El pasado 9 de diciembre, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de trabajo, acompañada de la directora general de la Inspección de Trabajo y el director del INSST, anunciaban un Plan de choque contra los accidentes mortales en el trabajo, con el lema: "Arriesgar tu vida no es una opción", haciendo alusión al marco estratégico de salud y seguridad, recién aprobado por la Comisión Europea. En dicha comparecencia, además de expresar un enorme reduccionismo, al limitar las muertes a los siniestros traumáticos, parece culpar a los trabajadores por arriesgar su vida ante unos riesgos evitables, olvidando que es el empresario, el responsable de la organización de trabajo y la adopción de medidas preventivas para proteger la salud de las personas empleadas.

Visión que contradice la estrategia de la UE y ayuda a invisibilizar la prevención de las enfermedades laborales. Las cuales, además de causar muchas más muertes que los accidentes de trabajo, generan enorme sufrimiento, pérdidas de horas de trabajo y costes sociales, derivados del incumplimiento empresarial de la necesaria prevención de los riesgos higiénicos (incluidas las sustancias cancerígenas), los riesgos ergonómicos y psicosociales, falta de información del riesgo o la precaria acción preventiva de las empresas, favorecido por el escaso control de la Inspección de Trabajo. La precaria gestión de los riesgos laborales, obliga a innumerables personas a optar, entre jugarse la vida ante unos riesgos evitables y él empresario no valora o la pobreza, derivada del desempleo y ausencia de prestaciones que le garanticen una vida digna.

Comparto la necesidad de un Plan de choque que investigue las causas, requiera responsabilidades por los accidentes de trabajo graves o mortales, aun no siendo la principal causa de muerte laboral. Los siniestros son expresión de la precariedad y ausencia de medidas de prevención real en los puestos de trabajo. Dichos planes de choque pierden credibilidad, sin destinar mayores recursos al control y aplicación de sanciones contundentes a los infractores de la legislación preventiva. Es decir, medidas que posibiliten la compresión que las medidas de prevención son rentables para todos.

Además, el Plan de choque es reduccionista, olvida aspectos claves recogidos en la estrategia europea y que requieren un profundo cambio de actitud o visión preventiva de Instituciones, gobiernos, empresas y el conjunto de la sociedad en relación a los riesgos y daños derivados del trabajo:

Las directrices de la Unión Europea para la salud y seguridad laboral, señalan el cáncer de origen laboral, como el principal riesgo y causa del 52% de las muertes de origen laboral. Anteriormente, la estrategia 2014/2020, recogía datos escandalosos, que el Ministerio, Gobiernos autonómicos y empresas pretenden ignorar: Anualmente se producen 159.500 muertes por enfermedad relacionada con el trabajo en la UE de los 27, figurando él cáncer como principal causa y 95.500 muertes anuales, de ellas 88.000 por inhalar amianto. Además, señala que las muertes asociadas a las sustancias químicas, suponen la mitad de los fallecimientos relacionados con él trabajo. Personalmente, comparto la opinión de la Comisión Europea en la materia, cuando señala la gravedad del problema representado por las enfermedades profesionales, como él cáncer, las causadas por el amianto u otros cancerígenos, las enfermedades del pulmón, la piel, asma y enfermedades crónicas, que requieren una atención específica y continuada. Comparto igualmente, cuando señala: «No se pueden ignorar, los riesgos específicos que sufren las trabajadoras en trabajos mayoritariamente feminizados, como determinados tipos de cáncer o lesiones musculoesqueléticas». No es habitual que las mujeres sufran accidentes mortales en el trabajo, pero no por ello, pueden invisibilizarse sus riesgos laborales, diferentes patologías y el sufrimiento que generan, mucho menos, ocultar el origen de las enfermedades laborales, como comunes.

