeña infancia, ya que la mera concesión de prestaciones económicas resulta insuficiente.

Más allá de estos dos factores, los países europeos que gozan de una elevada tasa de natalidad se distinguen por la antigüedad y permanencia de sus políticas familiares. Como lo subraya Anne Chemin, las políticas familiares galas “han nacido en el inicio del siglo XX, en empresas paternalistas que concedían complementos retributivos a los padres de niños pequeños. En los años treinta y en la Liberación, el Estado ha tomado el relevo generalizando las prestaciones familiares y concediendo reducciones fiscales a los padres. A estas ventajas financieras se han añadido, a lo largo de los años, unas estructuras de acogida para la pequeña infancia y escuelas infantiles”. De la misma forma, estas políticas han gozado de cierta continuidad, de modo que apenas hayan sufrido modificaciones por parte de los gobiernos sucesivos, que sean de derechas o de izquierdas, lo que confiere legibilidad y seguridad a las familias que desean tener una progenitura.

Para que países del sur de Europa puedan implementar ese tipo de políticas familiares, es indispensable que se desprendan del pasado y especialmente del recuerdo de las dictaduras. En efecto, Italia, España, Portugal y Grecia guardan, en el inconsciente colectivo, un recuerdo de las políticas natalistas impulsadas por los regímenes dictatoriales que deseaban fomentar, por todos los medios, la natalidad de sus países respectivos para incrementar su poderío demográfico. Estas políticas natalistas se compaginaban con un modelo familiar tradicional en el cual las mujeres estaban relegadas a la esfera doméstica donde du tarea principal, e incluso exclusiva, consistía en cuidar de sus padres, maridos e hijos. Desde entonces, los gobiernos sucesivos han sido muy cautos a la hora de intervenir en la esfera privada y han renunciado a implementar políticas familiares ambiciosas.

Por último, es preciso considerar las políticas familiares, no como un gasto sino como una inversión social. Un país que concede desgravaciones fiscales y prestaciones de conciliación, y crea plazas de guarderías y actividades extraescolares, es un país que permite a las familias en general y a las mujeres en particular conciliar su carrera profesional y su vida privada, crea las condiciones de sostenibilidad del Estado de Bienestar y prepara el futuro.  

En definitiva, la superación de ciertas representaciones, temores y costumbres se antoja ineludible para enfrentarse al reto demográfico que se avecina; más aun sabiendo que la emancipación, actividad laboral y autonomía de las mujeres es perfectamente compatible con la vitalidad demográfica de un país al constituir una de sus condiciones.