Hace unos días escuché las declaraciones del señor Luis Arguello, portavoz de la Conferencia Episcopal, sobre la pederastia en la Iglesia católica española y, la verdad, me quedé sin respiración. ¡No me lo podía creer! Decía que «habiendo casos en las federaciones deportivas, ¿se ha pedido una investigación general al COE o a la FIFA? Entonces, ¿por qué se pide en la Iglesia?». Hablaba además de la pederastia en la Iglesia como de «pequeños casos», tan solo unos 1.000 denunciados, lo que, decía, no es para tanto. Si en el momento de oírle me pinchan, no sangro. Según su criterio, la Conferencia Episcopal, como tal, no tiene que hacer nada, aunque lo hayan pedido ya seis obispos. Únicamente, si alguna víctima denuncia, «acoger su situación, pero nada de investigaciones de carácter sociológico o estadístico».

¡Qué diferencia con la Iglesia francesa! Ellos han investigado y han reconocido al menos 33.000 casos de pederastia. Pero han hecho algo más que descubrir la verdad: han pedido perdón y van a intentar reparar en parte el daño, mediante las indemnizaciones correspondientes. Incluso vendiendo patrimonio y consiguiendo créditos.

Se entiende perfectamente porque aquí se actúa de otra manera. Si en un Estado laico como el francés, sin 40 años de dictadura apoyada y sostenida por la eterna complicidad de la Iglesia católica, se han producido 33.000 víctimas, ¿qué cifra calculamos en el Estado español que sí ha sufrido esa dictadora y cuya complicidad con la Iglesia está todavía más vigente que nunca? ¿Hasta qué cifra podrían alcanzar las víctimas? ¿Qué tendría que vender y que créditos solicitar la Iglesia española para indemnizar a tanta víctima? Es normal que estén preocupados.

En el Estado español padecemos un estado confesional, por mucho que se pretenda laico. El vergonzoso y humillante Concordato sigue vigente. Seguimos pagando, entre toda la ciudadanía, a los miembros de sólo una Iglesia, la católica. Seguimos pagando profesorado de religión católica. Seguimos pagando a colegios confesionales, católicos, aunque discriminen por sexo, y aunque no admitan alumnado de familias sin recursos y/o migrantes. La lista de católicos agraviados contra la igualdad y contra la justicia es demasiado larga.

Cuarenta años de dictadura criminal, bajo palio, dieron para mucho. Y después, con el todo atado y bien atado, llegamos hasta hoy, cuando no se quiere ni buscar la verdad, ni pedir perdón, ni dar la reparación que les corresponde a las víctimas. Y a mí, lo que me aterra, es que esa dictadura y sus consecuencias nos hayan quitado la capacidad de reaccionar, de revelarnos y de reclamar justicia. La Iglesia católica continúa siendo una defensora del «todo atado y bien atado», ligada a los retrógrados poderes fácticos y cómplice de un capitalismo salvaje que saquea sociedades y territorios, que origina cada vez más capas de población desprotegida, en exclusión y sin derechos.

Por todo lo anterior, no nos puede extrañar que las pocas victimas que han denunciado los abusos eclesiales lo hayan hecho después de muchos años de haber sufrido la agresión. ¿Qué calvario interior han tenido que sufrir antes de dar ese paso? Y, sin embargo, los autores de estos abusos han estado en todo momento protegidos, apoyados y justificados por sus superiores, quienes, incluso, han llegado a afirmar que los verdaderos culpables eran los menores agredidos y violados.

Los agresores probados, ¿por qué no han hablado, ni hablan? ¿Creen que hicieron el bien o que, aunque pecaron, mediante confesión queda todo borrado y la víctima resarcida? Quienes les encubrieron, y quienes continúan encubriendo a los pederastas, ¿cómo concilian tanta cobardía con el evangelio en el que dicen creer?

Si la Conferencia Episcopal española sigue ocultando la verdad, sin duda, la historia le juzgará. Pero la sociedad no puede esperar a que lo haga la historia: necesitamos una rebelión ciudadana contra la pederastia. La Iglesia española tiene la obligación de hacer su propia catarsis, sacando a la luz todos los casos, todos los culpables y todos los encubridores.

No basta, señor Arguello, con que cada víctima denuncie cuando pueda: los victimarios están entre ustedes, y los que les protegen también. Desinfectar la Iglesia católica y erradicar esta epidemia les corresponde a ustedes, a toda la Conferencia Episcopal. Quizás una posible medida profiláctica sería erradicar el celibato y permitir que, tanto hombres como mujeres, puedan acceder a la condición de curas, obispos/as o papas.

Aun no siendo creyente, intuyo que, si Jesús volviera hoy a vivir entre nosotras, estaría, sin duda, al lado de las víctimas de pederastia y expulsaría de cualquier lugar a los pederastas y a quienes les encubren. La Conferencia Episcopal está a tiempo de confesar sus delitos, mucho más graves que los de una federación deportiva... porque los obispos juegan en otra Liga y cobran demasiado dinero público. ¿Cómo pueden decir que quieren salvar almas si abusan de menores indefensos? Cuando Jesús decía «dejad que los niños se acerquen a mí», lo decía por su inocencia, pero no para corromperlos y pervertirlos, como han hecho tanto cura o fraile pervertido, para su satisfacción carnal.

¡Es la hora de la verdad, de la justicia y de la reparación! Cuanto más tarde la Conferencia Episcopal en encarar esta epidemia más sufrimiento estará provocando y menos creíbles son todos sus sermones.