Insisto el marco estratégico de la UE, señala al cáncer como principal causa de muerte derivada de la exposición a sustancias cancerígenas, un 24% de las muertes por enfermedad cardiovascular de las que existe escaso conocimiento; Un 2% a causa de las lesiones; Un 22% por otras causas. En el Reino de España, es alto el número de trabajadores y trabajadoras expuestos a sustancias cancerígenas o peligrosas, no estamos inmunizados a sus riesgos, a pesar de que las Mutuas patronales y otras Instituciones traten de ocultar el origen de las enfermedades, es fácil culpabilizar a los hábitos de vida o consumo de los enfermos.

El CEPROSS registro del ministerio, cifra durante los once primeros meses del 2021, 18.633 enfermedades profesionales, más de la mitad figuran sin causar baja, 9.061 corresponden a mujeres. Recoge 49 canceres (44 hombres y cinco mujeres), es decir, no representan ni él 5% de las registradas en otros países europeos; 644 enfermedades respiratorias (de ellas 45 mujeres); 255 hipoacusias o sorderas causadas por el ruido. Aunque la gran mayoría de las enfermedades registradas son osteoarticulares o provocadas por movimientos repetitivos, posturas forzadas y vibraciones. Cifras que expresan el subregistro y ocultación de las enfermedades laborales y del cáncer en particular. Realidad, que no parece preocupar al gobierno, pese a favorecer el olvido de la prevención de sus riesgos y el traslado de sus costes sanitarios a la sanidad pública, en beneficio de las Mutuas patronales.

No puedo terminar este artículo, sin denunciar la congelación por el Gobierno, desde hace 9 años, del Baremo de indemnizaciones por lesiones, mutilaciones o deformidades de carácter definitivo y no invalidantes. No puede ignorarse, que aun sin ser noticia, se producen innumerables accidentes con baja o sin baja. Cuyas lesiones, aun sin incapacitar de forma permanente a la persona lesionada, generan múltiples dolorosas secuelas y pérdidas de salud e integridad física. Me refiero a las cicatrices, amputaciones, rigideces y limitación de movilidad de los miembros, hipoacusias o perdidas auditivas, de visión…etc. Lesiones, qué aun sin generar prestaciones para Incapacidad Permanente, les corresponde una justa indemnización a las personas lesionadas, aunque mayoritariamente las Mutuas patronales, ningunean el pago, en ausencia de una presión sindical.

La indemnización de dichas secuelas, están baremadas en la Orden ESS/66/2013, cuantificando igual que en la Carnicería, el valor o precio de los diferentes miembros o partes de la carne trabajadora. No me extraña, qué a ciertos ejecutivos, parezcan ridículas las indemnizaciones recogidas en dicha Orden y para colmo, congeladas: Qué tras la pérdida del dedo meñique, según sea el derecho o izquierdo, te indemnicen con 1.810 o 1.710 euros; 540 a 2.130 por cicatrices y las perturbaciones que genera, 3.580 por una hipoacusia bilateral severa; Por deformidades en el rostro o en la cabeza que determinan una alteración importante de su aspecto 1.280 a 2.560 euros, por la pérdida anatómica o funcional de un testículo 2.840 euros, por dos 6.380 euros. La lista es larga. Que el mismo Gobierno de la que Yolanda Diaz es vicepresidenta, actualice anualmente el baremo de indemnizaciones por secuelas de accidentes de tráfico, mientras mantiene nueve años congelado el Baremo por secuelas laborales, es una burla inadmisible a las víctimas laborales, mostrando nula empatía con las víctimas derivadas de los incumplimientos empresariales de la normativa preventiva.

Anunciar planes de choque contra la sangría de muertes laborales resulta positivo, pero puede ser frustrante si no se movilizan recursos para el control de las condiciones de trabajo y sanciones contundentes contra los infractores, solo así las empresas y el conjunto de la sociedad, interiorizara que la prevención es rentable para todos. Pero no puede realizarse a costa de olvidar la justa indemnización de los daños causados por los trabajos inseguros. Las directrices marcadas por la estrategia europea en relación a la prevención de las enfermedades laborales, deben convertirse en oportunidad, para retomar la lucha por la salud laboral en la acción cotidiana y objetivo central de la lucha sindical.