Arnaldo Otegi ha identificado una extraña pauta en el PSOE. Es experto en cavar un foso, llenarlo de fango, meterse dentro y luego quejarse amargamente de su situación. Esta semana lo ha vuelto a hacer, en esta ocasión a cuenta del diálogo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los representantes catalanes.

Tras amagar con abrir una especie de diálogo formal que apenas disimulaba el objetivo básico de aprobar los presupuestos como fuera, y tras una polémica sobre la figura del «relator» que la derecha española utilizó para elevar el debate a categoría de traición y convocar la manifestación de hoy, el Ejecutivo español anunció que «el diálogo ha encallado» antes de comenzar.

Sánchez cedía así al secuestro virtual del tridente reaccionario, PP-Ciudadanos-Vox, que vio en este renuncio una muestra de debilidad y mantiene su agenda protogolpista. La derecha española siempre ha sido insaciable y el PSOE lo debería saber para estas alturas.

En el fondo, el diálogo anunciado por Moncloa era poco más que una operación de relaciones públicas de manual. Para ser tan central dentro de su política, el balance de estas operaciones de imagen es bien pobre.

Otro ejemplo de esta estrategia es la campaña impulsada en torno a España Global, destinada a recomponer en la esfera internacional el nulo prestigio de esa marca a consecuencia de la represión contra Catalunya.

Lo cierto es que esa marca nunca ha tenido tal prestigio. Esto es causa de complejo permanente para amplias capas de la sociedad española y de su clase dirigente. De eso se alimenta en cierta medida el agravio que han activado entre la población los partidos reaccionarios. En ese relato victimista la culpa es de los «extranjeros», lo mismo da que sean periodistas británicos que migrantes magrebíes. También tienen la culpa los que no quieren ser españoles. Es que no entienden, no saben, lo fantástico que es ser español. ¡Ingratos!

Eso mismo exime de responsabilidad a los partidos políticos que han promovido un sistema corrupto, un desolador paisaje socioeconómico, una falta total de cultura democrática. El problema son los otros, y los van a convencer con una campaña que cante las virtudes de España al mundo. ¿Qué podría fallar?

Un juicio político ajeno al estado de derecho

A partir del martes que viene, juzgarán en Madrid a los líderes políticos catalanes por haber puesto urnas para que su ciudadanía pudiese expresarse democráticamente. Les acusan de una violencia que todo el mundo sabe que no existió y los pueden condenar a 25 años de cárcel. Por el contrario, las televisiones de todo el globo emitieron a los policías españoles masacrando a la población civil el día del referéndum. En las jornadas del proceso esas imágenes volverán a sus pantallas.

Los representantes políticos catalanes respondían además a un mandato que había salido de las urnas. Es responsabilidad del Estado dar cauce a esa demanda, pero el Estado español nunca quiso dialogar ni negociar. Ni entonces ni ahora. Busca una rendición, la capitulación individual y colectiva de un proyecto político que es democrático y pacífico. No hay derecho a eso.

No existe campaña de relaciones públicas que pueda darle la vuelta a esta desfachatez autoritaria. Es un juicio político que atenta contra las bases del estado de derecho. La estrategia del Gobierno del PSOE es suicida porque las voces que intentarán justificar este despropósito son suyas, y tan solo lograrán hacerle el caldo de cultivo a quienes hoy se manifestarán en Madrid. El marco que se impondrá será el del autoritarismo, con el racismo, el machismo y la violencia como banderas.

La estabilidad va a caducar antes o después

España es antidemocrática por partida doble, porque no acepta las mayorías de las sociedades vasca y catalana, por un lado, y porque no respeta a las minorías del Estado español, por otro. Ha convertido el no dialogar y el no respetar en parte esencial de su concepción nacional.

La comunidad internacional le ha permitido quebrar las normas democráticas en aras a la estabilidad. Es un error. Sin ir más lejos, la polémica sobre el «relator» es falaz, pero indica la determinación de dinamitar toda opción de una resolución de los conflictos en base a los protocolos internacionales. En este sentido, haber dejado que el Gobierno del PP se negara a un proceso de resolución en el caso vasco les pesará a futuro. Y el PSOE no debería ayudar a cavar esa zanja una vez más.