La cantada ofensiva para intentar cerrar a Arnaldo Otegi el camino a Lehendakaritza empieza de la manera más sonrojante posible. Resulta evidente que el PP, asolado por los escándalos de corrupción y de capa caída electoral y organizativamente –tanto en la CAV como en Nafarroa–, no lo tiene fácil para encontrar portavoces revestidos de autoridad moral que lideren esta campaña. Pero puestos a escoger, nadie resulta ahora más inoportuno que Alfonso Alonso y Javier Maroto, condenados por el Tribunal de Cuentas por el daño causado a las arcas públicas de Gasteiz, la ciudad que gobernaron, en el caso de los locales de San Antonio. En términos políticos y no jurídicos, ese clamoroso regalo a un promotor privado (por el que deberán pagar casi 400.000 euros) sí resulta motivo de peso para ser inhabilitados por los votantes.

No menos sonrojante es comprobar que los encargados de anunciar las impugnaciones de PP y Ciudadanos a Otegi sean dos de sus rivales en los comicios: Alfonso Alonso, ya autoproclamado, y Nicolás de Miguel, que será oficializado seguramente como aspirante a lehendakari en las primarias. A cualquier observador imparcial esta reivindicación de la autoría de la impugnación le suena, además de a trampa, a miedo a competir libremente con un rival político capaz de dejar pequeño el Velódromo de Anoeta.

El fondo es lo que importa en este caso, pero las formas siempre resultan reveladoras, y queda claro que el intento de atropellar a Otegi y a las bases de EH Bildu que le han elegido de forma abrumadora arranca sin vergüenza alguna. Tampoco deberían tenerla quienes consideren que libertad de elección, tantos años socavada en este país por atentados o ilegalizaciones, es un bien absolutamente básico que debe ser defendido con contundencia. La demanda de Covite ha tenido el efecto inmediato de situar a PP, C’s y UPyD en la primera línea de ataque a la democracia. Y ello hace más clamorosos los silencios o los mensajes tibios del resto de formaciones.