Esta ley, denominada de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas por Actos de Motivación Política provocados por Grupos de Extrema Derecha o Funcionarios Públicos, pretendía corregir la exclusión injusta y perjudicial para la imagen emblemática de todas las víctimas de Ley Foral 9/2010 de 28 de abril, llamada de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo y que deniega el reconocimiento de víctima a quienes no son víctimas de ETA.

En Navarra, con la Ley Foral de 2010 y ahora con el recurso interpuesto por el Gobierno de Rajoy a la Ley Foral de 2015 está denegado el reconocimiento de víctimas a Gladys del Estal, Germán Rodríguez, Mikel Arregi, Mikel Zabalza, Angel Berrueta, Etxeberria y tantos más. Esta denegación no solo es injusta con esas propias víctimas, sino que degrada la imagen emblemática que debe otorgarse a la figura de todas las víctimas. La utilización partidista de unas víctimas, igual que se hizo en el franquismo con los caídos, prostituye la aportación de libertad, igualdad y paz que la imagen y la memoria de las víctimas aportan al futuro en la medida en que la sociedad fundamente su propia igualdad y libertad en el reconocimiento del dolor y de la dignidad de propios y de adversarios. La aportación a la pacificación futura de víctimas como Tomas Caballero, José Javier Múgica o Francisco Casanova solo se torna emblemática cuando abarca a toda la sociedad en común, y para ello tiene que estar en unión con el reconocimiento de todas las víctimas de cualquier violencia.

Así, por ejemplo, la actuación excluyente de la exposición de las víctimas de la Policía Nacional en la Ciudadela con el vergonzoso protagonismo del ministro Fernández no solo fue una actuación contra la convivencia y la paz, sino que traspasó la línea del ridículo. Las víctimas allí homenajeadas se convirtieron en «caídos» de una facción frente a otra con el ridículo de tener como mentores a personajes tragicómicos como la Alba y el Fernández.

Ciertamente el Gobierno de Rajoy ha batido todos los récords habidos y por haber, recurriendo a «su» Tribunal Constitucional nada menos que 17 leyes forales de Navarra, pero este último recurso de inconstitucionalidad tiene una gravedad especial. Es el testamento ideológico de Rajoy y Fernández y compañía. Este recurso sobrepasa los límites democráticos al negar la igualdad a las víctimas, queriéndosela negar a la sociedad.

Este recurso de inconstitucionalidad no es solo un ataque al autogobierno, sino que al querer establecer la pauta de una sociedad con vencedores y vencidos, de víctimas y no víctimas, de caídos y relegados en las cunetas, tiene un componente gravísimo de antidemocracia e inhumanidad. La democracia y la libertad exigen igualdad, y el emblema o la referencia de vencedores y vencidos es lo contrario a la igualdad.

Desde el estricto punto de vista de la técnica jurídica, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto se vale de determinados déficits o carencias técnicas que tiene la Ley Foral recurrida. La Comisión de Reconocimiento y Reparación que se crea en el Art. 3 de dicha ley no tiene la debida incardinación en la estructura administrativa y en su procedimiento. Lo más lógico y defendible habría sido, sin género de dudas, una ley foral que corrigiese el error y la injusticia de la Ley Foral de 2010, tal como se propuso en la Proposición de Ley presentada por NaBai. Desgraciadamente, dicha proposición de ley no solo fue rechazada por los «caidistas» de UPN-PP, sino también por el PSN y quienes no querían autocriticarse por el error cometido en 2010, y ni siquiera contó con el apoyo de Bildu-Nafarroa. Pero obviamente el último recurso de inconstitucionalidad de Rajoy no se justifica ni está motivado por esa lamentable deficiencia, sino que su interpretación es la que dimana con obviedad de hechos como la reciente exposición de la Ciudadela.
 
Los balances de la gestión de Rajoy tienen aspectos enormemente graves, que no han sido debidamente aireados en la última campaña, en la que ni ha ganado ni ha perdido. La impagable deuda pública del Estado se halla en un billón y cien mil millones de euros por encima ya del PIB, se ha vaciado la hucha de la Seguridad Social y acabarán siendo los tribunales quienes digan si Rajoy está o no está pringado en el lodazal de Bárcenas y compañía. No ha bajado el paro, las condiciones laborales han empeorado, la negociación laboral se ha degradado y de sus sistemáticos ataques al autogobierno y a los derechos históricos (que siempre vienen del centralismo), ¿qué decir a los navarristas, que paradójicamente le apoyan? El colofón más grave del balance de Rajoy es, sin embargo, que no ha contribuido para nada a la paz, incluso que la ha dificultado y que se ha aprovechado políticamente de la violencia según las pautas de Mayor Oreja. El símbolo de ese colofón es el último recurso de inconstitucionalidad. ¿Será su último despropósito?