Ayer se votó el llamado Plan de Convivencia del Gobierno navarro que, aunque menciona a todas las víctimas, no las tiene en cuenta. A las víctimas de la violencia de Estado se les niega tal condición, no merecen ni verdad ni justicia, no se reconocen sus derechos. Se pretende invisibilizar que cientos de navarros fueron brutalmente torturados, que la extrema derecha campó a sus anchas matando impunemente, por ejemplo en Montejurra. Esas no son bases para una convivencia inclusiva, para cerrar y sanar heridas. Es una chapuza, otra más, penosa e hiriente.

No fue la única noticia que nos dejó la jornada de ayer al respecto. PSOE, PP y Vox unieron sus votos en la Junta de Portavoces del Congreso español y rechazaron la solicitud de EH Bildu para crear una comisión de investigación para depurar responsabilidades sobre la masacre del 3 de Marzo de 1976 en Gasteiz. Cinco trabajadores fueron abatidos a tiros por la Policía Armada. Siguen sin conocerse los detalles y cuáles fueron las órdenes de los responsables del operativo policial. El entonces ministro del Interior, Martin Villa, sigue paseándose por El Retiro en Madrid, sabiéndose protegido por un pacto de Estado que selló la impunidad y cerró el paso a cualquier intento de exigir responsabilidades penales. Un pacto de la vergüenza, al que llaman «transición modélica». Se quiso decretar el silencio, imponer un relato único, apostando por el monocultivo de una memoria amputada, que haga invisibles a las víctimas de la violencia de Estado mientras construye discursos maniqueos y mausoleos para otras víctimas.

Esta negativa y lo del Parlamento de Nafarroa son un ejemplo de actuaciones y planes que están fuera de la realidad, de inercias repetitivas y estériles que obvian lo más elemental. A saber, que la verdad y la memoria más potentes son aquellas que una sociedad encuentra y elabora colectivamente, reconociendo e integrando todas sus verdades y memorias, y no las que les son dictadas desde fuera.