El Tribunal Supremo español ha rechazado revisar la condena de 17 años impuesta a Xabier Atristain, desafiando abiertamente una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este tribunal dio la razón al exprisionero vasco en un fallo –que ya es firme– en el que se establece que la indefensión jurídica que produce la incomunicación anula todos los elementos supuestamente probatorios que se hayan podido obtener durante ese periodo, esto es, las autoinculpaciones y las inculpaciones forzadas. Una sentencia que abre la posibilidad de revisar un buen número condenas de presas y presos vascos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo español ha tomado otro camino y ha optado por el desafío. No es la primera vez que desdeña una resolución europea favorable a ciudadanos vascos; ya ocurrió con la anulación de la sentencia del caso Bateragune. Da la impresión de que el alto tribunal español, en vez de impartir justicia, ha decidido erigirse en el último parapeto de la legislación de excepción que, con la excusa de la lucha contra la disidencia, amparó una conculcación masiva de derechos humanos en Euskal Herria. Una decisión carente de sentido toda vez que el contexto político ha cambiado radicalmente tras el fin de ETA y los pasos que la sociedad vasca está dando para superar las consecuencias del conflicto. La única explicación que tiene semejante actitud es, por un lado, obstaculizar esos esfuerzos, y por otro, evitar que el fallo europeo se convierta en doctrina que obligue a tomarla en consideración, como ya ha hecho recientemente en dos sentencias la Audiencia Nacional.

Sobran todas estas actitudes ventajistas de los tribunales españoles que pretenden perpetuar el conflicto y extender la venganza. Es tiempo de aplicar las sentencias europeas y revisar las condenas de los presos vascos. La sociedad vasca exige soluciones y entre ellas la libertad de los injustamente encarcelados.