Si se estudian los casos en los que se ha detectado espionaje a través de la aplicación Pegasus, podríamos distinguir tres grandes tipologías o grupos. Luego estaría el caso de Emiratos Árabes Unidos, seguido de México, donde la utilización del software de espionaje ha sido tan extensiva que seguramente caigan en las tres categorías.

Por un lado, están los estados que espían a otros estados con los que tienen alguna relación o disputa. En este grupo destacaría el caso de Marruecos y Emmanuel Macron. Según publicó el diario “Le Monde”, el régimen alauí intentó pinchar un teléfono del hoy candidato a la reelección. Se trata de un régimen autoritario buscando información –y seguramente influencia– en su antigua metrópoli. EAU también quiso llegar hasta el primer ministro británico, Boris Johnson. Por lo tanto, son casos paradigmáticos de espionaje. Es, por así decirlo, para lo que los estados dicen que compran estos sistemas, aunque adornado de «antiterrorismo», cómo no. En este grupo están países que, por una u otra razón, son geopolíticamente relevantes.

El segundo grupo serían los casos de vigilancia entre élites o dentro de un mismo régimen. En la parte más «doméstica» y patriarcal, tal y como sentenció el Alto Tribunal de Londres, el emir de Dubai, Mohammed sin Rashid al Maktum, ordenó el espionaje de su exesposa, la princesa Haya de Jordania, en el periodo en el que estaba en marcha el proceso de divorcio en la capital británica. La princesa Latifa no logró huir de Dubai y fue capturada, según publicaba “The Guardian”, gracias al seguimiento hecho con Pegasus a sus amigas.

En el país de origen del famoso programa, Israel, el medio Calcalist publicó que familiares y personas del círculo cercano Benjamin Netanyahu habían sido espiadas a través de Pegasus en el contexto del juicio contra el ex primer ministro. En México, de la mano de Enrique Peña Nieto, se espió a 15.000 personas, dentro de las que estaban el expresidente Felipe Calderón, pero también su contendiente en las elecciones de 2018, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Si se mira bien, el caso de México y en particular el de AMLO entrarían en el tercer grupo: el del espionaje contra la disidencia política, activistas por los derechos humanos y periodistas. Con Peña Nieto se espió por ejemplo a padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos o a periodistas posteriormente muertos y a sus familiares. De igual modo, se ha demostrado que Arabia Saudí vigiló a través de Pegasus al periodista Jamal Khashoggi, antes de que los servicios secretos de ese país lo mataran en su consulado de Estambul. Pero, claro, México tiene rasgos de un estado fallido y Arabia Saudí es una satrapía.

Estado de Derecho y gobiernos autoritarios

Según han confirmado desde la empresa israelí NSO Group, casi todos los estados europeos tienen su programa. En todos los casos destapados gracias a medios de comunicación y a iniciativas de la sociedad civil, como Citizen Lab, se da la persecución contra la disidencia. En la Unión Europea destacan Hungría y Polonia, dos países en deriva autocrática que tienen en el punto de mira las libertades civiles. El espionaje a independentistas catalanes y a Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu coloca al Estado español en ese club. Bueno, ya estaba.

Precisamente, en 2017, en el contexto del referéndum catalán, un grupo de académicos de renombre se dirigían a Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, mandatarios de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, para indicarles que «en su intento de defender la soberanía e indisolubilidad del Estado, el Gobierno español ha violado los derechos y libertades fundamentales que garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos». Explicaban que no hay que confundir el «Rule of Law» (Estado de Derecho) y «rule-by-law» (Gobierno autoritario), y que «violentar derechos fundamentales para imponer un punto de la Constitución es travestir la justicia».

La Unión Europea lleva demasiado tiempo negando una realidad incómoda: que las estructuras de poder estatales españolas no responden a un Estado de Derecho democrático. Pensar que en manos del PSOE y del PP esas estructuras se van a contener y que el único riesgo es que caigan en manos de Vox es no conocer la historia contemporánea española. Sin ruptura democrática con el franquismo, con guerra sucia y Derecho del Enemigo, con corrupción y chantaje, con el Estado profundo engrasado… el abuso y la violación de derechos fundamentales está garantizada. Eso sí, constitucionalmente.