Araucanía y Euskal Herria, dos territorios distantes en los que hunden sus profundas raíces dos pueblos originarios. Sus complejas historias, aunque diferentes, presentan bastantes rasgos semejantes.

Durante los últimos meses, la sociedad de Wallmapu está soportando fuertes tensiones y duras represiones. El epicentro de la tormenta, una vez más, se sitúa en las cárceles: casi una treintena de presos políticos mantiene una larga la huelga de hambre. Pero, ¿acaso estos existen? Desde el intendente de Temuco hasta el presidente Piñera, se desgañitan advirtiendo que en Chile no hay presos «políticos». Tenacidad digna de mejor causa. El Estado español, que nunca se priva de tener vascos entre rejas, jamás les ha concedido su condición de «políticos».

Lo que las palabras afirman, la realidad lo desmiente. La balanza de la justicia rezuma crueldad contra quienes se enfrentan un sistema colonial: «Luchamos –dicen los patriotas presos– por la justicia, por nuestros pueblos y por la humanidad». La racista justicia chilena condesciende con policías asesinos, con violadores reincidentes, con defraudadores. Si se trata de militantes independentistas, aplica el máximo rigor de una ley tendenciosa. ¡Cuántas enciclopedias pudiéramos escribir los vascos sobre la cojitranca justicia española! La actual pandemia ha provocado en la Araucanía una nueva discriminación y la reciente huelga de hambre. Negó a los mapuches el tratamiento carcelario que les debe por ley (Convenio 169 de la OIT). ¿Cuál ha sido el tratamiento del Estado español con los presos políticos vascos? Idéntico.

El conflicto chileno se ha vuelto a focalizar en las cárceles porque estas, allá y acá, son uno de los exponentes más ilustrativos del conflicto global: la obsesión estatal por asimilar a un pueblo que sigue conservando su orgullo identitario y que se considera nación soberana. Abrieron la veta los conquistadores españoles y la siguió con parecido rigor el Estado chileno. Unos y otros ocuparon las tierras de Wallmapu, asesinaron a sus líderes, arrasaron sus creencias, impusieron otra cultura ajena e instalaron en Temuco su administración colonial. Ni mapuches ni vascos olvidamos los muchos atropellos que soportamos desde que se formalizaron las respectivas conquistas.

El Estado chileno aplica en Wallmapu los habituales métodos de todo gobierno imperialista. La captación, mediante prebendas, de lugareños colaboracionistas. Militarismo mediante cuerpos de policía especializados en reprimir la resistencia; como Comandos Jungla se conocen allá, como «beltzak» o GAR, acá. Aplicación de legislaciones antiterroristas redactadas ad hoc; con tufo pinochetista allá y franquista acá. Utilización abusiva de la prisión preventiva denunciada reiteradamente por organismos de derechos humanos. Ensañamiento con las abogadas que defiende a los militantes encarcelados. Deslegitimación de la resistencia popular recurriendo a organizaciones pretendidamente pacifistas. Mesas de diálogo en las que el Estado, como condición previa, rechaza el derecho de autodeterminación que reclaman sus interlocutores.

La realidad confirma que ninguna de estas medidas ha resuelto el problema sustancial. Una situación –siempre crispada– que se agudiza con frecuencia dando lugar a nuevas crisis. Los Estados chileno y español seguirán recurriendo a malabarismos para liquidar el conflicto eludiendo la causa que lo genera. La soberbia capitalista haría bien en escuchar al Parlamento de las Autoridades Ancestrales Mapuches; sabiduría avalada por siglos de experiencia: «El Estado chileno, para proteger a grandes empresas trasnacionales nos provoca, discrimina y falta al respeto como nación mapuche. Si quiere la paz, que nos devuelva nuestro territorio».