El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia por la que la Audiencia Nacional condenó a Beatriz Etxebarria e Iñigo Zapirain a 15 años de prisión. Quienes les juzgaron no investigaron las denuncias de torturas que realizaron tras ser detenidos e incomunicados en el año 2011. Con ello, el TS asume la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó al Estado español por este caso. En total son ya ocho las condenas en su contra.

El testimonio de torturas de Etxebarria es particularmente aterrador. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura le dio total credibilidad tras su visita al Estado español dos meses después de los hechos. Entonces recogió otros nueve casos claros. El estudio sobre la tortura en Euskal Herria, encargado por el Gobierno de Lakua y cuya elaboración dirige el forense Paco Etxeberria, recogerá todos ellos. Este censo de más de 4.000 personas torturadas, la consistencia de los casos estudiados en base al Protocolo de Estambul o las sentencias del Tribunal de Estrasburgo reflejan que la tortura ha sido una cruda realidad. La impunidad de la que ha gozado muestra que la constante ha sido la de mirar hacia otro lado y maniobrar para restarle credibilidad. En el caso de los tribunales esa responsabilidad es doble, por posibilitarla y por blanquearla.

Se trata de la primera vez que el alto tribunal anula una condena como consecuencia de otra sentencia por torturas. Asume así un principio legal básico: los malos tratos inhabilitan cualquier declaración y toda sentencia que se base en ellos. Vistas las dimensiones de la tortura en Euskal Herria, ¿cuántas personas han sido condenadas basándose en su autoinculpación? No solo no se ha condenado a los torturadores, sino que se ha utilizado para castigar doblemente a los torturados. Desmontar las estructuras que durante todo este tiempo han permitido ocultar la tortura, que la han legitimado, es un paso necesario para hacer efectivas la verdad, la justicia y la reparación.