Hoy se cumple un año desde el nefasto suceso de Altsasu. Una trifulca en un bar a altas horas de la madrugada entre dos guardias civiles y unos jóvenes desencadenó una espiral de injusticia y venganza ejemplarizante. No ocurrió nada muy diferente que en los otros 9.571 casos que son tipificados como «atentado a la autoridad» y que tuvieron lugar ese mismo año en el Estado español, según datos del Ministerio de Interior. En ellos fueron detenidas 8.364 personas, la gran mayoría en bares y de noche. Los partes incluyen traumatismos, lesiones y bajas laborales. La diferencia es que este sucedió en Altsasu, Euskal Herria, y fue calificado como «terrorismo».

Un año después, tres jóvenes siguen en prisión, alejados a 500 kilómetros de sus casas, y ocho en total están pendientes de un juicio en el que la petición fiscal asciende a 375 años de cárcel, una media de casi 47 años. ¿Cómo es posible que las penas sean más duras que para delitos con consecuencias infinitamente más graves, desde violaciones hasta muertes? La juez Carmen Lamela se basó en una reforma destinada «a combatir el yihadismo». No hacen falta armas ni organización, ni nada que no sea un juicio sobre la motivación de los encausados para calificarlo como «terrorismo». De terror, sí.

El escándalo es tal que el pueblo de Altsasu, las instituciones vascas, la sociedad civil y el mundo de la cultura se han volcado con la familias de estos jóvenes en su lucha ejemplar por la justicia y la proporcionalidad.

El mismo aparato represivo contra Catalunya

La instructora del juicio contra los jóvenes de Altsasu es la misma que mañana tomará declaración a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de ANC y Òmnium Cultural, respectivamente. Comparecerán en la Audiencia Nacional junto al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a la intendente Teresa Laplana. Declaran por un informe especial, realizado por la Guardia Civil y que la juez Lamela asume, en el que se recogen supuestas agresiones a guardias civiles que estarían instigadas por los líderes de la sociedad civil y permitidas por los Mossos durante las concentraciones contra la operación policial del 20 de setiembre.

La Audiencia Nacional se asemeja más que nunca al Tribunal de Orden Público. Como los Tribunales Centrales de lo Penal que sirvieron de puente entre el uno y la otra, ahora Madrid va a juzgar los delitos de sedición y rebelión. En un tribunal excepcional y metropolitano que criminaliza la disidencia política y establece un sesgo étnico. Que los constitucionalistas no citen la Ley de Bonn, que la inspiración de este andamiaje represivo no es el «Rule of Law», sino el régimen franquista.

Merece un punto aparte el salvajismo y la gallardía que la Guardia Civil muestra en las calles de Euskal Herria y Catalunya y el victimismo que luce en estos informes. A diferencia del responsable de los Mossos, aún no ha sido llamado a declarar ninguno de los policías que el pasado 1 de octubre, bajo el mando del coronel Diego Pérez de los Cobos –guardia civil juzgado y absuelto años atrás por torturar a Kepa Urra–, golpearon bestialmente a civiles desarmados que solo querían votar. La proporcionalidad siempre es relativa, como las leyes españolas, que se aplican dependiendo de a quién.

Hay que recordar que este Estado y esos tribunales son los mismos que exoneraron a los GAL de «terrorismo» y que liberaron uno a uno a los pocos condenados. En el caso de los cargos del PSOE a las horas de haber sido encarcelados, indultados por Aznar. Los jóvenes de Altsasu ya han estado más en la cárcel sin ser juzgados que la mayoría de los condenados por la guerra sucia, que entre otros actos ordenaron y ejecutaron la muerte de 27 ciudadanos vascos. El Estado español no tiene más épica que la de los fascistas que han salido a las calles estos días. Porque más allá de discursos de salón, cuanto ha tenido que elegir entre el honor y la impunidad siempre ha elegido la segunda. Por eso no entiende la dignidad del pueblo catalán estos días, o que sus dirigentes asuman ir a la cárcel por sus ideas políticas.

Solo por miedo o por ventajismo se puede ayudar a sostener este régimen. Porque esto no va de este Gobierno, sino del régimen de 1978. Incluso más allá de la independencia de Catalunya, frente a la deriva autoritaria del Estado español, frente a la Historia negra de España recreándose a sí misma, no hay margen para la cobardía civil y política en todo aquel catalán, vasco o español que se considere demócrata, justo y decente.