La descomposición del Estado de la modernidad ha tocado techo sin necesidad de mayores y complejas consideraciones teóricas o políticas. Se cae a trozos. El juez señor Llarena es el nuevo Maquiavelo que, en este caso, ha conseguido regresar el Estado basado en la separación de poderes a un horizonte enredadamente principesco. Para ello le ha bastado al señor Llarena con aplicar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y realizar una única intervención parlamentaria realizada, además, sin pasar el filtro de las elecciones. El citado artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice a la letra: «Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes (los afectados son los señores Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez, Raül Romeva y Oriol Junqueras) el procesado que estuviese ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».

Recordemos que el tribunal alemán que rechazó la extradición a España del señor Puigdemont por el delito de rebelión fundamentó su decisión liberadora en que las actuaciones de los independentistas catalanes «no alcanzaron la magnitud de la violencia necesaria» para acceder a la petición judicial española. Por su parte, la profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, Argelia Queralt, hace públicas sus dudas de que los seis diputados sean culpables de un delito de rebelión, y advierte que sin estar condenados se les lesiona en su derecho fundamental de participación política. Más aún: el señor Lluís Mestres, miembro de la Asociación Atenas, subraya que el juez ha aplicado el artículo 384 bis de la citada Ley de Enjuiciamiento Criminal de forma muy arbitraria. «Ni se trata de terroristas, ni pertenecientes a banda armada ni de rebeldes porque están en prisión y localizados. El auto se ha saltado olímpicamente el artículo».

Y ahora vayamos a lo que califico de intervención parlamentaria, sin ser diputado del Parlament, del juez Llarena, que va de disparate en disparate, perdida ya, creo, su carta de navegar en el tribunal en que actúa. ¿Puede el magistrado «sugerir» al Parlament que sustituya provisionalmente a los diputados que están en la cárcel para evitar generosamente que los partidos de la mayoría pierdan precisamente esa mayoría? Es decir, el juez Llarena no solo estima que los encarcelados son terroristas y pertenecientes a banda armada, despreciando lo que significa el terrorismo en sus sucesivas interpretaciones históricas, sino que, además, aporta un «argumento» para sustituir el proceso de representación parlamentaria por una simple voluntad personal, lo que apunta a un nuevo ejercicio de la tiranía? ¿En qué queda, pues, lo que entendemos ahora por soberanía de ese Parlament? Como dice el anuncio de unos populares pañales para niños: «¡Ni gota, ni gota!». La situación es delirante. Y este delirio afecta decisivamente al gobierno del Estado español, en este caso dirigido, desde su pretencioso poder autónomo, por el ministro de Asuntos Exteriores, señor Borrell, que ha decido dar a su tarjeta de presentación un valor de tarjeta de crédito. El señor Borrell ha ordenado a la embajadora española en Bruselas que reclame al gobierno belga la «inmunidad» para el señor Llarena, ahora enfrentado a una querella por mala praxis judicial presentada por los diputados catalanes privados de su condición de tales. Debe tenerse en cuenta, además, que la posibilidad de sustitución temporal no existe en el ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución.

A mí lo que más preocupa como ciudadano es este desbarajuste jurisdiccional en que mete la mano el ministro Borrell, que margina incluso a la ministra de Justicia. ¿Quién dirige verdaderamente el Gobierno en Madrid? El señor Sánchez ha desaparecido de la escena como hacía el señor Rajoy y se ha desatado la guerra de guerrillas, tan propia de España en todas las épocas. Va a resultar que la Corona tenga un privado, como ocurría en las monarquías anteriores, ya sea la de los Habsburgos o de los Borbones, porque la sangre real española se extinguió tras la desaparición de los reyes católicos.

Decía un significado periodista español, catalán por más señas, que entre los «mitos» más significativos del independentismo que estaban disolviéndose figuraba el mito resumido en esa frase que afirma que «estamos haciendo República». Dejo aparte que ese periodista confunde mito con falsedad, lo que evidentemente descalifica su notoriedad cultural, para dedicar unas líneas a trazar el perfil de esos catalanes en busca de sangre nueva más alta para reforzar el nivel de su estirpe. Esos catalanes que buscan históricamente un orillo de españolidad siempre han sido, o al menos en muchos casos, admiradores de la aristocracia madrileña, que ha de revestirles con el brillo de la Corona, muy superior al relieve que les da ser comerciantes al por mayor. Una república catalana les parece un camino hacia la nada. Insisto en todo esto para que la ansiada república de Catalunya no llegue con el gusano dentro. Catalunya y Euskadi, con una parte notable de la inteligencia gallega, siempre han sido la bandera que necesita el Estado madrileño para superar sus rastrojos tras acabar con los brillantes ilustrados que tejían esforzadamente, en un silencio heroico, la ilustración de su patria. Quizá todo esto que digo «ut supra» tenga su verificación en aquella frase con que respondió un campesino de Girona a la pregunta que le formulaba mi inolvidable Josep Pla: «¿Qué le parece a usted que Franco haya hecho conde al doctor Arruga?», inquirió Pla. El campesino ancló el azadón, rebañó el sudor de la frente y solo dijo: «Ya ve usted, señor Pla…Tan buen hombre que parecía…».

Cuando venga la república que, pese a todo, están haciendo, los catalanes habrán de vigilar con mucha atención a estas familias que ponen dos velas diferentes en el altar de sus ruegos secretos. Familias poderosas por su dedicación al trabajo, por su visión de los mercados, por la calidad de sus productos, por su protección a las artes… Nada de esto niego, pero familias que tienen dos almas, una de ellas enamorada del paseo de los reyes que conduce al Palacio de Oriente. Dicen que bailando Alfonso XIII en los salones de la Generalitat con una bella dama de grandes y ricos textiles fue advertido por su ministro de jornada que repartiese un poco más sus danzas con las restantes aspirantes a los brazos del monarca. «Tenga Su Majestad en cuenta que está señora pertenece a una gran familia separatista». El rey miró a su ministro, se atusó el bigote y con aire de duda respondió a quien le había hecho la discreta advertencia: «Pues, mira; bailando no se le nota nada».

Eso es lo que me preocupa: que no se les nota, pero se arriman.